Manila, 28 ago (EFE).- El Tribunal Supremo de Filipinas inició hoy la vista oral por la apelación presentada por un grupo de senadores en contra de la retirada del país de la Corte Penal Internacional (CPI) que ordenó el pasado marzo el presidente, Rodrigo Duterte.
Los senadores de la oposición Leila de Lima, Kiko Pangilinan, Franklin Drilon, Bam Aquino, Risa Hontiveros y Antonio Trillanes presentaron el pasado 16 de mayo la petición al Supremo para que impida la retirada de Filipinas del Estatuto de Roma, el tratado que creó la CPI, sin contar con la aprobación del Senado.
Duterte anunció el 14 de marzo la salida de Filipinas de ese tratado “con efecto inmediato” después de que la CPI anunciara su decisión de abrir una investigación preliminar sobre las muertes provocadas por la polémica guerra antidrogas emprendida por el presidente.
Esta se ha cobrado la vida de más de 4.200 sospechosos en redadas policiales, según datos oficiales, aunque organizaciones de derechos humanos elevan la cifra hasta 15.000 o 20.000 asesinatos amparados en el clima de impunidad de la campaña.
El Tribunal Supremo rechazó a principios de mes la petición de los senadores de que fuera Leila de Lima la que acudiera a la corte a presentar sus argumentos, ya que está en prisión sin juicio desde febrero de 2017 por presuntamente recibir sobornos de narcotraficantes.
La Corte consideró que al ser seis senadores quienes presentaron la apelación no es imprescindible que sea De Lima quien haga las argumentaciones.
De Lima y sus partidarios políticos niegan la acusación, que la consideran fabricada por el entorno de Duterte contra la senadora, una de las principales voces críticas de la guerra antidrogas sobre la que presidió una comisión de investigación en el Senado.
La audiencia estará encabezada por la magistrada Teresita de Castro, nombrada por Duterte presidenta del Supremo la semana pasada en sustitución de María Lourdes Sereno, que fue apartada del cargo en mayo, un mes después de que el mandatario la declarara públicamente su “enemiga” por denunciar sus abusos. EFE
