La invocación permanente a la legalidad se ha convertido en el uso premeditado del miedo contra los individuos, grupos y sociedades. Lo legal se ha convertido en la caja de pandora, una caja que contiene todos los males existentes, abrirla es un riesgo a ser víctima de dolores inimaginables. Pero, ¿la legalidad es un recurso de los trabajadores o de la ciudadanía? No, lo legal o lo establecido por los legisladores, no es para todos, es para quienes las promueven, conocen y aplican, lo es para los diputados y magistrados que las aprueban y aplican en colusión interesada contra la ciudadanía y el interés nacional.
Lo legal ha construido un monumento enmarañado de leyes desarticuladas, descontextualizadas y sin correspondencia con los derechos adquiridos e incluso no armonizado con la Constitución de la República. Ahora se permite la reelección presidencial, a pesar que el espíritu y letra de la Carta Magna lo prohibía, como también ocurre contra los recursos de las universidades públicas y su autonomía amparadas constitucionalmente. Asimismo, los salarios ahora son “públicos” porque los magistrados dictaminaron que el dinero gubernamental era público y con ello los legisladores y el gobierno se adueñan de los salarios disponiendo de ellos divulgándolos, reduciéndolos y confiscándolos. Se pisotea el derecho a la privacidad de datos personales, al pago del trabajo realizado y al efectuado durante gran parte de la vida de los trabajadores y que, sin vergüenza pero con inmunidad e impunidad, se violentan las leyes y los convenios internacionales. La defensa y luchas de los pensionados por derechos legal y legítimamente adquiridos en sus regímenes de jubilación, es posible que cobre la vida de muchos de ellos, con la complicidad gubernamental y parlamentaria, así como de los tribunales, magistrados y mercaderes del derecho.
¿Para qué leyes contra los subalternos? Ningún poder tiránico las ha requerido, luego negarlas e irrespetarlas ha sido una regularidad histórica. En los procesos autoritarios las leyes son sustituidas por la coerción, el miedo y la violencia para apropiarse de la riqueza socialmente producida, de los recursos públicos y nacionales. ¿Acaso el civismo jurídico -inmoral y cínico- es una mampara del despotismo? Las leyes al servicio del poder político y económico promueven la incesante denuncia por justicia contra las leyes inmorales y contra un Estado que traiciona al pueblo que debe servir.
Hoy es una ilusión utópica suponer que las leyes sean aplicadas igualitariamente, que garantizan el equilibrio social u otorguen seguridad, por el contrario, ellas ilegítimamente garantizan la creciente desigualdad, crean inestabilidad y generan miedos y violencia.
La mediocridad gubernamental en la actual coyuntura, bajo el pretexto de equilibrar el déficit financiero estatal recurre a la vieja cantaleta liberal de vender recursos públicos y apoderarse de los recursos institucionales, para luego privatizar los servicios públicos esenciales de la ciudadanía. Son los mismos argumentos que usa para empobrecer a trabajadores, pero que paradójicamente condona deudas y tributos de los propietarios del capital, así como concesiona lucrativa y privadamente obras públicas.
El déficit fiscal no desaparecerá desfinanciando la institucionalidad pública ni desfalcando salarios y jubilaciones, ni desfinanciando las universidades públicas, menos aún, exonerando tributos y garantizando mayores excedentes a los propietarios del capital, por el contrario, dichas prácticas contraen los ingresos fiscales proporcionados por los trabajadores al Estado, así como restringe el consumo mercantil de los asalariados y sus familias, que no podrán adquirir las mercancías y servicios privados ni públicos. En una sociedad interdependiente es absurdo creer que los atentados y el desprecio contra los trabajadores, solo los afectan a ellos, cuando todos están implicados crítica y sistémicamente.
Las añejas prácticas liberales que se implementan generan crisis nacional, liquidan el Estado Social de Derecho y privatizan globalmente la política y la economía costarricense.
(*) Juan Huaylupo, Es catedrático en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.
Corrijo: Resulta refrescante que la gran ciudadanía en general comprenda a este catedrático de la UCR, el cual ha puesto en muchas oportunidades sus dedos en las llagas que han podrido Costa Rica a raíz de los títeres políticos legislativos. Pretenden liquidar Costa Rica de un plumazo, en cortísimo espacio y los «providenciales» nombramientos de empleados del FMI y el BM no es mera casualidad. La otra mafia, la mediática adormece a los costarricenses, los cuales no han caído en cuenta a cual despeñadero nos llevan. El Estado Social de Derecho afectado, prostituye nuestro ser costarricense. Gracias, tocayo, por dar luz a las nieblas a los inconsecuentes nacionales y los otros, quienes heredarán tan pernicioso panorama y destino de perdedores. Eso nos pasa por elegir pelados en el poder, que con un puño de monedas, son capaces hasta de vender su madre.