Guatemala, 18 dic (EFE).- El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, aseguró hoy que el Gobierno «hostiga» a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y «atenta» al Estado de Derecho al revocar las visas de 11 funcionarios de la entidad y exigir su salida del país en 72 horas.
También exigió al Gobierno que dé «marcha atrás a esta decisión» y pidió a la comunidad internacional y a la sociedad guatemalteca que «no se deje engañar» con «demostraciones de falsa soberanía de portavoces de un nacionalismo espurio», pues los verdaderos intereses detrás de la decisión del Gobierno «va contra la población y sus legítimas luchas».
Añadió que el Gobierno busca «mantener privilegios de un escudo impune que ellos mismos generan y tratan de consolidar».
El ombudsman guatemalteco aseguró que los funcionarios internacionales de la Cicig son «investigadores y litigantes de procesos de alto impacto», en casos como en el que están involucrados el hermano y el hijo del presidente, Jimmy Morales, en una trama de fraude al Registro de la Propiedad ocurrido en 2013, tres años antes de que Morales asumiera en el cargo.
La nueva «acción intimidatoria» del Ejecutivo, afirmó Rodas, «pretende afectar la lucha contra la corrupción y la impunidad» y añadió que la acción «perturba» la vigencia de convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha firmado Guatemala.
La revocación de las visas de los 11 funcionarios de Cicig, que el Ejecutivo ya había anunciado en octubre pasado, y la solicitud de salida del país en las próximas 72 horas, «forman parte de una estrategia general en contra de lo que debería ser una de las principales preocupaciones y mandato del Gobierno: la transparencia y la lucha contra quienes dilapidan los recursos del Estado», concluyó Rodas.
La directora de Comunicación Social de la Cancillería, Marta Larra, adelantó que cada uno de los funcionarios a quienes les fue revocada la visa y a quienes se les solicitó abandonar el país en 72 horas, «se convierten en un extranjero más, lo que significa que deben responder ante la ley como cualquier ciudadano».
Sin embargo, la Cicig aseguró que los 11 funcionarios a quienes se le ha solicitado salir del país en 72 horas, cuentan con «inmunidad diplomática» derivada del Convenio de creación de la Cicig, y «no de la acreditación ni de las visa de cortesía».
El citado convenio establece que «es solamente el comisionado quien puede retirar la inmunidad prevista para los funcionarios internacionales». EFE
