De cal y de arena
No es un conflicto obrero patronal incubado en una empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo a raíz del choque irreconciliable de posiciones en torno a demandas dirigidas a cambiar los efectos sociales y económicos de las relaciones entre la empresa y sus empleados.
Es una alianza de voluntades debidamente estructurada para impedir, obstaculizar o mediatizar el ejercicio de las potestades que la Constitución Política asigna al Poder Ejecutivo (como proponente de las leyes) y a la Asamblea Legislativa (como formadora de las leyes), concertación que ni siquiera ha nacido de un acuerdo de la(s) asamblea(s) general(es) de uno o más sindicatos, tal y como se ha venido comprobando, en discordancia con lo contemplado en el Código de Trabajo. Es decir, está el país ante una concurrencia de voluntades armada para impedir que cristalice un determinado proyecto de ley -# 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas- y evitar que se convierta en ley de la República, saltándose toda la preventiva codificada en punto a conflictos obrero patronales, sindicatos, huelgas y derechos y obligaciones que del Código dimanan, como empieza a evidenciarse en las sentencias ya dictadas.
Tampoco hay que pecar de ingenuo y creer que detrás de toda esta urdimbre no existe una desaforada pasión por acumular más y más ingresos a costa de sangrar al Estado por la vía de privilegios y gollerías arbitrariamente conseguidas: son las famosas pensiones de lujo, anualidades y pluses en demasía, y enganches médicos. El proyecto # 20.580 para nada les sirve e intrigan para hundirlo.
Está el país entero ante un conflicto político de importantes secuelas institucionales, económicas y sociales, directamente encaminado a impedir la normal operación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y, sin duda, también el ejercicio por parte de los ciudadanos de derechos que les son fundamentales. Debido a esa naturaleza de conflicto político, quienes lo impulsan no han tenido vacilación alguna para impedir que los ciudadanos que discrepan de la paralización del trabajo sufran los efectos de medidas que atropellan libertades fundamentales.
Ya están produciéndose las sentencias que suceden a la petición de calificación de eso que eufemísticamente se ha dado en llamar “huelgas”. Una tras otra marcan la ilegalidad de estos procesos, en general por no reunir las exigencias del Código de Trabajo en el listado relativo a la legalidad de estos arbitrios, todas ellas sentencias circunscritas a pasar revista a hechos que vienen a cuento cuando se trata de un conflicto obrero-patronal. No abordan la otra vertiente de este conflicto: la política, evidenciada en el asalto a la institucionalidad
No nos engañemos: el país entero está arrastrado a una compleja realidad de hechos con la configuración propia de una operación política cubierta con los ropajes de una huelga, cual si fuese nacida de un desentendimiento obrero-patronal. Una huelga con múltiple presencia en entidades y diversidad en procedimientos, además de indiscutibles impactos sobre la capacidad del ciudadano de ejercer derechos que le son fundamentales (tránsito, acceso a la salud, seguridad, con apelación al sabotaje) y –por supuesto- con el propósito manifiesto de incidir en la conformación de la voluntad de los poderes del Estado. Nada de resolver en torno a un pliego de peticiones acordado por los órganos superiores del sindicato y sujeto a las reglas procesales que preceden la declaratoria de una huelga. Y no es así porque el proyecto de fondo es poner en marcha un movimiento político con todas las características de un desafío plantado a la cara de los Poderes del Estado.
Anoto aquí algo que me parece interesante, cual sería que de repente salte algún juez innovador que aborde en su fallo este espinoso asunto tanto desde la perspectiva de los hechos que cobija el Código de Trabajo, como le es obligado hacerlo a la hora de darle contenido a la sentencia, cuanto a la legitimidad que podría tener o no tener un conflicto revestido de los ropajes propios del Derecho Laboral pero que en realidad no sea más que un desafío a la vigencia de la institucionalidad consagrada por la Constitución Política. Al fin y al cabo, esto sería parte del esfuerzo mental legítimamente idóneo para calificar los hechos, tal cual se le solicita al juez al pedir que califique la huelga.
(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista
2 Comments
Juan Huezo Zúñiga
Ya a estas alturas la cancha se embarrialó con la intervención de una Magistrada la cual, eso si atenta contra nuestra institucionalidad y credibilidad legal, al pretender “facilitar” ¿o será intimidar o amedrentar a la judicatura?, donde más pareciese un saldar a favoreces pasados. La apoteótica manifestación demuestra con la huelga que los intereses, no son solo los sindicales, sino de todos los conciudadanos de nuestro país, quienes han caído en cuenta, con las acciones de este gobierno, donde percibimos, el darse no la mano sino, un apretado amoroso abrazo político. Ya estamos conscientes a quienes representa el PLUSC-PAC. Toma nota, Corte Plena.
Alberto Losa
Don Alvaro, una pequeña historia, creo que la leí en un folleto de los testigos de Jehová : ” Un día una mujer de familia le cometó a su esposo que la vecina, recién llegada, no lavaba muy bien su ropa, que la dejaba percudida. La mujer observaba a la vecina desde la ventana de la cocina, donde esta tendía su ropa.- Pasó el tiempo y las cosas seguían igual y ella no se atrevía a darle algún consejo sobre el lavado de ropa, aunque la vecina se veía que era una mujer de experiencia en las lides del hogar. Una mañaña al preparar el desayuno observó que la ropa tendida por su vecina resplandecía de blancura. Entonces sorprendida aún, llamó a su esposo para que observara el cambio, y cual es su sorpresa cuando su esposo le dice : “Querida, esta mañana muy temprano lave los vidros de la cocina. ”
Don Alvaro, no me pierdo las lecturas de sus columnas, le admiro la pericia de su pluma, sus contenidos, sus formas, sus temas, pero maestro, hoy, señor, con todo respeto usted se alinea, a una prensa que sataniza a los empleados públicos, a quienes esa élite económica avariciosa, que solo “piensa” en el lucro, en sus propios intereses, a una élite que se ha amantado “tradicionalmente” de las ubres del Estado. Recordemos la ley Fodea, Los Cats, y si mi memoria no me traiciona alquna vez leí ó escuché, que existen más de 150 leyes de exención fiscal, tal vez, la más citada, la Ley de Zonas Francas.- Tiquicia, nuestro país, nuestra Costa Rica, aunque yo no tengo cama ni en que morirme, es una sociedad en que la desigualdad ha crecido más comparativamente dentro del continente, donde la pobreza se institucionalizó, se volvió una casta, la criminalidad produce cada día más muertes, somos un pais caro ( lo decimos los criollos y extranjeros .- En este país, Don Alvaro, es más difícil que un evasor de impuestos sufra condena, que una huelga sea declarada “legal”.- Así maestro, usted ha visto ¿el desarrollo? de Tiquicia, es un hombre que ha “vivido”, limpie sus lentes, quítese perjuicios de gremios, estono es una huelga, es un pueblo, y con todo respeto por el término, es la gente encabronada por esa desigualdad, porque una salario de ¢ 400 mil colones de un conserje de la Universidad de Costa Rica, es un “lujo” es un privilegio. Que hay despropósitos económicos dentro de la planilla de empleados públicos, las hay, pero aquí los verdaderos lujos los tiene la élite económica, acostumbrados a privatizar ganancias y a socializar pérdidas. Y desde luego protegidos por una séquito de escuderos políticos. En una Asamblea Legislativa inoperante que defiende este “statu quo ” y si no veamos la ley de Comunicaciones, que hizò que una ministra renunciara y el proyecto se archivara, dicen que las televisoras pagan ¢ 30.000 al año por explotar bienes del Estado. Dice Juan Diego Castro que Amelia Rueda recibiò ¢ 7 millones por una “asesorîa” por asuntos de gènero a la Presidencia de la Corte ( Una asesorìa en asuntos de derecho al Juez Màximo del Paìs), como creer en las opiniones de una periodista como Amelia Rueda. “.- No, Maestro, vea los inconvenientes de este “cabroneo” ciudadano, me gustarìa leer su “analisis”, del porqué. Hace muchos años, un hombre en este paìs se “hastiò”
de los abusos de esta èlite, he hizo algo y nos diferenciò de otras sociedades de otros paises. Hoy creo que considerado “fundador” de lo que es nuestra Tiquicia.