De cal y de arena
Motociclistas sin casco. Proveedores de servicios como los restaurantes y sodas, las barberías y los talleres, desentendidos del deber de expedir factura electrónica. Igual que quienes se ocupan de las residencias para alquilar por reducido tiempo.
Es una cuestión cultural, ligada a la convicción de que si todos nos comprometemos con el respeto del orden jurídico y con la necesidad de entender que “el respeto al derecho ajeno es la paz” y que “mis derechos llegan hasta donde comienzan los derechos de los demás”, viviremos mejor.
Algo tan sencillo, sin embargo, se desacata con las conductas del ciudadano que desafía el mandato de la ley. De la ley nuestra, porque muchos de quienes viajan a otros países sí tienen especial prudencia a la hora de ceñir su conducta a lo que dictan las leyes y reglamentos. Aquí nos saltamos los altos y la luz roja, damos vuelta en “u” y estacionamos a capricho, lo que evitamos allí donde la autoridad tiene una manifiesta presencia y determinación de abrir procesos sancionatorios. Es un desafío que vemos y padecemos en todas vías públicas, nacionales y municipales, repetidamente con grave exposición de la integridad física de las personas cuando no a la pérdida de vidas. Conductores sin casco son abrumadora mayoría, retadores también a las reglas del buen conductor.
Ni se diga en punto a la legislación tributaria. Más ahora, a propósito de los apremios impuestos por la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.
He estado por los hermosos espacios abiertos al disfrute del turismo nacional y extranjero en la Península de Nicoya, más precisamente en esas numerosas colectividades que enlaza la carretera nacional de Paquera a Cóbano y mucho más adentro, de una belleza singular que traza un conjunto de positivas perspectivas para el desarrollo.
Pero… cuidado con los precios de bienes de consumo y servicios, abusivos en muchos casos. El ferry Puntarenas-Paquera recibe al turista con el cobro de 1.200 colones por un granizado en vaso pequeño, y sin leche en polvo. Platos de menú en más de un establecimiento lo cobran arriba de 15.000 colones. La factura electrónica brilla por su ausencia, no en todos los sitios por supuesto. Un malicioso comerciante sonríe con las limitaciones físicas y tecnológicas de las autoridades llamadas a supervisar la aplicación de la ley 9635. Sencillamente las oficinas de Hacienda no tienen los equipos ni los vehículos ni el personal para atender la misión fiscalizadora de una región asignada y que va desde la punta de la Península hasta los cantones de Corredores y Golfito.
Si don Rodrigo Chaves, recién incorporado como titular al Ministerio de Hacienda, pretende asegurar una aplicación justa y pareja de la ley, ha de empezar por proveer de las herramientas indispensables a sus oficinas regionales y de inculcar al personal las reglas fundamentales de supervisión ética de los contenidos de la ley.
Y así como en la Península de Nicoya anda dunda la informalidad fiscal y el desacato de la ley 9635, igual reto ante un vacío semejante he constatado en las zonas agropecuarias del volcán Irazú al abrigo de una fallida vigilancia en la aplicación de las leyes tributarias.
No se trata de descargar todo el aparato policíaco a la mano del Ministerio de Hacienda sobre quienes ya tributan; es que además de velar porque lo hagan religiosamente, también está la razón de ser, el sentido y el significado de perseguir la informalidad. “Observar y defender las leyes de la República”, dice el juramento constitucional. Solo sí podrá ganar Hacienda autoridad moral.
(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista
Totalmente de acuerdo don Álvaro, en este país nadie se hace responsable de nada, y culpamos a todos los demás de las consecuencias de nuestras irresponsabilidades, para colmos, tenemos leyrs de todo tipo, el problema es que no hay nadie en las calles haciendolas valer, y en las pocas ocasiones que así sucede, llega un juez irresponsable y deja impune al infractor.
El problema en general es cultural, y como toda cultura, esta se aprende en la casa principalmente, los ticos somos pésimos padres, fallamos terriblemente en inculcar valores y el sentido del bien común, somos una fábrica de individualistas irresponsables, y para rematar, nuestros hijos van a las escuelas a ser «instruidos» en las artes de la irresponsabilidad al ver a sus maestros irse de huelga por casi un año completo porque les da gana.
La profesión de maestro, policía y juez está muy denigrada en nuestro, cualquier hijo de vecino se hace maestro, sin importar el nivel de ignorancia, a los policías se les paga a nivel de un jardinero o peón de finca, así nunca vamos a tener policías que se tomen en serio su profesión, para se juez pareciera que el único requisito es tener pulso, se ven resoluciones que dan miedo, y a quien le reclamamos?.
Me parece muy bien todo esto de cumplir con las leyes, claro siempre que se le aplique al Pueblo, cuando se trata de los grandes tagarotes y su obscena evasión y elusión fiscal, pues nadie chista, no se pueden tocar a nuestras Vacas Sagradas.