Muchos países priorizan sus políticas en educación cuando se proponen fomentar el desarrollo nacional, pero también lo hacen cuando buscan opciones viables para acelerar la salida de situaciones críticas como la que vive Costa Rica actualmente. La educación es tal vez la única variable de las políticas sociales que tiene la virtud de impactar simultáneamente la competitividad económica, la equidad social, la conducta política de la ciudadanía, la productividad y la creatividad de las personas y las empresas, sin importar su tamaño ni su naturaleza.
Las universidades públicas estatales son instituciones complejas, al igual que lo es su relación con el entorno. No sorprende entonces que con frecuencia se viertan opiniones sobre ellas que indican desconocimiento de sus realidades y procesos. Un caso de pertinaz reiteración es cuando se afirma, en contra de toda evidencia empírica, que la mayoría del estudiantado de las universidades públicas costarricenses proviene de hogares económicamente privilegiados. Las personas que sostienen esta falsa idea, reproducida igualmente por algunos medios de comunicación, parecen librar una batalla contra los hechos, como si su aceptación fuese equivalente a dejarse engañar por la realidad.
Muchas veces se recomienda, como si no sucediera, que las universidades vendan servicios a la comunidad. Desde hace décadas, las universidades públicas costarricenses mantienen relaciones remuneradas con el sector privado y el público, organizaciones de la sociedad civil, instancias internacionales y otras instituciones académicas. Esta vinculación se da en forma de investigación y desarrollo (investigación con financiamiento complementario, investigación contratada, producción y venta de bienes de base tecnológica); transferencia de conocimientos (licenciamiento, educación continua y capacitación); servicios científicos y tecnológicos (asesorías y consultorías, servicios de laboratorio y servicios técnicos).
Es conocido que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) recomendó, hace ya más de tres lustros, que los países, como política pública, deberían adoptar medidas para asegurar su capacidad de comprender el desarrollo de nuevas tecnologías y adaptarlas a sus propias necesidades nacionales.
¿Cómo ha avanzado Costa Rica en ese proceso? La respuesta es que lo ha hecho con altibajos, sin una política científico-tecnológica coherente, ni una inversión significativa en investigación científica de parte del Estado, pero con algunos resultados destacables y meritorios. Sobre estos aspectos positivos nos informa el Índice Global de Innovación 2018 (GII, por sus siglas en inglés), el cual vale la pena revisar con el fin de conocer debilidades e identificar oportunidades.
El GII coloca a nuestro país en la posición 54 entre 126 países, arriba de naciones como México, India, Uruguay, Argentina, Brasil y Bosnia Herzegovina, entre otras muchas. Según este índice, el cual es elaborado por la Escuela de Negocios de la Universidad de Cornell, INSEAD (The Business School for The World) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la posición de Costa Rica en este campo se debe a la combinación de un conjunto de indicadores.
El primero de ellos es la inversión en educación, la cual corresponde a la posición 12 en el mundo, así como el apoyo estatal a estudiantes de secundaria (posición 31). Esta referencia hace pensar en el impacto positivo de programas de inclusión educativa como AVANCEMOS. A esta inversión se añaden el uso avanzado de las tecnologías de la información y comunicación (TICs), así como la exportación de servicios basados en ellas (posiciones 42 y 10, respectivamente), y el crecimiento del Producto Interno Bruto por persona contratada como indicador de productividad laboral (posición 2).
Otros indicadores positivos son los señalados frecuentemente en diferentes publicaciones, como la estabilidad política, la sustentabilidad ambiental y la facilidad de obtener créditos.
Es interesante observar que Costa Rica muestra un posicionamiento destacado en el índice global de absorción del conocimiento expresado en dos indicadores: importación de alta tecnología (50) e inversión extranjera directa (27).
La absorción de conocimiento es expresión de la capacidad de comprender, aplicar y adaptar los avances de la ciencia y la tecnología, lo cual es el resultado directo de la inversión en educación en sus diferentes niveles. El buen posicionamiento de Costa Rica en el GII se debe sin duda a que ha logrado poner en marcha un círculo virtuoso, aunque mejorable, entre inversión en educación y productividad.
La capacidad de absorber la ciencia y la tecnología universales, que solo es posible en virtud de altos niveles de formación técnica y profesional, no es sin embargo suficiente y debe ser complementada por el ánimo y la decisión, tanto del sector público como del privado, de apoyarse y tomar ventaja del potencial innovador nacional. En este ámbito, el sector privado parece descansar mucho en la importación de soluciones tecnológicas y no percibir la conveniencia y la eficacia que ofrece el conocimiento local.
Las virtudes señaladas se deben a una inversión educativa que ha creado un considerable potencial humano, y deben ser complementadas con oportunidades funcionales para emprendimientos novedosos, mejoras en infraestructura y fortalecimiento de la capacidad de concertar alianzas nacionales e internacionales para propiciar encadenamientos productivos en campos estratégicos.
¿Cuál ha sido la contribución de la educación superior pública en estos logros? Entre muchas acciones, cuya cantidad es muy grande para poder enumerarlas, las universidades estatales han creado instancias de investigación “mixtas” (universidad/Estado) e impulsado proyectos colaborativos con el sector productivo; han establecido cátedras sobre la relación entre la universidad y la empresa (organizadas por ambas instancias), creado fondos concursables para estimular la vinculación con sectores sociales y empresariales, reconocimientos a la responsabilidad social empresarial e instancias dedicadas a la gestión de la innovación. Si a esto se suman una alta inversión en equipo de laboratorio de punta, la digitalización de la producción académica institucional y una política sostenida de evaluación y aseguramiento de la calidad, no resultan extraños los indicadores mencionados, así como tampoco que el Foro Económico Mundial valore muy positivamente la calidad de la educación superior pública costarricense.
Varios miles de actividades de vinculación remunerada con el sector externo son llevadas a cabo por las universidades públicas de Costa Rica. De todas las que se realizan con empresas del sector privado, alrededor del 40% corresponden a investigación y desarrollo tecnológico; con el sector público, las actividades mayoritarias son asesorías y consultorías, capacitaciones, educación continua, talleres y cursos.
Algunos sectores han manifestado la preocupación de que la vinculación remunerada pueda derivar en una fuente de beneficios personales. Los datos sin embargo no apoyan esta visión, ya que la erogación mayor se dedica a servicios no personales, adquisición de materiales y equipos tecnológicos.
El quehacer de las universidades estatales costarricenses no se agota en cumplir con los estándares de calidad y productividad de corriente principal de la ciencia y la tecnología, según la definición de esos patrones en el ámbito internacional. Una de las características más sobresalientes de la universidad latinoamericana es que ella se encuentra insertada en la estructura de su entorno social, a cuya dinámica le imprime movimiento. La universidad latinoamericana es constructora de Estado y nación, cogestora de identidad cultural y ciudadanía; cumple una función singular en la arquitectura social y en la sustentación de la democracia.
Nuestro país busca el desarrollo y la equidad, proceso en el cual no puede ignorar la importancia de la educación superior, como ningún país puede permitirse hacerlo, y menos actuar con ambivalencia y dubitaciones. La generación de conocimiento y la innovación – que no ha de centrarse en la promoción de la competitividad, sino también de la inclusión – estimulan tanto la productividad como la participación general en los beneficios del desarrollo. La productividad material y cultural requiere de formación educativa de alto nivel para conducir a una prosperidad que debe ser distribuida y compartida con equidad. Como se suele decir, la educación es “el gran igualador”, pero ha de ser de la más alta calidad posible. En educación, no hay equidad sin calidad.
(*) Dr. Henning Jensen Pennington, Rector UCR
2 Comments
Juan Huezo Zúñiga
Dejando de lado las exportaciones de Ortega donde en la UCR hoy, si hay cupo para esos nuevos “refugiados”, no entiendo por qué los trabajadores de su institución tienen trato preferencial automático cuando sus hijos son admitidos con sendas becas por ese ente estatal. Cuando hace más 50 años aplique a esa principal universidad, una de mis importantes razones de deserción, además del aspecto de no darme el cacumen, fue el factor económico. Pero claro, los hijos de universitarios, veía, si tenía eso finiquitado. En fin, que sus estudiantes vengan sedientos de diversidad, que las mayorías no compartimos es maíz de otro costal. La excelencia de la UCR es indiscutible donde 50 de la competencia juntas, en una licuadora, no dan para una décima. Ojalá persista la independencia universitaria, que los perjuros políticos quieren atrapar. Saludos.
John Smith
Don Henning, deberían las universidades estatales colaborar con el ministerio de educación para mejorar la preparación de profesores de colegio, así como a mejorar y hacer más relevante e interesante para los estudiantes el plan de estudio, los exámenes de admisión de las universidades estatales son un coladero de estudiantes que provienen de la educación pública, y al mejorar la matrícula universitaria pueden las universidades estatales con mucho más autoridad defender el Fes, el cual es muy abundante para la poca cantidad de la población que se está viendo beneficiada de este.