La sacudida que la pandemia de COVID-19 ha dado al mundo, nos ha permitido ver lo mejor y lo peor de distintas personas. Dentro del segundo supuesto, enmarco la propuesta de crear un impuesto más sobre los salarios. Aunque se trate de perfumar con la excusa de solidarizarse con quienes ven afectados sus recursos a raíz del referido virus, lo cierto es que no es más que otro disparo mortal contra la clase trabajadora.
Originalmente, la idea fue planteada por un colectivo empresarial (pequeño, pero poderoso y ambicioso) como una carga más a los salarios del sector público. Claro que esa propuesta no podía prosperar, por ser discriminatoria. ¿Por qué sólo las personas que trabajan para el Estado debían ser solidarias con las afectadas económicamente a raíz del COVID-19? La persona asalariada puede desempeñarse en el sector público tanto como en el privado y si la razón de ser del tributo es la solidaridad, pues entonces esta debe ser compartida por quienes trabajan en un ámbito o en otro.
Asumo que darse cuenta de esto es lo que motivó que (después de decir que sí y luego que no) finalmente el Poder Ejecutivo anunciara que está valorando tal impuesto, para toda persona asalariada, pero con salarios “altos”.
Para empezar, hay que preguntarse: ¿solidaridad con quién? ¿A qué se destinaría lo que se recaude con tal impuesto? ¿A las personas que pierden su trabajo? Si esto fuera así, entonces se estaría tratando de implementar en media crisis el seguro de desempleo que desde 1949 está pendiente de ser creado en la seguridad social. Pero vuelve a surgir la pregunta: ¿por qué hacerlo recaer sólo en personas asalariadas? Y si el objetivo del impuesto fuera alivianar la carga a empresas afectadas, ¿acaso estas no gozan ya, en muchos casos, de abundantes exoneraciones y deducciones que las personas asalariadas no disfrutan? Hay que recordar que de lo primero que se hizo fue correr a anunciar que las empresas podían suspender contratos laborales, medida que quizás fue muy prematura y tal vez haya sido aprovechada por algunos para proteger sus fortunas diciendo que protegían a su fuerza de trabajo. Mientras no se defina con claridad el uso que se daría a los recursos y si el mismo no es razonable, el dichoso proyecto de impuesto no debería prosperar.
Me parece pertinente señalar que si el destino de lo que se llegase a recaudar fuera financiar el subsidio prometido por el Gobierno a las familias afectadas por pérdida o suspensión del trabajo, entonces el sinsentido de la propuesta es más notorio. Primero, porque no se puede prever cuantas personas perderían su trabajo o verían disminuidos sus ingresos. Segundo, porque nada permite asegurar que quienes hoy tienen trabajo (tanto en el sector privado como el público), lo van a mantener (o van a preservar sus condiciones actuales) mañana. Si esto último se da, pues desaparece la fuente de la que se nutriría el subsidio. En todo caso, ¿quién dice que sólo mediante tal tributo podría financiarse el referido subsidio? Sobre esto volveré en otra ocasión.
Ahora bien, más allá del destino que quiera dársele al dinero que se llegaría a recaudar, debe saberse si sería suficiente para cumplir el fin. Si esto no sucede, el impuesto sería sólo simbólico y quedaría sin sustento para ser creado. A esto debe aunarse el tiempo de vigencia del mismo, pues no podría ser permanente, dado que tendría su origen en una situación de pandemia y de emergencia, que son transitorias. Si todo esto no se fundamenta adecuadamente, difícilmente el bendito tributo podría superar un examen de constitucionalidad.
Por otra parte, se olvida el Poder Ejecutivo que las franjas de salario que dice querer gravar, ya lo están (y bastante), gracias a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Mediante esta se reformó el impuesto al salario, creándose más franjas gravadas y se incrementaron los porcentajes de gravamen. Entonces, el impuesto que ahora se propone, constituiría una doble imposición sobre un mismo hecho generador: devengar un salario. Y esto podría constituir otro roce con la Constitución.
A propósito de esto último, cabe discutir si entre las personas asalariadas, el Poder Ejecutivo contará a quienes se ven en la obligación (si quieren trabajo) de disfrazar una relación laboral bajo la figura del contrato de servicios profesionales. Es de conocimiento público que hay personas que no figuran en planilla como perceptoras de un salario, aunque realizan una labor por cuenta ajena, con un pago y bajo supervisión (muchas veces con horario de oficina y en las instalaciones del patrono). Pese a dicha realidad, se les paga mediante la referida modalidad contractual. Si lo real es que existe relación laboral, ¿se les va a gravar con el mismo impuesto o se les va a mantener bajo el de renta, donde pueden deducir del mismo todo lo que está vedado a las personas asalariadas?
También estimo pertinente manifestar que por definición, todo impuesto que se calcule sobre el ingreso directo de una persona y que se incremente porcentualmente según vaya aumentando el nivel de ese ingreso, es por sí mismo solidario. Esto significa que el hoy vigente impuesto al salario cumple con el criterio de solidaridad. Esto porque quien más recibe paga más. Y como el cálculo del monto a pagar se realiza mediante porcentajes, no hay duda de que el aporte tributario siempre va a ser acorde al nivel del ingreso, de modo que quien más gana, más contribuye a los gastos públicos (dentro de los cuales ya se contempla la atención de emergencias, como la actual). Entonces, volver a invocar la solidaridad para justificar ahora el tributo proyectado, equivale a dejarlo sin sustento, lo cual también podría significar su inconstitucionalidad.
Ahora bien, aparte del aspecto jurídico, hay otro que me parece de extrema importancia considerar: ¿con base en qué estima el Poder Ejecutivo que las personas asalariadas pueden soportar otro impuesto sobre sus salarios? No puede olvidarse que a mediados del 2019, cuando entró a regir la reforma del impuesto al salario, todas las personas asalariadas (principalmente aquéllas a quienes se les sigue diciendo que perciben salarios “altos”, aunque ya no alcance igual) debieron readecuar significativamente sus gastos. Esto impactó en el comercio local, que vio mermadas sus ventas. Si a eso se aúna la implementación del impuesto al valor agregado, entonces es evidente que también por ese medio indirecto se agravó la situación económica de las personas asalariadas. Esto hace que las franjas sobre las cuales ahora se propone un nuevo impuesto, ya estén sumamente comprometidas económicamente, por lo que es presumible que en caso de crearse este nuevo tributo, lejos de contribuir a aliviar la emergencia generada por el COVID-19, lo que se va a lograr es, en palabras de un amigo, socializar la pobreza.
Esto último se hace más evidente si se piensa en que al ver aún más mermada su capacidad económica, las personas asalariadas tendrán menor oportunidad de hacer frente a sus obligaciones bancarias, lo cual podría derivar en mayor morosidad con las entidades financieras. Además, implicará más conflictos sociales, porque tal descenso justificaría la disminución de pensiones alimentarias. Por otro lado, podría implicar que se prescinda de servicios como televisión por cable y otros. Asimismo, indudablemente va a repercutir en un todavía menor consumo en el comercio local, desde supermercados hasta tiendas de ropa, pero principalmente en la destrozada área del turismo.
En virtud de todo lo que señalo en estas pocas líneas, me permito expresar que, desde mi punto de vista, el impuesto a los salarios que evalúa el Poder Ejecutivo es una de las peores medidas que podrían implementarse. Es tanto como dispararse en las rodillas y los codos cuando se trata de cruzar a nado un río caudaloso. Por ello, esta propuesta no debería nunca materializarse en una ley.
Ya es bastante con ser el único país que ha propuesto semejante medida para enfrentar la crisis generada por el COVID-19, a contrapelo de recomendaciones de distintos organismos internacionales. Sólo espero que Costa Rica no llegue a ser el único que llegue a implementarla.
(*) David Fallas Redondo, Juez de Apelación de Sentencia Penal
Socializar la pobreza. Las ocurrencias de este gobierno nos llevan a tales extremos. Ahora Chaves, empleado del BM, Figueres, el no me acuerdo y otros están urgidos en festinar los recursos estatales, como el BNCR, INS, AP Terminal, etc., para ir paulatinamente arrinconándonos. Buena jugada de las garroteras, quienes amparados al OCDE, nos terminarán en dar la estocada fatal, para hacer dos segmentos a saber: los pobres y los ricos. La clase media recibe su medicina, mientras el empresariado, vuelven a recoger su tratamiento, muy sutil, pero de miles de millones. Todo un plan siniestro, condimentado con un virus, que promete una mortandad social ¿bíblica? Los zopilotes financieros andan rondando Costa Rica y, son diversos.
David Fallas Redondo. De forma categórica ha expresado los inconvenientes que rozan con la constitución respecto a la propuesta de Chávez , por si nefasta . La que defendió el Ejecutivo y la apechugó para no tener que prescindir de sus servicios. Había venido de muy lejos para tener que devolverse a la brevedad. – como correspondia -De conformidad con lo expresado por el exmagistrado Ernesto Jinesta ( La Nación. Pag. 27, 03-04-2020), este pensamiento convertido en proyecto de ley. Tiene que ser rechazado ad portas por la Asamblea Legislativa, porque no es de su incumbencia, conocer de dicha materia. De antemano se requiere, presentar un recurso ante la Sala lV, no sea que se legisle, apresuradamente y en tanto sin fundamento.
Muy buen enfoque de lo que pasa acá en Costa Rica, desalmados enfermos de avaricia queriendo aumentar sus riquezas a costilla de los más débiles. Imposición de políticas neo-liberales, con directrices del «FMI» y «BM» valiéndose de traidores a la patria, para llevar a cabo su plan. Espero que exista una fuerza divina que arruine todos sus planes.