Cooperativas con “vulnerabilidades”

La bandera del cooperativismo. Archivo

De cal y de arena

Siguen las cojeras en el mundo de las cooperativas. Y por lo que trasciende, no son de  menor cuantía las taras en su funcionamiento. Por publicación en el suplemento periodístico “Surco” que apadrinan órganos de la estructura superior de ellas, se hace saber que hay 22 cooperativas agrícola-industriales que “enfrentan distintos grados de vulnerabilidad”. Vulnerabilidad, quizás un eufemismo para disimular algo más complejo en sus finanzas y en sus operaciones.

La “vulnerabilidad” en que están esas cooperativas agro-industriales condujo a que el Consejo Presidencial de Economía Social Solidaria (una rama más del complejo árbol de la burocracia estatal que tanto complica el abordaje de los problemas y la toma de decisiones) tomara cartas en el expediente y dispusiera crear una comisión interinstitucional (una más) con el encargo de buscar la manera de fortalecer  esas cooperativas.

Las congojas en la operación y en las finanzas del mundo de cooperativas no son problema reciente. Por las páginas del INFOCOOP en  la web nos enteramos de sus avatares: desde 2012 este Instituto está apersonado en la gestión de esas cooperativas, en su administración y  saneamiento de sus finanzas. Un 42% de su cartera de créditos auxiliadores ha ido a las cooperativas agroindustriales, en un esfuerzo que sería pertinente si se tiene en cuenta que hay 40 entidades de este género con 28.000 asociados productores (un 36% del negocio cafetalero está cooperativizado y un 16% lo es en caña de azúcar),  pero viciado de ineficacia si no es para hundir el bisturí hasta la raíz de las causas de las cojeras.

Si los problemas de las cooperativas agro-industriales se propagasen por otros segmentos de este régimen de empresa social, el país tendría que valorar la magnitud de los riesgos a que estarían expuestas quién sabe cuántas más, visto el tamaño del cooperativismo (INFOCOOP reporta  549 cooperativas con 887.335 asociados, el 21% de la población nacional).

En la web del Instituto se nos recuerda lo que ha sido una variada gama de torpezas y también  hechos dolosos, que motivaron la creación de una Junta Interventora del Instituto que topó con manejos corruptos y una nefasta administración de recursos financieros. Hay más de un expediente bajo la pesquisa de la policía judicial y también en gestión del Ministerio Público, algunos con la fisonomía de sin-ver-güen-za-da muy propia del colapso de los valores que otrora cultivamos con esmero en Costa Rica.

¿Qué está pasando en ciertas empresas cooperativas donde la bancarrota se insinúa también con la marca del manejo fraudulento? ¿Están en su administración personas sin capacidad académica ni integridad moral? Los asociados propietarios de las cooperativas, ¿están conscientes de que en ellos descansa la responsabilidad de vigilar la gestión administrativa y el derecho a exigir rendición de cuentas? En previsión de sustos y colapsos irreparables, resalta la importancia de los comités de vigilancia a cargo de la fiscalización de la gestión administrativa. Esos comités de vigilancia deben estar en manos de cooperativistas íntegros e idóneos, y gozar de una autonomía de acción invencible a los intentos de imponerles áreas vedadas so pretexto de preservar la confidencialidad, eso que tanto gusta a quienes rehúyen la transparencia y la rendición de cuentas.

Mientras no cambie la actitud de los dueños de las cooperativas, mientras ellos no  entiendan la trascendencia de la vigilancia sobre la administración, todos esos paliativos financieros que intentan alejar a las cooperativas de las renqueras que conducen a la quiebra, resultarán estériles.

Algo de esto debe gravitar en eso que llaman las “vulnerabilidades” de las cooperativas agro-industriales.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista