La búsqueda del incremento de la eficiencia en la función pública del Estado es un argumento economicista y liberal adoptado actualmente para criticar al Estado mediáticamente, desde el propio ente estatal, porque lo imaginan ineficiente, improductivo y derrochador de recursos de la sociedad, y porque en crisis fiscal, se asume erradamente como necesaria la reducción del gasto. Esta es una vieja práctica, sale a relucir en momentos que se busca incentivar el crecimiento económico privado, encubierto y justificado por la crisis en las finanzas públicas, pero también, porque repite lo afirmado por Aristóteles (384 a. C.-322 a C.), hace muchos siglos, con referencia a la economía doméstica, la cual carece similitud alguna con la economía y el capitalismo del siglo XXI.
Una eficiencia estatal entendida como las acciones para obtener un resultado determinado con un reducido y mejor uso de los recursos, en el menor tiempo, es sin duda una concepción fabril de la actuación estatal. La función pública de ningún modo, es la de producir mercancías en procesos mecanizados, tampoco son labores que puedan ser similares a las prácticas privadas con las cuales puedan compararse. Los procesos mecánicos y tangibles en la producción de mercancías en las empresas, no son equivalentes con las acciones de políticas públicas, ni es posible obtener resultados estandarizados en las poblaciones, que no son cosas u objetos inertes. Imaginar a la función pública como una máquina que al aplicarse obtiene los resultados esperados, como si los ámbitos sociales fueran espacios vacíos e inertes, sin determinación de los sujetos ni del contexto que inciden en la vulnerabilidad social. Ello, es una fantasía alimentada por la ignorancia y la crítica infundada.
Las políticas públicas son acciones de Estados que representan el interés social y nacional, los intereses colectivos de la ciudadanía o lo que es común a todos, en razón de la problemática, necesidades y prospectivas ciudadanas. Esto es, las políticas públicas no son acciones de cualquier Estado, ni son decisiones que emanan de dicho ente, son prácticas del Estado Social, Moderno, Nacional o Benefactor, como se le ha denominado en distintos tiempos y sociedades, que son gestadas desde cada sociedad civil. Así, las políticas públicas son concreciones democráticas en la interacción de la sociedad civil con su Estado.
De este modo, no es posible evaluar ni comparar las políticas públicas como si fueran acciones empresariales en los ámbitos del poder privado, las intervenciones estatales buscan compensar los desequilibrios generados en el devenir de una sociedad desigual y contradictoria, como un modo de reproducir la sociedad, no para transformarla, porque ello no puede ser obra del Estado, sino de la sociedad en su conjunto, como lo fue la Guerra Civil de 1948 en el espacio nacional costarricense, la Revolución Americana o la Revolución Francesa. Pero, tampoco son acciones para solucionar o eliminar los desequilibrios, problemas o contradicciones de la sociedad capitalista.
La pobreza, por ejemplo, es una problemática endémica, que podrá paliarse con políticas públicas, pero no para resolverla o erradicarla, pues es consustancial al sistema que la necesita y recrea incesantemente, como también inciden en esa condición, el pasado, el presente, el poder y la cultura de cada sociedad. Asimismo, las políticas públicas están mediadas por los sujetos de la acción social estatal, por los espacios sociales de la pobreza, por las determinaciones económicas y políticas que la originan y los actores e intencionalidades de la intervención estatal. Por ello, es una falsedad gubernamental la pretensión de erradicación de la pobreza, así como, es absurdo pregonar la reducción del gasto para brindar bienestar social o comparar la rentabilidad social de las universidades públicas, frente la rentabilidad de las privadas.
Luego, juzgar como ineficiente la acción estatal, por la persistencia de la pobreza, ante las magnitudes del gasto y el empleo de recursos de la institucionalidad pública, como lo hizo Ronald Reagan en Estados Unidos en 1980 y lo hace Jair Bolsonaro en Brasil del presente, y como también lo supone la Contraloría General de la República de Costa Rica, son simplificaciones contrarias al estado del conocimiento y las evidencias concretas.
De ningún modo, es posible justificar la eliminación, intervención o reducción del gasto social conquistado por la sociedad costarricense, no solo porque trasgrede los derechos, sino porque también agudiza la polaridad social y porque convierte al Estado en un protagonista de la desigualdad y malestar social.
La imagen simbólica de la eficiencia privada, no es equivalente a la eficiencia social de la actuación del Estado. La riqueza privada no es el resultado exclusivo de actos decisorios empresariales, también lo gestan las actividades monopólicas privadas, así como, por el producto del trabajo productivo de sus empleados, por la devaluación de la moneda nacional o las exoneraciones tributarias reales o ilegales de los propietarios, los incentivos a la inversión, entre otras contribuciones estatales. La apropiación de las contribuciones de los otros, para beneficio exclusivo y excluyente, es una regularidad en la individualización de la evaluación de la eficiencia. Así, los resultados de la “eficiencia” son apropiados privadamente, pero no es privada, dado que son originadas colectiva y estatalmente.
La educación superior en Costa Rica es una muestra fehaciente de la eficiencia social de la educación superior pública, no del gobierno, sino de la participación universitaria, ciudadana y estatal en el devenir histórico nacional. El deterioro de los recursos presupuestales para la institucionalidad social y las universidades públicas, por parte de la actual coalición gubernamental, son atentados ilegítimos e inmorales contra la ciudadanía y la sociedad costarricense.
(*) Juan Huaylupo Alcázar, es catedrático en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.
