De cal y de arena
APM Terminals está a pocos días de poner a plenitud sus operaciones en el nuevo puerto de Moín. Un proyecto que echó a andar hace pocos años y cuyo impacto en el crecimiento económico del país y de la región ha sido debidamente evaluado, también en lo que respecta a la absorción de mano de obra así como al desplazamiento de quienes no sean empleados en sus modernas instalaciones.
Justamente para amortiguar las repercusiones disruptivas, por el contrato de concesión se APM debe pagar un canon de 7,5% sobre sus ingresos brutos a depositar en un fideicomiso que –a través de JAPDEVA- llegará a financiar proyectos de desarrollo regional.
Miel sobre hojuelas, evidentemente. Aunque no tanto puesto que al fin y al cabo, la estructuración y administración de las tareas en torno a los proyectos de desarrollo regional comprometidos está en manos de la burocracia estatal, cuya modorra e incuria se entrelazan para darle largas a la asunción de las tareas pendientes. Máxime si en la administración pública la tónica de trabajo dista mucho de exigir rendición de cuentas.
El país acaba de enterarse de una nueva edición de ese distanciamiento existente entre lo que debe ser y lo que es en el sofocante mundo de los emprendimientos debidos por el Estado y sus instituciones.
La operación de APM Terminals está sujeta a máximos requisitos de modernidad y eficiencia que van a reflejarse en los tiempos y costos en que tanto se miran sus potenciales clientes. Así, Standard Fruit Co. examinó y comparó sus cifras, las que rodean sus actividades en el patio donde se puentea la llegada de un amplio número de bienes que moviliza la empresa y su tránsito hasta los buques, con las que resultan de contratarle estos servicios a APM. Han de haberle salido suficientemente atractivas como para decidir el cierre de su terminal y la delegación vía contrato de las actividades propias del recibo de equipos y carguío a las naves a la concesionaria de Moín. El impacto más ruidoso ha sido el despido de más de 200 obreros.
Un impacto que ha de abordarse no solo en los efectos sociales del cese de más de 200 contratos laborales. También deja al desnudo la incuria y la modorra de las administraciones estatales comprometidas que dejaron pasar el tiempo en actitud de contemplación, sin la responsabilidad de emprender con sentido de urgencia la precisión y acometida de los proyectos de desarrollo regional llamados a neutralizar las secuelas negativas derivadas de la modernización portuaria en punto a empleo. Que para eso están los fondos que gire APM y los compromisos que por ley tiene JAPDEVA y una serie de instituciones más del Estado.
Ninguna región del país tiene una institución específicamente constituida para ocuparse de la promoción del desarrollo socio-económico integral como sí la tiene la Vertiente Atlántica con JAPDEVA desde su aparición en los años sesentas.
¿Y qué? El último Informe del Estado de la Nación le inculpa de carecer de capacidad para resolver los problemas estructurales de la región, con un 26,7% de hogares en pobreza, un 9,2% de desempleo abierto y bajos índices de desarrollo. Claro, no todo fruto de la displicencia de esa Junta pero sí todo lo conectado a los muchos compromisos que le caen por la especialidad orgánica que se le asignó.
Limón, la provincia, la Vertiente Atlántica merece un giro radical en la gestión de las administraciones del Estado, sea la que sea su cometido.
La Corporación DOLE y su subsidiaria Standard Fruit hacen un gran núcleo generador de riqueza y empleo, con impactos importantes en el giro económico y social de la Vertiente Atlántica y del país. La compañía se abrió a facilitar el amortiguamiento del impacto socio económico derivado del cierre de su centro de trabajo. Pero no todos los operadores que transiten hacia APM Terminals van a tener disposición y capacidad para facilitar alivio a la desocupación de quienes terminen quedando sin empleo.
La modernidad está llegando inevitablemente. Y JAPDEVA y todo el aparato estatal deben entenderlo y asumir las responsabilidades a su cargo. No vaya a ser que con sus omisiones y torpezas concurran al estallido de una explosión social y quieran, entonces, tomar la ruta hacia Villadiego una vez que las pillen asando elotes.
(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista
