Hoy en día, la violencia forma parte del diario vivir de la población latinoamericana y se encuentra impregnada en el ADN de los Estados, acaparando de esta manera un espacio privilegiado dentro de la agenda de diversos organismos de integración en la región o al menos así debería de ser.
De acuerdo con un estudio en el cual se toman en cuenta todas aquellas ciudades con una población mayor a los 300.000 habitantes, realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, durante el año 2018 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo 43 se encuentran localizadas en territorio latinoamericano, 15 de ellas ubicadas en México y 14 en Brasil siendo los dos países con mayor cantidad de ciudades en dicho Ranking. La ciudad de Tijuana encabeza la lista con un total de 138,26 asesinatos por cada 100.000 habitantes, seguida por Acapulco con 110, 50 y Caracas la capital venezolana con 99,98 asesinatos.
Sin duda, la violencia va en aumento en aquellos conglomerados urbanos, donde la desigualdad social, la falta de educación, la pobreza y por supuesto el hambre, agobian la población de ciudades donde la falta de oportunidades empuja a las personas a tomar el camino violento, que en muchas ocasiones es ofrecido por aquellas organizaciones criminales como el narcotráfico.
El quehacer de los Estados
Desde el norte hasta el sur del continente americano, la situación de inseguridad afrontada por la población cada vez es más preocupante, los jóvenes en lugar de encontrarse en un aula para convertirse en los futuros profesionales del país, se encuentran en las calles, convirtiéndose en sicarios, asaltantes y los más viles criminales que agobian la región.
Por tanto, el quehacer del Estado se debe enfocar en brindar oportunidades para los ciudadanos, mayor educación y más seguridad alimentaria y nutricional, esto mediante la elaboración de políticas públicas que busquen el bienestar de la población que presenta un mayor índice de vulnerabilidad. De igual forma el accionar de los organismos regionales debe enfocarse hacia la implementación de una Cooperación Sur-Sur que busque contrarrestar los efectos negativos y el incremento de la violencia urbana en la región latinoamericana, mediante el intercambio de experiencias entre aquellos países que tienen los índices de criminalidad e inseguridad más bajos de la región, mediante una cooperación regional efectiva, los países pueden compartir buenas prácticas que brinden las herramientas necesarias para combatir el accionar de los grupos delictivos y las redes de tráfico de personas, armas y drogas.
También los Estados latinoamericanos tienen la responsabilidad de devolverle a su población la seguridad que merece, y asegurarles que podrán caminar por las calles sin temor a ser abordados por el hampa y perder lo poco o mucho que tienen, o hasta su propia vida.
Por otro lado, Costa Rica, aunque no es un país con grandes conglomerados poblacionales y, a pesar de que ninguna de sus provincias figura como una ciudad peligrosa, debe mejorar en materia de seguridad y lograr disminuir los índices de criminalidad y homicidios que se viven hoy. Los ciudadanos costarricenses y los latinoamericanos en general, tienen el derecho a sentirse seguros y a tener las condiciones necesarias que les garanticen una vida digna.
(*) Kimberley Tatiana Contreras-Castro, Estudiante de la Licenciatura en Política Internacional, Universidad Nacional de Costa Rica.