De cal y de arena
Javier Chaves, el principal personaje del entramado financiero en el que figura la corporación Aldesa como indiciada por sus clientes bajo la sospecha de armar un esquema piramidal de estafa, se libró por lo pronto de ir al “tabo”. Como medida cautelar la autoridad judicial que conoció estas primeras incidencias le impuso veda a sus viajes al exterior y firmar cada cierto tiempo en el correspondiente registro donde se corroborará que se mantiene en el país.
Esa autoridad judicial considera que el controvertido ciudadano es una persona con arraigo domiciliar, familiar y laboral, que no ha dado muestras de querer evadir por fuga la acción de la justicia y que ha evidenciado su disposición a responder a las diligencias de los investigadores y de los tribunales. De ahí su resolución: se le prohíbe viajar al exterior y debe firmar el registro.
Está bien, visto ese entorno conductual, apelar a medidas precautorias alternas.
Este pequeño pero importante detalle me retrotrae a los incidentes en que se vieron envueltos los ex presidentes de la República, Rodríguez Echeverría y Calderón Fournier. Y cito de primero a don Miguel Ángel porque fue público y notorio que él pronta y voluntariamente retornó al país para dar la cara a los incidentes en que se le involucraba y responder a la indagatoria de las autoridades. Del mismo modo que procedió don Rafael Ángel, quien en ningún momento evidenció propósito de fuga o intención de frustrar la actividad procesal del Poder Judicial.
Sin embargo, ambos sí fueron encarcelados y sometidos a tratos vejatorios en aquella fase de diligencias indagatorias. A Rodríguez –aún bajo el amparo del fuero que le proveía ser Secretario General de la OEA- la soldadesca delegada para “recibirle” en el aeropuerto le trató de la peor forma, con un aparatoso despliegue de prepotencia a la medida de la montada transmisión mediática.
A más de un ciudadano le han aplicado parecida dosis de cicuta siendo sus casos, así también, de conductas contra la hacienda pública o delitos no de sangre.
Viene esta reflexión, no porque quiera ver a Javier Chaves tras las rejas a estas alturas del proceso en una medida característicamente propia de una interpretación represiva de la ley. Lo que se impuso no traza como un acto abusivo por desproporcionado.
Otros lo interpretan como una deriva procedente del entorno marcado por la proximidad de figuras políticas y por poderosos intereses financieros. De ser así. esto sería muy grave.
Especulación que también cabe en los casos de Calderón y Rodríguez. Que al fin y al cabo, con independencia del resultado final de sus procesos, tuvo un coletazo muy claro: a ambos los “quemaron”, los sacaron del arco político nacional. Y en aquel río revuelto –artificiosamente revuelto, agitado mediáticamente también- sus espacios fueron llenados por otros, por cierto, interesados en apoderarse de la estructura partidaria para copatrocinar la desviación del rumbo del Estado, de la sociedad nacional y de la Unidad Social Cristiana. Quizás por allí ande la respuesta a la pregunta del por qué el país está como está.
(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista
Entiendo su argumento.Pero en este caso, el gran problema para los acreedores seria que Aldesa fuera declarada en quiebra.Si se diera ese caso los inversionistas perderían sus ahorros.Se los llevan curadores, abogados ,bancos etc.Ahi esta el dilema.
Contrario a los expresidentes , es Aldesa la que busca a los Tribunales y les pide acompañamiento para hacer liquidas las inversiones en tierras y poder pagar.Lo lograran con una situación económica del país,y causas penales abiertas ? No se, será difícil ese trabajo.
Pero ese es un asunto de inversionistas privados, con un ente privado, que recibieron por años dividendos de los proyectos que hoy alegan desconocer.Deben actuar con la cabeza fría y no con el hígado,pues sino se quedan sin Ines y sin el retrato.
Alvaro estoy muy de acuerdo con su comentario La manera de proceder con don Javier es la correcta, aunque por supuesto para de verdad ser correcta debió eliminarse el show mediático al que no han acostumbrado los órganos policiales y la fiscalía (expresamente prohibidos por el artículo 9 del Código Procesal Penal que ni la Corte ni la Sala Constitucional se preocupan por hacer cumplir) Lo inteligente de los inversionistas sería favorecer la intervención judicial pedida por Aldesa para tratar de recuperar sus dineros. Lo que se hizo con don Rafael Angel y conmigo es totalmente violatorio del debido proceso y de los derechos humanos. En mi caso así lo constató la Sala IV, la Inspección Judicial y los tribunales en La Audiencia Preliminar y en mis sentencias absolutorias. Gracias Alvaro por su comentario