Guatemala, 11 dic (EFE).- Guatemala se postuló en 2018 como un referente al albergar por primera vez la Cumbre Iberoamericana en un año complicado para el presidente, Jimmy Morales, que lidió con varias protestas al decidir no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y expulsar del país a su máximo responsable, el colombiano Iván Velásquez.
A pesar de la apertura internacional lograda tras reunir a más de una decena de jefes de Estado y de Gobierno en la XXVI Cumbre Iberoamericana, un evento que organizó por primera vez desde la primera edición en 1991, la radiografía de Guatemala dejó entrever los mismos síntomas de toda su historia: la migración irregular, la vulnerabilidad a los desastres o la corrupción.
El Gobierno comenzó 2018 aceptando que se había quejado ante la ONU de Velásquez, jefe de la CICIG, y que, por ende, había pedido su destitución al frente de un organismo auspiciado por Naciones Unidas, desde su creación en 2006, con el fin de luchar contra los aparatos clandestinos incrustados en el Estado.
Pero no sería hasta meses después, en agosto, cuando Morales anunciaría su decisión de no renovar el mandato de la CICIG, que termina en septiembre de 2019, por considerar que se había extralimitado en sus funciones, que había sembrado el «terror judicial» y que se había convertido en una estructura paralela igual que las que debía combatir.
Y unos días después, a principios de septiembre, aprovechó un viaje de Velásquez a Estados Unidos para prohibirle la entrada, al asegurar que era una «amenaza a la seguridad nacional», una decisión que mantiene hasta hoy a pesar de que la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, ordenó a las autoridades que le dejasen entrar.
Todo esto mientras una nueva acusación de financiación electoral ilícita pesaba sobre el mandatario, aunque el Congreso, por segunda vez en los últimos dos años, blindó su inmunidad.
En este contexto, fue el propio Morales el que volvió a reiterar su inocencia asegurando que se trataba de una persecución política, la misma que, según él, ha sufrido su familia, sobre todo su hijo José Manuel y su hermano Sammy, que se enfrentarán a un juicio por supuesto fraude al Estado en el año 2013.
La lacra de la corrupción también salpicó al Gobierno de Álvaro Colom (2008-2012), con el exmandatario y gran parte de su gabinete procesado por fraude, y se dictó la primera condena contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) en el caso «Agua Mágica», un líquido milagroso que resultó ser agua con sal y con el que pretendía limpiar un lago contaminado.
Pero la corrupción no es el único mal en Guatemala, uno de los países más pobres y violentos del mundo, líder de los índices de desnutrición crónica en América Latina, con altos indicadores de discriminación hacia los pueblos indígenas -más de la mitad de la población- y cuya vulnerabilidad a los desastres naturales quedó otra vez de manifiesto con una nueva tragedia.
El pasado 3 de junio, el volcán de Fuego -uno de los 32 que hay en toda la nación- tuvo una de las mayores erupciones de toda su historia, lo que provocó casi 200 muertos, 1,7 millones de personas afectadas, algunas de las cuáles lo perdieron todo, y unos 12.000 desplazados forzados.
La violencia y la inseguridad -a pesar de la reducción de la tasa de homicidios- fueron dos de las causas que, junto con las falta de oportunidades, siguieron alimentando la migración irregular hacia EEUU y, según la Organización Internacional paras las Migraciones, hasta el pasado mes de noviembre hubo un crecimiento del 54,8 por ciento en el número de retornados respecto a 2017, pasando de 45.791 a 70.907.
Esta situación, unida a la crisis migratoria provocada por la caravana que salió de Honduras y que atraviesa Centroamérica para llegar a EEUU, volvió a poner de manifiesto que la fuerte desigualdad social y la pobreza obligan a los guatemaltecos a buscar un mejor futuro fuera de sus fronteras.
Y esto aunado a la criminalización que sufren activistas, campesinos y líderes comunitarios, que este año han sido víctimas de una oleada de ataques que han provocado una veintena de muertes, la mayor parte de ellas todavía sin esclarecer.
Aún con estas adversidades, el Gobierno de Guatemala continúa con su trabajo para situar al país en el ámbito internacional y, en este sentido, presentó su candidatura para albergar la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25), que está previsto que se realice en noviembre de 2019. EFE
