En el devenir de la historia, las sociedades han transitado diversas vías para acometer con éxito la búsqueda del desarrollo y del bienestar. Tras la Revolución Industrial una de las formas más exitosas ha sido el cooperativismo. Esta forma de organización económica sustentada en la libertad y la democracia, ha tenido en nuestro país un fuerte arraigo.
En una sociedad democrática, el cooperativismo se ha convertido en una vital herramienta para mayor crecimiento económico, combate de la pobreza y contribuye a crear una sociedad más equitativa.
Nuestro cooperativismo ha traspasado las fronteras de sectores como: ahorro y crédito, agroindustria, pecuario, industrial, agrícola y autoconsumo.
Ha mostrado ser un modelo exitoso en sectores como la generación y distribución eléctrica, financiera y agroindustria. Desconocer estos hechos, demanda una segunda y reposada lectura de la historia nacional.
Como costarricenses hay muchas cosas de las cuales podemos sentirnos orgullosos, uno de ellos es la forma como se ha desarrollado y consolidado nuestra Economía Social Solidaria, dentro de ella, el cooperativismo ha sido fundamental.
“En sus bases, el cooperativismo ha contribuido a cimentar mayor justicia social, fomenta la pequeña propiedad, usa el crédito agrario, combate la especulación (…) no solo pone al alcance del jornalero artículos de primera necesidad, sino además contribuye a su mejoramiento espiritual y a una formación de conciencia clara en sus deberes y derechos”. Así se expresaban con gran lucidez pensadores de la talla de Rodrigo Facio, Isaac Felipe Azofeifa y otros, en la revista Surco en 1942. O sea, hace 76 años. Ese inveterado avance moral y económico de la época, pareciera no ser compatible con el pensamiento de algunos banqueros y legisladores actuales.
Ha ingresado a la corriente legislativa la iniciativa 21017, que pretende gravar los excedentes de las cooperativas. Dicho proyecto surge en el contexto de no agravar la crisis económica y allegar recursos frescos para combatir el déficit fiscal. Se pretende con dicha iniciativa obtener alrededor de 6 mil millones de colones anuales más, a las arcas del Ministerio de Hacienda. Dicha ley , según los proponentes, parte del principio de responsabilidad fiscal, es decir todos debemos aportar para cerrar dicha brecha.
El sector cooperativo si bien es cierto disfruta de algunas exenciones, nunca ha dejado de pagar impuestos y contribuir al desarrollo nacional.
Es un arma excepcional para el combate a la pobreza y como ente generador y distribuidor de ganancias.
Difícilmente en el país encontraremos alguna instancia que contribuya más al fortalecimiento de la democracia social y democracia económica de nuestro régimen republicano.
Recomiendo a nuestros legisladores una lectura pausada de los lúcidos planteamientos de Facio Brenes y otros, cuando nos comparten que la doctrina cooperativa… “Presenta la doble característica de ser muy idealista y muy práctica (…) es a la vez Martha y María, Don Quijote y Sancho. Persigue un pájaro azul, pero en vez de buscarlo en las islas quiméricas lo encierra en una tienda. Se propone ciertamente, reformar el mundo, más por ello empieza por barrer el frente de su puerta y arregla lo mejor que pueda su casa. Marcha errante tras una estrella, pero observando cuidadosamente en donde pones los pies.” Así consignado en la Revista Surco en 1942.
El proyecto pretende establecer una diferencia entre cooperativas grandes y pequeñas. ¡Esto es un eufemismo! No hay cooperativas grandes ni pequeñas. ¡Todas contribuyen a la economía nacional y al bolsillo de sus asociados!
Como les cuesta a algunos, entender que una cooperativa une esfuerzos, voluntades, sueños y energías de muchos.
No es una sumatoria de capitales.
Gravar a un grupo de cooperativas porque al Ministerio de Hacienda y varios diputados lo consideran apropiado, es pretender castigar a alguien porque ha sido exitoso.
Hay impuestos directos y diversas cargas parafiscales, que las cooperativas ya suplen. Se establecen reservas para cubrir necesidades de sus dueños, en educación, bienestar social y otros. El desarrollo de zonas geográficas como Pérez Zeledón, Occidente, San Carlos y los Santos ha ido de la mano de la presencia y gestación de importantes cooperativas.
Gravar cooperativas, es restarle competitividad a las que se encuentran en los mercados financieros, eléctricos, producción de lácteos y bebidas. En consecuencia, no podemos ser ingenuos de reconocer a quienes beneficiaría un debilitamiento del sector cooperativo.
El cooperativismo en Costa Rica integra pequeñas economías y las hace más eficientes.
Hoy por hoy los dueños de las cooperativas somos más de 900 000 costarricenses que aspiramos a lo mejor; dicha cantidad representa el 21% de la población nacional. El cooperativismo está asociado a un 40% del P.E.A. El 36% de la producción cafetalera la hacen las cooperativas, así como el 16% de la producción de caña y azúcar. Más de 700 mil costarricenses, fundamentalmente en zonas rurales, disfrutan de electricidad producida y distribuida por cooperativas. Anualmente 418 millones de litros de leche se producen en cooperativas, generando un gran impacto en la salud nutricional y capacidad productiva de nuestra población.
Las cooperativas de ahorro y crédito, tienen un peso del 8,5% en activos del Sistema Financiero Nacional y a lo mejor eso incomoda a algunos.
Las cooperativas año a año cuando distribuyen excedentes, estos ya vienen recortados, pues se les aplica impuestos sobre la renta.
Gravarlas es como dispararle en el pie. Ni siquiera en EEUU los excedentes de las cooperativas son gravados.
Costa Rica ha suscrito diversos convenios con la OIT, entre ellos el 193, en el cual nos hemos comprometido con valores y principios cooperativos en el diseño de políticas públicas para el combate leal y efectivo de la pobreza.
La UNESCO una y otra vez recomienda a los estados el fomento del cooperativismo. Costa Rica lo hace desde 1998 gracias a la Ley 6437 que declara como obligatoria la educación cooperativa en el programa de estudios.
Dicha acción ha propiciado la inclusión financiera de miles de hombres y mujeres, la activa, libre, voluntaria y desinteresada participación de más de 5000 dirigentes a lo largo y ancho de la geografía nacional.
Tan importante es el cooperativismo para los costarricenses que los constituyentes con gran sapiencia lo han incorporado en la Carta Magna en el capítulo de las Garantías sociales y específicamente en el artículo 64.
La misma Sala Constitucional ha ido generando jurisprudencia resellando “la utilidad pública e interès social y declaràndolas como entes de servicio y sin fines de lucro”(voto 998-93 de 1993)
Para concluir, considero que este proyecto atenta contra la paz social de Costa Rica y es contrario al espíritu del artículo 74 constitucional, que remite a la Doctrina Social de la Iglesia.
(*) Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas, Ex diputado miembro Comisión Especial Legislativa sobre Economía Social Solidaria
