San José, 20/5/2019). Defender los Derechos Humanos es una de las ocupaciones más peligrosas del mundo según el informe de la organización Global Witness (1): “Durante 2017, América Latina mantiene el primer lugar en el ranking de asesinatos contra peronas defensoras de la tierra y el medio ambiente. En ese año fueron asesinados, al menos, 207 personas activistas de la tierra y el medio ambiente en 22 países; casi cuatro personas por semana, convirtiéndolo en el peor año del que se tiene registro.
En este contexto las 55 organizaciones costarricenses, adherentes a este comunicado, señalamos la urgencia de adoptar mecanismos para proteger a activistas en materia de Derechos Humanos. Un primer paso podría ser que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de ley contenido en el expediente n.º 19.610.
Para mejorar la seguridad jurídica de las personas que se dedican a la protección de la naturaleza es urgente que se apruebe la “Ley a favor de la protección de activistas de los Derechos Humanos”, la misma propone la inclusión de una serie de artículos que logren salvaguardar de mejor manera la vida de personas defensoras de derechos humanos que estén en riesgo. El proyecto ya fue dictaminado en la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y está a punto de vencerse el plazo cuatrienal, por lo que está en peligro de ser archivada.
La reforma al Código Penal en el Expediente 19610 propone:
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que a quien mate a una persona defensora o activista en amparo y promoción de los derechos humanos se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años;
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la pena de prisión será de cuatro a diez años a quien prive a otro de su libertad personal un defensora o activista en amparo y promoción de los derechos humanos;
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serán consideradas víctimas las personas que de manera pública y notoria sean reconocidas como defensoras o activistas de los derechos humanos establecidos y garantizados en los instrumentos del Derecho Internacional Público ratificados y vigentes en el país, cuando en los delitos contra uno o varios de sus integrantes el móvil sea su condición de activistas o defensores.
La resolución A/RES/53/144 de la Asamblea de las Naciones Unidas ha señalado la obligatoriedad de los Estados a proteger a los defensores y defensoras. Esta resolución obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de toda persona frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de su rol como defensor o defensora de los Derechos Humanos (2). Pese a esta orden de la ONU nuestro país sigue incumpliendo esta disposición internacional, pero los jerarcas del Estado costarricense venden al país como uno que respeta los derechos de todas las personas, cuando en realidad está muy lejos de esta meta, así lo dejó claro el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recientemente en un informe (3).
Es alarmante el aumento de casos de agresión, amenazas, acoso, hostigamiento, judicialización y hasta asesinatos de personas defensoras de Derechos Humanos en Costa Rica. Lo anterior con el agravante de que la mayoría de los casos quedan sin consecuencias para quienes comenten estos crímenes.
Recientemente el caso del indígena bribri, Sergio Rojas Ortíz, asesinado cerca de la medianoche en su casa de 15 disparos el pasado 18 de marzo en el Territorio Indígena de Salitre (4), debería de ser motivo suficiente para que los 57 diputados aprueben el expediente legislativo 19.610 para proteger la vida de activistas de los Derechos Humanos.
Otro ejemplo que existe es la impunidad que gozan los actores intelectuales del asesinato de Jairo Mora -hoy en su sexto aniversario- pone en perspectiva la urgencia de la protección legal de personas defensoras de los Derechos Humanos y de la naturaleza. Casos paradigmáticos como este crimen o las muertes aún no esclarecidas de Oscar Fallas, María del Mar Cordero y Jaime Bustamante en 1994; posteriormente el hallazgo del cuerpo sin vida de David Maradiaga 7 meses después. En su gran mayoría los autores materiales e intelectuales de estos crímenes quedan en la impunidad.
Señalamos que varios mecanismos de derechos humanos le han recordado a Costa Rica que es su deber brindar protección a quienes protegen los derechos humanos tal y como ocurrió en el pasado Examen Periódico Universal de este 2019 (5) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) en el 2017; inclusive es contradictorio que nuestro país ha liderado el proceso del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (conocido como Acuerdo de Escazú)(6) y aún así no tome medidas propias para proteger a los activistas por los Derechos Humanos.
En el mes internacional del ambiente solicitamos a los diputadas y diputados proteja a quienes protegen los derechos humanos y la aleznara. Que se salvaguarde la vida de aquellas personas que cuidan La Vida. Es urgente que se mantenga vigente dentro de la corriente legislativa y se vote afirmativamente el expediente legislativo 19610 para dar protección a personas defensoras de Derechos Humanos.
Organizaciones Adherentes a la petición por orden alfabético:
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ACCEDER
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Asociación Ambientalista Sula
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Asociación Ciudadana ACCEDER
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Asociación Costarricense de Derechos Humanos ACODEHU
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Asociación Costarricense de Personas con Discapacidad Visual
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Asociación de Estudiantes de Manejo de los Recursos Naturales
- Asociación de Estudiantes de Trabajo Social
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Asociación de Desarrollo Sostenible LGTBI Costa Rica
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Asociación Ecologista de Desamparadeña-ASECODES
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Asociación Voces Nuestras
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Asociación Yara Kanic
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Bloque Verde
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Centro de Amigos para la Paz
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CEP Alforja
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CoecoCeiba Amigos de la Tierra
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Colectivo Autónomo Estudiantil y Popular El Quilombo
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Colectiva Lésbica Feminista Irreversibles
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Colectivo Geografía Crítica 24 de Abril
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Colectivo Radio Machete
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Comisión de Ambiente y Turismo de Coto Brus
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Comisión Defensora de los Ríos Convento y Sonador
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Comité Cívico Agropecuario de Coto Brus
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Comité Nacional de apoyo a la Autonomía Indígena
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Confederación Unitaria de Trabajadores CUT
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Coordinada Ni Una Sola Mina
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Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI)
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Diwö Ambiental
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El Movimiento Aborto Legal Costa Rica
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Era Verde – Canal 15 – UCR
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Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON)
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Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional
- Femiamor
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Frente Ecologista Universitario (FECOU)
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Frente Ecologista del Tecnológico de Costa Rica (FETEC)
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Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI)
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Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera (FRENASAPP)
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Frente por los Derechos Igualitarios (FDI)
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Grupo de Apoyo a Familiares y amigos de la Diversidad Sexual
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Hablando de Derechos Humanos
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Iglesia Luterana
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Jaguarundi colectivo ecológico
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Justicia y Paz Integral de la Creación (JPIC) Familia Franciscana.
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Las Rojas
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Movimiento Diversidad Abelardo Araya
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Movimiento Ríos Vivos
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Mujeres en Acción
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Nuevo Partido Socialista Ya Basta
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Peras el Olmo. Alianza de Colectivos Feministas
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Proyecto Somos Más
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Red de Coordinación en Biodiversidad
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Red de Mujeres Rurales de Costa Rica.
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Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia
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REDICA
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Reflexión en Acción
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Ríos Libres Turrialba
- The Handmaids Costa Rica.
Notas:
1) Nueva información revela que 197 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han sido asesinadas en 2017.https://www.globalwitness.org/
2) Resolución de ONU sobre protección de defensoras de derechos Humanos. https://www.ohchr.org/SP/
3) Costa Rica hará un exhaustivo análisis de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU informa-tico.com/17-05-2019/
4). Sergio Rojas: https://semanariouniversidad.
5) Examen Periódico Universal de Costa Rica (2019)
6) Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) https://www.cepal.org/es/
Centro internacional para los derechos humanos de MIGRANTES y Refugiados…CUDEHUM