La “ola verde” registrada durante las elecciones europeas del 26 de mayo debería dar un nuevo impulso a Europa. La fuerte movilización de los jóvenes por el clima me da una esperanza especial para el futuro. En Francia y Alemania, los Verdes fueron el partido de mayor rango entre los 18-34 en esta elección. Y aunque los estudiantes de secundaria todavía no pueden votar, ya están expresando su voluntad de defender su futuro en las calles durante las marchas climáticas. Dado que mi mandato como diputada europea termina, quiero decirles a estos jóvenes movilizados que les corresponde a ellos tomar el relevo. También quiero decirles que no habrá revolución verde sin justicia fiscal.
En primer lugar, porque existe un vínculo directo entre la degradación del medio ambiente y la evasión fiscal. Tomemos como ejemplo la pesca o la tala ilegal. Es evidente que los ingresos procedentes de este tráfico no se invierten en las cajas de ahorros, sino que se ocultan en paraísos fiscales. En segundo lugar, los Estados deben disponer de más recursos para financiar la transición ecológica que pedimos y, por esta razón, las multinacionales deben pagar la parte que les corresponde de los impuestos.
Debemos poner fin a las estrategias agresivas de optimización fiscal que les permiten no pagar impuestos a pesar de los beneficios récord. El hecho de que Google, por ejemplo, haya podido transferir 19.900 millones de euros a las Bermudas en 2017 a través de una empresa fantasma holandesa es indignante. La evasión fiscal le cuesta a América Latina, el equivalente de 6,7% del producto interno bruto total.
Durante diez años, en el Parlamento Europeo, he hecho de la justicia fiscal una prioridad para mi trabajo. Hoy dejo mi puesto con una mezcla de satisfacción y amargura. Primero la satisfacción, porque hemos conseguido victorias importantes. Los informantes, que defienden el interés general arriesgando sus propias vidas, se beneficiarán ahora de la protección europea. También me complace que la Unión Europea haya abordado finalmente el papel central que desempeñan los intermediarios -como los bancos y los abogados fiscales- en el sector de la evasión fiscal. A partir de ahora, tendrán la obligación de transmitir a las autoridades los planes que preparen en nombre de sus clientes.
Sin embargo, la amargura está ahí, porque todavía queda mucho por hacer. La propuesta de transparencia para las multinacionales sigue estando bloqueada por los Gobiernos de los Estados miembros, pese a que nosotros tenemos el derecho a comprobar que estas empresas pagan sus impuestos en los lugares en los que realmente hacen negocios.
Sobre todo, lamento que Europa no haya adoptado todavía la fiscalidad unitaria de las multinacionales, considerándolas como una entidad única -lo que en realidad son- y no como una multitud de las llamadas “filiales independientes”. Esto pondría fin a la manipulación que permite a las empresas declarar sus beneficios donde quieren, con el único propósito de no pagar casi ningún impuesto.
Este sistema, que beneficia a un puñado de Estados tramposos de la Unión Europea -en particular Irlanda, los Países Bajos y Luxemburgo- perjudica a todos los demás. También compromete nuestra responsabilidad hacia los países en desarrollo. Por ejemplo, la Red de Justicia Fiscal acaba de revelar que el gigante del tabaco British American Tobacco declaró artificialmente parte de sus beneficios en una filial británica, donde está exenta de impuestos. Si no cambia nada, la empresa evitará pagar 625 millones de euros en 2030 a Bangladesh, Indonesia, Kenia, Guyana, Brasil y Trinidad y Tobago. Sin transparencia ni impuestos unitarios, las multinacionales podrán seguir saqueando a los países del Sur.
El 31 de mayo, en París, 129 países coincidieron en la necesidad de cambiar las normas fiscales mundiales y evitar que las multinacionales declaren sus impuestos donde quieran. En otras palabras, aceptan la tributación unitaria, que defendemos en la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), y es una revolución. Por supuesto, las batallas políticas no han hecho más que empezar, porque los intereses divergen considerablemente entre los 129 estados.
Durante diez años he defendido la visión de una Europa más justa. Una Europa que ponga fin a la impunidad de los poderosos. He actuado en favor de una Europa que defiende el interés general y no las multinacionales. Por un futuro más unido y sostenible. También es hora de que los países en desarrollo se sienten a la mesa y hagan oír su voz.
(*) Eva Joly fue diputada al Parlamento Europeo durante diez años. Es miembro de Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT).