Acaban de darse a conocer los resultados de la auditoría que destapa el grave estado de inercia y negligencia con que la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública aborda las tareas –importantes y trascendentes- que tiene a su haber esta cartera del Ejecutivo.
Con la inercia y la negligencia asidas de la mano del desdén y la desidia de unos pocos pero poderosos funcionarios, así se gerenciaba una de las más importantes dependencias del MEP en cuyas manos había un presupuesto de 141.000 millones de colones irresponsablemente engavetados para infortunio de los 600 centros de enseñanza. ¿Responderán por aquel estado de cosas que había motivado órdenes sanitarias provocadas por el mal estado de sus estructuras?. ¿Dónde estaban las instancias superiores que no percibieron ni siquiera la existencia de un nocivo ambiente laboral que empañó la marcha de la Dirección y que dejó virtualmente en la calle a tantos estudiantes? Evidentemente, es la expresión de una crisis de valores sin parangón en la sociedad costarricense.
En aquel asalto que destapó la auditoría, aparecieron varios profesionales comisionados para supervisar los trabajos de recuperación de la infraestructura civil de liceos y escuelas, comprometidos más bien en la sangría de las relaciones contractuales labradas al amparo de una obesa cartera de contratos.
Lo destapado fue una mancuerna de intereses espurios con nombres y apellidos que se movían a placer dentro de la Dirección, no precisamente en la ruta de la prestación de un servicio de calidad, con diligencia, calidad y responsabilidad sino en el montaje de presupuestos inflados y contrataciones amañadas, toda una realidad propia de la corrupción donde se abrazan tenebrosos los intereses de funcionarios públicos con los de empresarios privados.
Una auditoría de alta calidad destapó la inmundicia. ¿Por qué no se había hecho antes?. ¿Sería que este auditoraje en esa dependencia del MEP fue rara avis en la administración de los entes del Estado? Los jerarcas honestos de una y otra institución, ¿no deberían imponer como norma de conducta permanente, periódica, autónoma, la ejecución de estas incursiones de la contraloría de cuentas y de ética al mundo de la intimidad de los negocios del Estado?
La experiencia acumulada a lo largo de tantos años nos deja claro que solamente en la jurisdicción electoral este país ha conseguido derrotar la corrupción. Los expedientes referentes a asaltos a las arcas públicas (Fondo de Emergencias, el asalto a los presupuestos de Compensación Social, el Banco Anglo, American Capitales, Aviación Civil, los CAT’s, el cementazo, los fondos de cooperativas y tantos otros más) se propagan con sentido depredador y minan las esperanzas de una sociedad que repudia estas conductas y que siente temor de que el brazo sancionatorio del Estado esté perdiendo músculo.
(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista