La institucionalidad pública o los derechos ciudadanos formalizados estatalmente, ha sido el medio como se ha garantizado la continuidad de las políticas públicas del Estado Social de Derecho en Costa Rica y con ello, se limitó los intentos por liquidar el desarrollo nacional y los derechos adquiridos por las personas en vulnerabilidad social.
El liberalismo en Costa Rica fue un vigoroso movimiento que desde antes de la independencia propugnó por el derecho, la educación, las libertades políticas, la tolerancia y la democracia ciudadana, en contra de las arcaicas formas autocráticas que en el pasado acompañaron a otros modos organizativos de la sociedad. Las relaciones económicas se reproducían y se expandían sin lesionar los derechos en una sociedad con derechos. No obstante, el crecimiento económico y la distribución social estatal que crearon una sociedad moderna con un Estado Social, se han transformado acorde con los requerimientos económicos del presente. Ante los cambios políticos y económicos el liberalismo abandonó los principios de libertad y de democracia para supeditarlos a las necesidades del capital. Así, hoy se valora a la inversión para producir ganancias como el medio más importante, aun cuando colateralmente crea pobreza, sacrifica el bienestar social y el desarrollo nacional.
La dictadura de Pinochet inauguró en nuestra América un liberalismo individualista y totalitario, el cual lejos de debilitarse ha profundizado la regresión institucional y estatal en favor de los propietarios del capital y la privatización de la función pública.
Luego del triunfo electoral, el PAC se alió espuriamente con el PUSC y el PLN, partidos tradicionales que por décadas se turnaron en el poder gubernamental y fueron los iniciadores de los procesos de privatización de las entidades públicas y las políticas liberales en Costa Rica. La traición política del actual gobierno cuestiona los resultados electorales y revela el encubrimiento o engaño a la ciudadanía de sus intencionalidades liberales. Asimismo, ha evidenciado la colusión de los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) contra la Constitución de la República y Estado Social de Derecho al desfinanciar a las entidades públicas que atiende a los sectores precarizados de la sociedad, así como modificar nuestra ley de leyes, al pretender violentar el gobierno y las finanzas de las universidades públicas.
Destruir la institucionalidad estatal es un retroceso en los derechos conquistados por la sociedad y por tanto tiende a incrementar la polaridad social, el empobreciendo de las mayorías, a la vez que judicializa y condena las reivindicaciones y el futuro de los asalariados.
La pretensión de inmunidad e impunidad de las autoridades estatales contra las garantías sociales fundadas históricamente, niega el Estado de Derecho para convertirlo en un Estado autocrático y totalitario. El cinismo de la práctica estatal es una provocación contra nuestra sociedad que ha aprendido a defender el Estado Social y sus instituciones.
(*) Juan Huaylupo es Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.
