En los últimos años nuestro país ha venido atravesando un proceso de cambio en materia de políticas públicas y modificaciones regulatorias, que inciden tanto a nivel nacional (sobre la gran mayoría de la población costarricense), como también sobre determinados sectores, quienes han alzado su voz contra estas modificaciones a través de las vías de hecho, o lo que llamaremos aquí poderes de facto. En este sentido cabe mencionar que sólo entre los meses de mayo de 2018 y julio del 2019, la población costarricense tuvo que afrontar un total de 871 manifestaciones de estos poderes de facto; 695 más que en el año de 2017, donde se registró suma de 176, según lo contabilizado por el Programa de Estado de la Nación. Si analizamos estas cifras tenemos que para el periodo transcurrido entre los meses de 2018 y 2019 indicados, existió un promedio de 62,2 % de manifestaciones por mes, es decir casi a una tasa de dos manifestaciones diarias. Una cifra que a todas luces resulta alarmante, para un país cuya población no supera los 5 millones de personas. Ya lo advertía el filósofo español José Ortega y Gasset, desde 1929, en su libro “La rebelión de las masas”, cuando sostenía: “Hoy asistimos al triunfo de una hiperdemocracia en que la masa actúa directamente sin ley, por medio de materiales presiones, imponiendo sus aspiraciones y sus gustos”. Es evidente que aun y cuando hayan pasado casi nueve décadas desde que esto fuera señalado por el ensayista español, la vigencia de su enunciado resulta incuestionable. Lo cierto es que Costa Rica, ha tenido que afrontar en los últimos dos años un crecimiento desmedido de las manifestaciones y protestas, que se han convertido en un mecanismo cuasi prescriptivo de oposición a todo aquello que por asomo parezca que pueda afectar los intereses de un determinado sector, aún y cuando esto implique la desatención, y afectación sectores desprotegidos de la población.
Bajo eslóganes del tipo de “debemos defender (¿a ultranza?) nuestros derechos (¿privilegios?)”, de que “no dejaremos que nos silencien”, de que “debemos luchar contra la clase opresora”, así como cualquier otra estratagema o silogismo de índole emotivo/populista, tendiente a exacerbar los ánimos del colectivo, presentan una apología a estos principados autonómicos dentro de un país, donde la igualdad y la equidad es defendida salvo cuando esta implique una afectación a mis intereses. Bajo estos cánones y en defensa de una “libertad plena”, se corre el riesgo de caer en un relativismo ético, que sin una ley moral objetiva (más que la de la defensa de mi propio interés, incluso sobre el de los demás), caigamos en legitimar y defender nuestra propia ley, donde por arte de birlibirloque, convirtamos en correcto aquello que se desea (a cualquier costo). Es decir, como sirve a mis intereses y propósitos es lo correcto y así debe hacerse, una suerte de “wishful thinking” o pensamiento mágico a dualista legitimador del accionar del colectivo.
Una vez establecido esto, valdría la pena cuestionarse algunos de los fenómenos populistas críticos que ha establecido este poder de facto a manera de apología de lo que consideran sus derechos, sin profundizar en el tema de si estos les asisten o no, a efectos de determinar si efectivamente hemos caído en esa hiperdemocracia sobre la que nos advertía Ortega y Gasset, en donde a través de las vías de hecho e incluso en ocasiones a costa de la propia legalidad (en sentido amplio), se busca alcanzar el objetivo de un determinado colectivo.
Tomemos como ejemplo el tema de la huelga en los servicios de salud, un tema álgido y complejo, donde la discusión ha girado en torno al tema de si el servicio que brindan los centros de salud se considera como esencial, de serlo en qué medida lo sería, y por consiguiente la ilegalidad sancionada por la ley, que imposibilitaría a los pertenecientes a dicho régimen a ejercer un derecho a huelga legalmente.
Si bien es cierto, al momento de la publicación del presente artículo ya se le dio primer debate en la Asamblea Legislativa al proyecto de ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos (expediente legislativo 21049), lo cierto es que esto si bien resulta un acercamiento a la “solución” en cuanto a incluir los centros de salud o no como parte de los servicios esenciales de forma expresa, como ya sucedió de forma efectiva desde el pasado 30 de agosto cuando entró a regir el artículo 376 del Código de Trabajo que prohíbe las huelgas en comedores y albergues que atienden a poblaciones en condición de vulnerabilidad, lo cierto es que esto no representa una solución real al tema en disputa, sobre el uso de las vías de hecho como medio de imposición coactiva de la forma de pensar de unos sobre otros. Según la nueva redacción del artículo 376, se consideran servicios públicos, las labores que desempeñan los trabajadores en la nutrición o la salud pública, como por ejemplo el Programa de Alimentación y Nutrición Escolar y del Adolescente (Panea), los albergues del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), los servicios de comidas servidas y de distribución de alimentos para el consumo en el hogar de la población materna infantil que brinda la Dirección Nacional de CEN-CINAI, además de todo comedor o servicio de alimentos, en la atención a poblaciones vulnerables. Ahora bien, según se indicó anteriormente, si bien a raíz de un esfuerzo importante del aparato legislativo de dotar protección a un sector en abierta condición de vulnerabilidad, como el descrito, cuya condición se ve incrementada ante un tema de huelga (por ejemplo en la huelga que se llevó a cabo en el 2018, el 39% de los comedores escolares se mantuvieron cerrados), lo cierto es que en la práctica dicha solución si bien constituye un buen inicio, lamentablemente se ha quedado corta y no ha logrado contribuir a la disminución de este fenómeno, al punto de que el pasado 2 de setiembre, fecha en que inició la huelga intermitente de profesores, en apoyo a esta, 161 comedores estudiantiles no brindaron el servicio de alimentación como medio de presión. Lamentablemente, a través de los años se ha evidenciado como un elemento de presión social fuerte, tendiente a inclinar la balanza a favor de la protesta el efectuar movimientos que incidan contra temas económicos y de sensibilidad social importantes para lograr los resultados propuestos. Por ejemplo, en el tema de los servicios hospitalarios, a raíz de los movimientos de huelga alrededor de 80.000 citas y 2.000 cirugías fueron canceladas. De hecho, el tema de la afectación en los servicios de salud fue de tal magnitud, que llevó a la administración de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), a verse en la necesidad de celebrar un acuerdo con los sindicatos, aun a pesar de que este pudiera presentar vicios de legalidad considerables, en virtud de los alcances de lo acordado. En este sentido, la propia Contraloría General de la República en su oficio DFOE-SOC-0907, del 5 de setiembre de 2019 le ordenó a la Junta Directiva de la CCSS y a su presidente ejecutivo, contrario a lo sostenido en los acuerdos establecidos con los sindicatos, aplicar el Título III de la Ley de Fortalecimientos de las Finanzas Públicas. Nº 9635, en las condiciones, términos y plazos establecidos en dicha norma. Así como también les ordenó, abstenerse de la celebración de un proceso de lesividad, puesto que los acuerdos de febrero y agosto de 2019, celebrados con los sindicatos, no constituyen actos administrativos declaratorios de derechos.
Sin lugar a duda, esta llamada de atención del órgano contralor a la CCSS, no debe pasar desapercibida, y debe servir de fulcro para analizar las dimensiones a las que ha llegado la apología del poder de facto en el aparato administrativo del país, al punto de que se ha vuelto un elemento de tal importancia, que ha llevado al establecimiento de acuerdos entre la Administración Pública y un sector colectivo, incluso en desmedro de la implementación de una ley de la república. Es evidente que nuestro país se encuentra afrontando una coyuntura que debe invitar a la reflexión sobre la forma en cómo estamos haciendo las cosas, a nivel público. Retomando al célebre Sun Tzu, en su aclamada obra “El arte de la guerra”, no hay ningún país que se haya beneficiado por guerras prolongadas, y en el caso costarricense, si bien tiene la dicha de no contar con un ejército, lo cierto es que al haber sido cambiados los espacios de discusión pública, por una filosofía de tomar las calles y la imposición de criterios mediante el uso de la fuerza, es evidente que nos encontramos en un conflicto con elementos propios de una guerra, cuyo mantenimiento en el tiempo implica un desgaste multimodal para el país, que como bien lo señala Sun Tzu, no implican un beneficio para el país como tal. Téngase presente que, según estimaciones de cámaras empresariales e instituciones públicas al 4 de octubre de 2018, después de 24 días de huelga promovida por los sindicatos contra la ley que buscaba establecer una reforma fiscal, se habían presentado pérdidas de treinta y dos mil trescientos cincuenta y cuatro millones de colones (₡32.354.000.000) en los cálculos de los costos se incluyen costos de daños, gastos extraordinarios y dinero dejado de percibir a causa de bloqueos en las vías, cese de labores y otras acciones del movimiento. En el caso de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), esta reportó que solo las afectaciones generadas en el plantel de Moín producto de este movimiento, le costarían cuatro mil seiscientos millones de colones (₡4 600 000 000). Y esto sólo por mencionar datos de la afectación económica producto de unos de los movimientos que han existido en los últimos años, pues resulta por demás dificultoso poder dimensionar la afectación que, a nivel sociológico y psicológico, han sufrido las personas afectadas por los movimientos que han suspendido la operación de los centros de salud, alimentación y albergue del país.
Una vez señalado lo anterior, la invitación a la reflexión está hecha para todos nosotros, ya sea que creamos o no que estamos en presencia de la hiperdemocracia señalada por Ortega y Gasset, o que nos encontremos promulgando una defensa de un determinado poder de facto congruente con mis intereses o no. Lo cierto es que el reto se encuentra en buscar alternativas que propicien no sólo el diálogo efectivo, teniendo claro que toda negociación, salvo en casos excepcionales, implica un costo de oportunidad marcado por la intersección de intereses de las partes involucradas, sino que también buscando el establecimiento de propuestas y soluciones viables, que busquen un beneficio adecuado a las necesidades y retos de la sociedad costarricense, tanto la actual como la del futuro. El país hoy más que nunca, necesita de más estadistas, ubicados en puestos determinantes de decisión, que permitan construir la Costa Rica, que anhelamos y en la que todos merecemos vivir. Sólo mediante un replanteamiento en la forma de hacer las cosas, y la construcción integrada e integradora de políticas públicas, es que podremos hacerle frente al reto que tenemos por delante de transformarnos en una sociedad que no sólo sea crítica sino también propositiva
(*) José Andrés Meza Villalobos, Estudiante Doctorado en Derecho, Universidad de Costa Rica.
Ciertamente el adagio popular que reza “mis derechos terminan donde empiezan los de los demás”, lleva razón en el sentido de que, bajo ningún argumento o posición podría justificarse el atropello de las libertades de una colectividad en defensa de las mías propias. No obstante, desde la constitución política se encuentra un límite infranqueable para ello en el artículo 28 que prohíbe la persecución por manifestación de opiniones ni actos que no infrinjan la ley. Entonces, en una democracia como la costarricense, tan válido es mi derecho de expresarme y manifestarme públicamente (siempre que no vulnere el ordenamiento jurídico), como el del resto de personas de circular por vías, ser atendidas en centros de salud público, recibir educación, etcétera.
De notar que en el texto en comentario se refieren estadísticas sobre la cantidad de manifestaciones entre mayo de 2018 y julio de 2019 en nuestro país, pero no se indica ahí si tales movimientos han sido pacíficos y organizados o si, por el contrario, ha mediado violencia en ellos o infracciones a la ley como para pensar en una restricción impuesta desde el legislativo para un derecho fundamental.
En ese entendido, podrían plantearse como interrogantes las siguientes: ¿cuál es la vía adecuada para lograr la coexistencia de las garantías de todas las partes involucradas?, ¿una manifestación pública y pacífica por un tema de interés de un grupo debería ser siempre objeto de sanciones y restricciones en una democracia?, ¿quién tendría la legitimación suficiente para decidir cuándo una lucha versa sobre un privilegio o si, por el contrario, es un derecho?, ¿toda huelga significa una pretendida imposición de criterio de un grupo o, más bien, podría tratarse de una forma de presión social encaminada a visibilizarse y encontrar una respuesta de las altas esferas en procura de un interés de un colectivo? Ya lo indica el autor, existen normas laborales que pretenden el análisis de cada caso en particular cuando se cuestiona la ilegalidad de un movimiento de esa naturaleza y, entonces, ¿podrían generalizarse los escenarios para ser comprendidos por una ley adicional que limite el derecho a manifestarse?, ¿es esa la solución?, pero antes de esta última pregunta: ¿es el derecho a huelga un problema por solucionar? y ¿problema para quién?
Con todo esto lo que trato de poner en discusión es si realmente la regulación actual del ejercicio del derecho a la huelga es insuficiente o más bien si, detrás de ese afán por mermarlo, lo que existe son intereses políticos e ideológicos de cara a la imposición de un modelo social, legal pero, sobre todo, económico.
Sin lugar a duda, las cuestiones planteadas resultan por demás interesantes. Interrogantes como ¿cuál es la vía adecuada para lograr la coexistencia de las garantías de todas las partes involucradas?, presupone que existiera una vía adecuada, la pregunta es si realmente la hay, y si en el contexto y las condiciones dadas puede implementarse en una sociedad como la nuestra. Por su parte, la segunda inquietud, me parece que que pasa por el tamiz de la definición de democracia que se pretenda defender, bajo el entendido de que normalmente, y así ha sido desarrollado por los tribunales de la materia, la manifestación, pública y pacífica, mientras mantenga estas condiciones, se encontraría inmersa en el derecho de la libertad expresión. La pregunta radica en el tema del carácter «pacífico» del movimiento, de manera que si lo homologamos a una situación «carente de violencia», nos encontraríamos con que siempre para el sector que inevitablemente se ve afectado por el movimiento, éste no sería legítimo ni aceptable, en el tanto «violentaría»,en mayor o menor medida, un derecho (en sentido amplio) del cual este se crea titular. Por otro lado, la invitación a reflexión realizada, deja importantes consideraciones, pues lo cierto es que como, acertadamente, manifiesta la comentarista, el tema sobre la determinación de ¿quién tendría la legitimación suficiente para decidir cuándo una lucha versa sobre un privilegio o si, por el contrario, es un derecho?, es un tema complejo, cuya respuesta debe pasar por un análisis profuso del tema bajo a la luz del concepto de democracia que se busque defender.
Pura paja
Refiérase por favor ilustró al NEOCORPORATIVISMO cuyo abanderado es el tal Charly
En el continuo amanecer de nuestra democracia, se ve el amanecer de un nuevo sol sobre el horizonte: el sol de la censura. El derecho a la protesta es resaltado con un una retórica negativa impulsada por los que más fuertes quienes pueden ejercer presión sobre los que legislan. En Costa Rica la mayoría de huelgas fueron pacíficas, sin violencia. Publicar estadísticas de la Policía en esa cuantiosa cantidad de protestas acerca de la violencia. La manipulación de la información acertiva y comunicadora no ha estado en los medios y las cámaras refuerzan con estadísticas alarmantes. Todos tienen su propia cara e interés en esta manifestación de fuerzas. La comentarista acierta en definir la manipulación de las leyes a favor de grupos, en mi opinión, los más poderosos. Pocas veces a la inversa. La afectación en la CCSS es injusta y dura. ¿Cuál sería la manera correcta de protestar de quienes no pueden interrumpir sus servicios? y ¿Serán escuchados en esa modalidad? Los trabajadores de la Fuerza Pública, a manera de ejemplo, no pueden protestar como otros. Se entiende, pero pocos han sido sus avances en reconocimiento de nuevas oportunidades, posición salarial u otras garantías. La manipulación de los comedores para convertir la educación en esencial es el mejor ejemplo. Los comedores escolares funcionan en gran cantidad de instituciones en vacaciones sin presencia de docentes. Estos últimos no preparan ni sirven los alimentos. Existe una ley que no permite ir a huelga a servidores de los comedores escolares y la gran mayoría permaneció en sus puestos. La no asistencia de docentes no interrumpe el asceso a este importante derecho. Se puede asistir al comedor durante la huelga al igual que en vacaciones al comedor. Por otra parte, tengo entendido que este servicio se solicita previamente para que continúe en vacaciones. Es una gestión meramente administrativa para que la disfruten los niños quienes muchas veces son acompañados por un padre familia en vacaciones. No todas las escuelas lo gestionan. En resumen, vincular al docente
y su labor educativa directamente al servicio de comedor es una manera de atar y manipular la educación para impedir asi la participación en huelgas. Se establecería un parámetro de control. Con esto aclaro, muchas nuevas leyes que se proponen nacen con propósito de control y censura escondido o implícito bajo otros argumentos. Las personas que se preocupan por ver más allá analizan, critican y reconocen estos hechos y de donde provienen la presión para así proponer y consolidar nuevas reformas. Las leyes en Costa Rica son manipuladas por presiones políticas, económicas, sociales y morales. Lamentablemente afloran más las temáticas económicas y morales en los medios de comunicación (afectación sector salud, salarios y pensiones de lujo) qué por su afectación social terminan por socavar luchas sociales de buena fe. Con esto no justificó los errores que algunos grupos ha cometido en protestas y el dolor y angustia de quienes se han visto afectados en el área de salud. En conclusión, seamos claros, el concepto de democracia no existe con la cencura a la libertad de expresión. Más injusto aún cuando son diseñadas y aprobadas por nuestros legisladores para atar y callar movimientos basados en argumentos negativos que en su mayoría fueron el resultado de la no apertura de un gobierno a escuchar o negociar con su pueblo. Estos a la postre, ya cansados, protestaron y fueron etiquetados de manera injusta al no tener otro camino.
Partiendo de una definición de poder fáctico, como aquél que se manifiesta al margen de los cauces políticos formales, hace uso de su capacidad de presión y autoridad informal para influir políticamente; efectivamente la protesta social es una especie de dicho género. Sin embargo, me pregunto si más bien lo que estamos viendo con la protesta social es un síntoma, sea el efecto de una causa que no se cita en el artículo. Es más, no será que, lo que el autor denomina “Hiperdemocracia” es más bien una necesidad en cualquier sociedad moderna, cuando los cauces normales están cerrados o vedados? Creo que el artículo tiene el acierto de tocar un tema interesante y del cual vale la pena reflexionar, pues más allá de condenar la protesta social, considero necesario conocer sus verdaderas causas.
Me llamó fuertemente la atención las últimas líneas del autor en donde señala: «El país hoy más que nunca, necesita de más estadistas, ubicados en puestos determinantes de decisión, que permitan construir la Costa Rica, que anhelamos y en la que todos merecemos vivir. Sólo mediante un replanteamiento en la forma de hacer las cosas, y la construcción integrada e integradora de políticas públicas, es que podremos hacerle frente al reto que tenemos por delante de transformarnos en una sociedad que no sólo sea crítica sino también propositiva»….. me pregunto yo….hace falta realmente estadistas? considero que los número son claros, cada vez hay más (+) descontento entre la población y menos(-) respuesta por parte del Estado.
Ahora bien respecto a las políticas públicas, el mismo wikipedia lo define como «son los proyectos/actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad», lo cual es sumamente claro, no así las «políticas públicas» de este Gobierno, es más, a ciencia cierta no se si existen, o si el Gobierno tiene claro qué son Políticas Públicas, si las tienen o «van saliendo en la marcha».
Por otro lado pareciera que las manifestaciones hacen referencia a la falta de estas últimas, manifestaciones que se han convertido en «vacaciones» pra muchos.
Es lamentable observar lo que el Estado y muchísimos manifestantes están haciendo por el país…cada uno por su lado, simplemente a favor de lo que más le conviene. Simplemente recuerdo palabras de Javier Sicilia que dicen: “Si no tenemos policías, jueces, abogados, fiscales, honestos, valerosos y eficientes; si se rinden al crimen y a la corrupción, están condenando al país a la ignominia más desesperante y atroz.”
De frente a las recientes manifestaciones ocurridas en nuestro país debe considerarse que el numeral 28 de la Constitución Política, dispone: “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley”.
Así el problema de las manifestaciones en mención es que efectivamente con ellas se han afectado el derecho de terceros como el libre tránsito, la salud e incluso la vida y no la manifestación en sí misma.
Resulta sumamente lamentable que durante una de las últimas manifestaciones una persona hubiera muerto a la espera de atención médica en el Hospital de Alajuela.
Así parece que lo que se ha apoderado de nuestra democracia es una crisis de valores que lleva a que se considere de mayor relevancia el interés propio que él del prójimo o la generalidad.
Justamente, eso lleva a un choque de ideas y de poder entre la Administración y los administrados, cuando en ocasiones parece que la Administración no escucha a los segundos y que éstos se cansan de no ser escuchados.
Si bien se requieren adecuar situaciones para el buen funcionamiento del Estado, dicha adecuación debe aplicarse en igualdad de condiciones y de frente a ello, a quienes se les ha dado la oportunidad de ejercer el poder deben realizar un análisis concienzudo para buscar equilibrar la balanza. No debiendo olvidar que ellos mismos formar parte del pueblo.
En este sentido por ejemplo no se encuentra razón por la que una vez prestado un servicio al cual se accedió además de forma voluntaria, deba seguirse remunerando a un exfuncionario por el simple hecho de haber prestado ese servicio.
Ello de frente a la realidad de otros funcionarios que siguen prestando un servicio pero la paga no da muchas opciones para solventar necesidades básicas.
Si bien la hiperdemocracia que menciona la columna puede tener lugar, es lo cierto que es consecuencia del descontento social que llevan las medidas adoptadas por los gobiernos.
No debiendo olvidar éstos que se deben al pueblo y que su única razón de ser es organizar la sociedad que por voluntad propia ha decidido crear una Nación. Se gobierna para el pueblo no para grupos que puedan mantener privilegios infundados de frente a la generalidad.
No comparto la tesis del columnista. Lo ideal, en un Estado de Derecho, es que la institucionalidad funcione sin que nadie tenga que acudir a vías de hecho para dirimir los conflictos. Sin embargo, no es así, existe una insatisfacción creciente de la ciudadanía sobre poderes disfuncionales que, cada vez, logran articular menos los consensos y dar respuesta a múltiples demandas. Adicionalmente, es clara la articulación de una estrategia, desde los poderes políticos y mediáticos, para deslegitimar el Estado Social de Derecho. Más allá de los abusos en el ejercicio del derecho a huelga, la ciudadanía tiene derecho a la protesta social. ¡Eso es democracia pura y simple, sin hiper!
A partir de los hechos acontecidos, ante la obligatoriedad de acatar disposiciones macro globales, las cuales, a ciencia cierta, ni los mismos economistas, logran deslumbrar las consecuencias; los países subdesarrollados han sido obligados a la implementación de ciertos cambios estructurales en función de una agenda internacional. Lo interesante de esta coyuntura es que se logran acuñar nuevos términos para lograr una connotación negativa a la respuesta de grupos que enfrentan un notorio desmejoramiento de su situación futura.
Para confrontar estos encasillamientos, tal y como se denomina «factodemocracia», debemos analizar cómo será el comportamiento socioeconómico de nuestro país ante los cambios mencionados. En un sector tan sensible como lo es el de la salud, desde el punto de vista administrativo y económico, se procura ante todo un bajo grado de volatilidad laboral. La pérdida de trabajadores produce de manera inmediata destrucción de la riqueza en nuestro país, reducción de la producción, como un reflejo prácticamente inmediato del deterioro en el crecimiento económico, cambios bruscos de los precios y en general incertidumbre ante la situación de la nación.
Por este motivo, salarios competitivos estimula favorablemente la retención del personal, sobre todo si es calificado, tal y como lo es en el sector salud, donde existen médicos, enfermeros, técnicos especializados con preparación para-universitaria. Los nuevos paradigmas valoran el capital humano, siendo su principal activo.
Otro factor que influye con la existencia de salarios fuertes en el sector público, es su elemento distributivo de la riqueza en el país, dado el elemento permeable de la dinámica del flujo de efectivo, que permite al sector informal el acceso a elementos de riqueza, que por su baja escolaridad y nulas posibilidades para obtener créditos para el desarrollo comercial.
Como bien inicia el autor de esta articulo de opinión, en los últimos años Costa Rica ha venido teniendo “un proceso de cambio en materia de políticas publicas y modificaciones regulatorias”, que sin embargo, puede que existan sectores que se vean afectados, o en su defecto beneficiados de determinadas políticas, esto no implica que por un lado se violente determinados derechos, por ejemplo la libertad de tránsito, de reunión, de petición, de expresión, entre otros, ya que debe tenerse presente que ningún derecho es absoluto, de manera que la autoridad pública puede limitarlos en todos aquellos casos en que expresamente lo autorice el ordenamiento jurídico, por lo que aquí viene otro punto álgido como es el empleo de la fuerza, por los organismos encargados de hacer cumplir la ley, en el cual será necesario y inevitable el tener que usar la fuerza con fines lícitos de aplicación de la ley, tales enfrentamiento pueden repercutir, de hecho, en la calidad de la relación entre el organismo encargado de hacer cumplir la ley y el conjunto de la comunidad, aspecto que considero que se debe valorar, ya que no es solamente limitar o no los derechos de las personas.
La coyuntura política y social que enfrenta nuestro país, efectivamente, ha generado movimientos sociales y protestas que, a su vez, han provocado el descontento de ciertos sectores de la sociedad costarricense, el cual, parece desembocar en este proyecto de ley cuyo expediente legislativo es el número 21049.
Ahora bien, en cuanto al término utilizado por el autor, en su obra maestra, José Ortega y Gasset describe a esa «hombre-masa» de la siguiente forma:
«Dondequiera ha surgido el hombre-masa de que este volumen se ocupa, un tipo de hombre hecho de prisa, montado nada más que sobre unas cuantas y pobres abstracciones y que, por lo mismo, es idéntico de un cabo de Europa al otro. A él se debe el triste aspecto de asfixiante monotonía que va tomando la vida en todo el continente. Este hombre-masa es el hombre previamente vaciado de su propia historia, sin entrañas de pasado y, por lo mismo, dócil a todas las disciplinas llamadas ́internacionales. Más que un hombre, es sólo un caparazón de hombre constituido por meres idola fori; carece de un «dentro», de una intimidad suya, inexorable e inalienable, de un yo que no se pueda revocar. De aquí que esté siempre en disponibilidad para fingir ser cualquier cosa. Tiene sólo apetitos, cree que tiene sólo derechos y no cree que tiene obligaciones: es el hombre sin la nobleza que obliga -sine nobilitate-, snob.»
Es claro que la obra remite a esta figura de hombre-masa, directamente relacionándola con la hiperdemocracia, al retratar una ciudadanía irresponsable, ignorante, desinformada, que ejerce presión según dicte su capricho, sin ningún tipo de conciencia social. Al remitirse a este término, se está dando una connotación negativa a las expresiones de descontento social que fueron descritas en el artículo. Nos indica el autor que «Lamentablemente, a través de los años se ha evidenciado como un elemento de presión social fuerte, tendiente a inclinar la balanza a favor de la protesta el efectuar movimientos que incidan contra temas económicos y de sensibilidad social importantes para lograr los resultados propuestos.» Ante esta afirmación es necesario preguntarse, ¿deberíamos entonces permitir se incline la balanza a favor de la protesta pero únicamente en cuanto a temas que no sean importantes para lograr los fines propuestos, o no provoquen una fuerte sensibilidad social?
Las protestas, la libertad de expresión y las luchas sociales por el reconocimiento de derechos, se encuentran en el centro de toda democracia. Pretender coartas derechos sociales bajo el disfraz de la practicidad y la gobernabilidad es propio de regímenes autoritarios, y en ese sentido, se trata de un camino árido para el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las personas.
Los derechos sociales de los que hoy gozamos fueron en su momento producto de enormes tensiones y desencuentros entre distintos sectores. Conculcar derechos fundamentales al calor de una coyuntura compleja no es propio de una democracia saludable.
Si bien es cierto, distintos grupos del entramado social se han hecho presentes para hacer valer sus derechos, ya sea a través de manifestaciones o incluso con huelgas, y que esto es una práctica que muchos detestan, unos por razones claras y otros por simple intolerancia, es importante repasar que es un derecho que les asiste y está garantizado por la Constitución Política de Costa Rica, así como por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo.
Ahora bien, el hecho de que cada vez más se tenga que acudir a estos mecanismos, lo que demuestra es que no hay canales de comunicación efectivos entre los actores, ni una apertura para el diálogo y el consenso que permita conciliar estas diferencias.
Por supuesto que de ninguna manera ejercer este derecho, justifica el uso de coacción o violencia, así como poner en peligro los servicios esenciales (seguridad, hospitalarios, etc.) Pero toda regulación que pretenda la restricción de este derecho debe ser minuciosamente analizada, porque podría traer como consecuencia un retroceso de nuestra democracia.
Saludos don José Andrés, estemos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Muy interesante tu artículo y muy bien elaborada el hilo de las ideas, gracias porque ha resultado fácil de leer. Sin embargo, creo que las últimas manifestaciones sociales que ha visto nuestro país, que sean significativas están directamente relacionadas precisamente con la llamada «ley de fortalecimiento de la finanzas públicas» que no ha sido otra cosa, mas que el sometimiento del Estado costarricense a las directrices de los órganos económicos internacionales, en donde se ha «estrujado» a la clase trabajadora a efectos de tener acceso a más empréstitos que en nada vienen a solucionar los problemas deficitarios que tiene el Estado. Y lo que pasa, es que los empleados públicos, pueden tener conciencia de la necesidad de reformas fiscales, lo que no es justo ni correcto es que sea una vez más la clase trabajadora la que vea reducido su ingreso. Y que a la clase dominante se le condonen las deudas y se exponga como algo positivo, que además solo se exige de las personas trabajadoras sacrificios y no así de las grandes empresas como la Cooperativa Dos Pinos, lo dijo el economista Juan Carlos Hidalgo, que se iba a disculpar, si efectivamente en un año la Asamblea Legislativa daba un trámite rápido para que esta cooperativa, que no tiene nada de cooperativa y mucho de empresa pague impuestos, y pues resultó que no pudo disculparse. Todo sigue exactamente igual, solo los trabajadores pagamos más impuestos. Y entonces cómo no vamos a poder protestar, cómo no vamos a poder ejercer el derecho a huelga, único mecanismo que ha permitido a la parte débil de la relación laboral poder exigir el reconocimiento de unos derechos mínimos. Asimismo me parece muy injusto achacar el cierre de los comedores escolares a la huelga de los y las maestras. Esta no es una función de un docente, alimentar a los alumnos, tan es así, que la huelga de los docentes fue declarada legal, porque cumplió con todos los requisitos que exigía la ley para ese momento. En fin, que definitivamente no podría estar de acuerdo con lo expuesto. Saludos cordiales.
Definitivamente lo que ha acontecido en los últimos años en el país es alarmante. Considero que nos hemos caracterizado por ser un país de paz, en el cual los conflictos se solucionan hablando, por lo tanto considero que el tema de las manifestaciones es oportuno, siempre y cuando se cumpla su función primordial que es expresar nuestras opiniones. Pero en el segundo periodo del año pasado, con escasos 100 días de haber tomado el poder el nuevo partido político (que el pueblo eligió) se dieron una serie de eventos descomunales, uno de los ejemplos claros como bien lo refleja el expositor, el tema de Caja Costarricense de Seguro Social y otro sumamente relevante los hechos que acontecieron en la Provincia de Limón, donde hubieron enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los habitantes de la zona, saqueos a supermercados, carreteras principales bloqueadas impidiendo el paso donde personas de zonas alejadas a la capital que necesitaban llegar a citas médicas, las cuales se vieron afectadas y por ende imposibilitadas asistir a sus citas. Estos son unos pocos e impactantes ejemplos que no se deben de confundir entre libertades y derechos vrs arbitrariedades y abusos.
Existe actualmente tensión a nivel nacional por la crisis económica que atravesamos, pero eso no es justificante para perder la cabeza y realizar acciones desenfrenadas ya que con estos actos no ganamos absolutamente nada; únicamente vernos más perjudicados como país.