La caja de las sorpresas

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Poder Judicial de Costa Rica. Archivo

Cada día que pasa van quedando al descubierto, ante la mirada de los ciudadanos, nuevas formas de violación o de abuso de los poderes y facultades que la Constitución y las Leyes han conferido a (y han confiado en las manos de) la Corte Suprema de Justicia.

Creo que esto ha podido tener lugar, en buena medida, porque la estructura del sistema judicial costarricense, con una cúpula dotada de amplias potestades de gobierno y plenos poderes en la administración del personal que le está jerárquicamente subordinado (todos los jueces y empleados del Sistema) ha conducido a que se produjera en la cúpula una especie de cultura de la impunidad; sentimientos de omnipotencia de una casta que, por mucho tiempo, se ha considerado legibus soluta, en perfecta correspondencia con la cultura de subordinación de las bases judiciales: conglomerado compuesto mayoritariamente de escépticos y de oportunistas.

En un ensayo anterior, que trata sobre la Cultura de los Jueces, traté de dibujar los trazos gruesos de la situación del juez costarricense, subordinado, desmotivado, pero deslumbrado ante la ostentación de lujo y poder de la Corte Suprema:

“…Normalmente, este juez se muestra muy sensible a los incentivos salarial y funcional, que consisten en ascender por los tramos de la escalera hasta el punto más alto posible, para desde ahí postular su nombre ante la Asamblea Legislativa, en busca de su meta: un nombramiento (por ahora) como magistrado suplente, y (finalmente) como magistrado propietario: llegada a la Tierra de Canaan, con sus ríos de leche y miel…”

De ahí el afán de tantos jueces y magistrados de obtener el máximo de dinero posible por su trabajo o, al menos, por su mera figuración; de ahí también las estratagemas ideadas con ese objetivo: los reajustes por supuesta “gerencialidad” de los cargos; el régimen de cesantía, las pensiones sin sostenibilidad, etc.  Y en ese contexto de mercantilización y codicia endémica, aparece el reportaje del Semanario Universidad acerca de unos jueces ya pensionados que lograron de la Asamblea Legislativa el nombramiento como Magistrados Suplentes de la Corte Suprema; y en diferentes ocasiones han ocupado los asientos de los propietarios.  La investigación mostró que de parte del funcionariado de la Corte y de parte de los funcionarios agraciados se ha producido una connivencia ilegítima cuyo análisis quiero plantear de la manera siguiente:

El artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone literalmente:

ARTICULO 63.- Los Magistrados suplentes, escogidos por sorteo para reponer la falta temporal de un propietario, desempeñarán sus funciones por el tiempo que dure ésta; los llamados para reponer una falta absoluta, por todo el tiempo que transcurre sin que la Asamblea Legislativa llene la vacante y dé posesión al Magistrado nuevamente electo.

Sin embargo, si el Suplente estorbare el funcionamiento normal del tribunal, por su irregular asistencia o por cualquier otro motivo calificado, la Sala dará cuenta al Presidente de la Corte para que sea repuesto por nuevo sorteo.Cuando algún Magistrado suplente debiera ejercer la Magistratura por un lapso mayor de tres meses, entrará en receso de sus funciones de abogado y notario por todo el tiempo de ese ejercicio; pero al vencer su cargo recobrará, por el mismo hecho, las citadas funciones, sin necesidad de reponer la garantía vigente.

Los Magistrados suplentes devengarán dietas por día de trabajo o sesión, proporcionales a la remuneración de los propietarios. Cuando fuesen pensionados o jubilados de cualquier régimen, el desempeño del cargo por más de un mes, suspenderá el goce de su pensión o jubilación. (Las negritas no son del original)

La razón de ser de la norma del último apartado es conseguir que, en línea de máxima, ningún funcionario pueda percibir dos prestaciones dinerarias de parte del Estado. La jubilación es un status jurídico cuyo contenido es un derecho subjetivo del trabajador, y consiste en una prestación dineraria periódica, debida por el patrono a título de contraprestación por los servicios que ha recibido de aquél durante el tiempo fijado al efecto por la ley. Se trata, por lo demás, de una institución sustentada en ciertos presupuestos naturales y culturales:

En el caso del funcionario, el Ente empleador está interesado en que, con el pasar del tiempo, la plantilla de sus trabajadores sea renovada de modo que las nuevas generaciones toman el lugar de las antiguas, lo cual responde también a una razón adicional: el ciclo productivo del funcionario suele describir una especie de parábola cuyos puntos finales indican la declinación de sus facultades; que las conserve aún a edad avanzada debe tratarse como algo excepcional, de modo que no conviene estimular la generalización de la recontratación de jubilados, y en todo caso ésta debe concebirse como de breve duración.

Así las cosas, si el funcionario acepta volver a asumir por largo tiempo un cargo público remunerado, esto debe entenderse como que está renunciando voluntariamente a su status de jubilado, y en consecuencia dejará de recibir la correspondiente pensión.

En efecto, cuando el artículo 63 establece que después de un mes, el magistrado suplente en funciones deja de percibir su pensión, busca con ello evitar las consecuencias descritas en párrafos anteriores. Se trata indudablemente de una regla de orden público y en consecuencia, inderogable por acuerdo de interesados. Y entonces, resulta claro que la decisión, de parte de la  Corte, de nombrar a la persona por periodos menores de un mes, cuando el puesto se mantiene todavía vacante porque el plazo del permiso no ha vencido, constituye una maniobra ilícita porque con ella se está burlando el propósito establecido en la ley.

Volviendo a los casos denunciados por el Semanario Universidad, obsérvese que según lo prescribe el artículo 63 en su primer apartado, los nombramientos de los suplentes serán por todo el tiempo que dure la ausencia temporal del propietario, o hasta que sea nombrado un nuevo propietario, en el caso de separación definitiva del anterior. Y vemos que en esos casos se hicieron varios nombramientos menores a un mes, con intervalos de pocos días entre uno y otro, en contravención con dicha regla, y con el evidente propósito de evitar las consecuencias que la misma prescribe, y asegurar de ese modo la persona nombrada pudiera percibir la pensión y las dietas. Eso se llama en la doctrina ‘fraude de ley’ o ‘fraude con la ley’, y está previsto expresamente en el artículo 20 del Código Civil:

“Artículo 20. Los actos realizados al amparo del texto de una norma, que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de la ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir.”

Recapitulando, en el curso del año 2017, vemos al Presidente de la Corte asumir un comportamiento que consiste en hacer reiterados nombramientos por plazo menor a un mes a favor de un suplente, de modo que ocupe en forma intermitente una plaza vacante causada por la jubilación del antiguo titular. Con lo cual dicho Presidente ha incurrido en violación de dos normas del transcrito artículo 63 de la Ley Organica del Poder Judicial:

         1.- La del apartado primero del artículo, que en el caso de un cargo vacante, lo obliga a nombrar al suplente por todo el tiempo que deba transcurrir mientras no entre en posesión de su cargo el nuevo propietario nombrado.

         2.- La del último apartado del artículo, que en el caso de nombramiento de un magistrado suplente que tenga la condición de jubilado, le impone el deber de velar por la integridad del Tesoro Público, evitando que el suplente, transcurrido el primer mes de su nombramiento, continúe beneficiándose con el disfrute de su pensión.

De la relación de los hechos denunciados por el Semanario, se aprecia claramente que el Presidente de la Corte, contra norma legal expresa, diseñó una serie de nombramientos salteados para llenar una plaza vacante de Magistrado, de manera de asegurar al suplente nombrado que recibiría juntamente su pensión y sus dietas, aún después de transcurrido el término de un mes fijado por la ley. Y que de la reiteración de esa práctica ilegítima, algunas personas obtuvieron cuantiosos beneficios económicos.

Creo que un examen detallado de esa conducta presidencial, en  sus diversas aristas, conduce fácilmente a determinar que hubo allí fraude de ley, malversación y prevaricato. Y en cuanto a los beneficiados en aquellas operaciones, me parece inútil que se esfuercen por convencernos de que se limitaron a presentarse al trabajo cuando así se les indicaba, y que nunca sospecharon que hubiera en aquello alguna cosa que censurar.

Eso no es así. Estos suplentes jubilados fueron jueces por muchos años y, por ende, son personas con gran experiencia de su oficio y de la vida. Por ejemplo, después de desempeñar las funciones de magistrado durante tres períodos sucesivos de veintinueve días cada uno, con intervalos de uno o dos días, en los que (curiosamente!) se nombraba a otra persona; y después de experimentar pingües beneficios monetarios gracias a aquellas ‘modalidades’ de nombramiento ¿no notaban que había algo anómalo? ¿nunca se preguntaban por qué su nombramiento se interrumpía por uno o dos días al llegar al día veintinueve, y después del breve intervalo seguía otro nombramiento igual, y así por varios meses?

Unos y otros, Magistrado y Magistrables, han incurrido en conductas que no se pueden justificar. Y todo conduce a pensar que no se trata de casos aislados. La combinación entre la prepotencia, la sensación de impunidad, el sometimiento y el oportunismo a que ha dado lugar la estructura del Sistema lo explica perfectamente. La cultura que impera en una buena parte del mundo judicial es la cultura del dinero y del enriquecimiento a toda costa, y quien desde hace algún tiempo marcó la pauta en  ese sentido fue un grupo de magistrados que cedió ante el espejismo de la opulencia y el poder de las altas esferas.  De ahí los aumentos salariales, las pensiones, las prestaciones complacientes; pero también de ahí la organización del ‘lobby’, los compadrazgos, los insólitos sorteos, los gemeleos, los nombramientos amañados.

Frente a esto debemos postular una organización judicial que restablezca el círculo virtuoso de los altos valores. La austeridad del juez, como su independencia, como su decoro, es un baluarte de la Justicia; pero la considerable distancia entre jueces y magistrados producto del sistema vigente, y el mal ejemplo de despilfarro y arbitrariedad en que la Corte ha incurrido, están infectando el sistema hasta sus raíces.

(*) Walter Antillón Montealegre es Abogado y Catedrático Emérito de la Universidad de Costa Rica.

4 Comments

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  2. Así las cosas, que podemos esperar de otros poderes de la República. Pobre Costa Rica, hasta cuando lograremos limpiar la basura que tanto le está haciendo.

  3. Juan Huezo Zúñiga

    Observando estos entre telones magistrales y como construyen esos ventajosos laberintos “económicos”, debemos percatarnos, como hoy vuelven los nuevos diputados a prestarse con nombrar las mismas fichas (Varela) que han empujado a este despelote. Señal de como el legislativo acuerpan, fomentan y promueven la degradación en ese principal poder de justicia, a pesar de la denuncia de la Sra. Jueza Arce Meneses, enviada al Legislativo. La caja de la neófita desvergüenza.

  4. Son esta clase de matráfulas descaradas las que tienen al país al borde de la crisis. Y todavía los gobernantes pretenden que la gente acepte ese paquete fiscal con una sonrisa de oreja a oreja.

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