San José, 3 Oct (Elpaís.cr).- El Presidente de la República, Carlos Alvarado, solicitó a la Procuraduría General de la República la interposición de una acción de inconstitucionalidad contra las cláusulas abusivas que, según su valoración y la jurisprudencia, podría tener la V Convención Colectiva suscrita entre el Banco Popular y el sindicato SIBANPO.
Dicha convención fue homologada el 26 de octubre de 2017.
La solicitud del mandatario se fundamenta en “la necesidad imperiosa de garantizar el uso razonable y legítimo del Erario Público en los procesos de reglamentación de las condiciones laborales”.
Como parte del Plan de Contención del Gasto, el presidente Alvarado y la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, anunciaron a finales de mayo la Directriz Nº 009-H, en la que se ordena a las instituciones del gobierno central renegociar las convenciones colectivas “con el objeto de garantizar el uso racional de los recursos de la Hacienda Pública y con el debido respeto de los derechos laborales”.
La directriz establece que los jerarcas tienen la responsabilidad personal de impedir la prórroga automática de las convenciones colectivas vigentes y “están en el deber de denunciar todas aquellas cláusulas convencionales que se consideren abusivas y que atenten contra el buen manejo de las finanzas públicas”.
Asimismo, se instruyó a la administración centralizada y se invitó al Poder Legislativo, Poder Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones a renegociar las convenciones colectivas.
