El presidente perdido en un laberinto

De cal y de arena

Cuando apenas sobrepasa el primer año de su mandato, el presidente Alvarado Quesada da preocupantes señales de extravío en un laberinto cuya salida no encuentra. Ha perdido la comprensión de lo que es la gestión de gobierno y por consecuencia, la capacidad de corregir lo que hay que corregir y de construir lo que está pendiente, por cierto plagado de retos económicos, sociales y políticos.

Después del accidentado trámite de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, gracias a la forja de apoyos políticos y logísticos logrados con el concurso de diversas corrientes partidistas y también de importantes poderes fácticos, el presidente Alvarado facilitó la toma de importantes decisiones dirigidas a oxigenar las diezmadas rentas fiscales y a cerrar el cerco de la evasión y la ilusión. Pero dejó “para después” el ingente trabajo de depuración y saneamiento del gasto público, un fallonazo que pronto le sacó factura. Principalmente por el flanco de quienes sin ser de “Acción Ciudadana” se jugaron el pellejo en el trámite de la Ley 9635, convencidos de la impostergable solución a los problemas de un grave déficit fiscal y una peligrosa sumatoria de gastos dispendiosos, en gran medida construidos en obsequio de granjerías y favorecimientos.

Pasada la huelga, una vez emitida esa ley y aquilatada la cruda realidad de la actividad económica, la deuda pública, el desempleo, la pobreza y la desigualdad al rojo vivo, un gobernante con los atestados de buen político habría tenido bien en claro que había llegado el momento de las decisiones heroicas.

No sucedió así: Alvarado carece de colmillo político y no supo interpretar correctamente los hechos. Dejó “para después” la toma de decisiones inaplazables, dejó escapar tiempo valioso y facilitó el reacomodo táctico y estratégico de los poderosos y ambiciosos grupos de presión decididos a defender a toda costa los gravosos (y sabrosos) privilegios derivados de leyes y convenios colectivos de trabajo tramitados por la gracia de complacientes administradores de la cosa pública.

¿Habrá entendido el presidente Alvarado Quesada que en política no se debe facilitar el rearme del adversario?

Era la oportunidad que estaban esperando los diestros zorros de la “albinocracia”, apaleados pero no muertos. A partir de allí, reconstruidos sus arsenales y reactivadas sus convicciones ideológicas, lo que seguía era desafiar al gobierno, arrodillar a un presidente que había dejado ver debilidad de carácter,  lentitud para digerir los hechos y carencia de “malicia indígena” que en política solo los años en la brega dan.

Había llegado la hora precisa y preciosa para la toma de decisiones: unos la aprovecharon porque la entendieron; otros no. Los que la aprovecharon, apelaron a una valiosa herramienta de lucha –muy cuestionable éticamente, por cierto-: echaron mano al efecto disuasivo, atemorizador y venenoso del cierre de los accesos a liceos y escuelas, del bloqueo de carreteras y líneas de exportación y -perversamente- de las líneas vitales de los servicios hospitalarios. Suficiente pócima para aterrorizar los centros de poder del gobierno.

Así, quienes habían jurado cumplir fielmente el mandato de la Constitución Política y de las leyes de la República, agacharon la cabeza y pisotearon los contenidos y alcances de ese juramento.

Requirió corto tiempo confirmar que el Presidente de la República es susceptible al terror que persiguen las tácticas terroristas. Entre otras evidencias de su flojera están la cabeza servida en bandeja del Ministro de Educación, las concesiones a la insaciable voracidad salarial de los dirigentes sindicales de la Caja del Seguro Social, y la flacidez de los mandos policiales enfrentados a los cierres de carretera, como lo advirtió una sentencia de la Sala Constitucional.

La errática marcha de Alvarado ha significado una grave devastación de la ya de por sí diezmada plataforma política de este su gobierno: la anemia derivada  del dictado de las urnas, de la conformación de su equipo de trabajo y de su falta de liderazgo, la dispersión de sus impulsos en más de un caso con sentido contradictorio, van a pesar mucho en la gestión restante de su gobierno.

¿De qué le vale repasar la agenda pendiente para sanear las finanzas públicas, para reactivar la economía, para reconstruir la infraestructura vial, para devolverle calidad a la educación, para erradicar la ineficiencia del aparato burocrático estatal, para retomar la responsabilidad en el emprendimiento laboral del empleado público, para trabajar –en fin- en tantísimos campos en los que se requiere indeclinablemente que el ciudadano CONFÍE en su gobernante, siendo que el elemento confianza está hecho trizas?

Y todo en momentos en que, como lo describió (en La Nación, 21/08/2019) la Contralora General de la República, Marta Acosta, “los síntomas de la crisis son muchos: alto nivel de desempleo, una economía desacelerada, desigualdad social creciente, situación fiscal sensible, un elevado déficit fiscal que muestra cifras poco sostenibles en el contexto actual (el Banco Central prevé que en el 2019 la deuda del Gobierno Central cerrará en un 59.1% de PIB)”.

El Presidente Alvarado está extraviado en un laberinto. No encuentra la ruta de salida,  marcha al tanteo, en un zigzagueante movimiento de avance y retroceso. Él mismo se ha encargado de devastar la figura del Jefe de Estado y de fragilizar su propia capacidad de convocatoria allí donde le precisan los apoyos políticos.

Está surgiendo la percepción de buena parte de los ciudadanos de que marchamos hacia un virtual estado de caos.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista