La dictadura de los inicios al desnudo

De cal y de arena

La dictadura que ha reprimido a los costarricenses, desde hace rato, no sigue el molde de las dictaduras impuestas por los chafarotes y que tanta sangre, corrupción y arbitrariedad han costado a los pueblos de la cuenca del Caribe. No. La dictadura que nos ha venido reprimiendo es “la dictadura de los incisos”.

Que no es otra cosa más que la imposición de una construcción irracional de una serie de leyes, decretos y reglamentos. Irracional porque su contenido no está dirigido a proveer equilibrio entre la seguridad del ciudadano y la actividad de la Administración Pública pues son normativas que desbordan el interés y la necesidad de proveer a los funcionarios las herramientas idóneas para equilibrar los contenidos de la política pública y su aplicación a la hora en que el ciudadano busca el pronunciamiento de la Administración, sino dirigido a convertir las interpretaciones y decisiones del órgano del Estado en una camisa de fuerza para el ciudadano.

Es una constante la queja, la protesta, la inconformidad de los gobernados cuando en tantas oportunidades lo que cae sobre su petición es la camisa de fuerza del “no se puede” en lugar del “sí se puede” a partir del consejo que provee la administración para que la gestión se construya bajo otras determinadas variantes.

La irrupción de orígenes aún no precisos, de prolongación ignorada todavía y con posible fuerza devastadora del corvid-19, desnuda la presencia y la potencia de la “dictadura de los incisos”. Así como ha sido construido el complicado laberinto de nuestras ordenanzas no nos habría quedado más que resignarnos a perecer arrastrados por la acción depredadora de esta pandemia.

Pero asustados todos, en particular quienes definen la acción y contenidos de las políticas del Gobierno de la República, asustados -pues- los gobernantes por los impactos destructivos que proyecta este virus sobre la composición de la institucionalidad social, política, financiera y económica del país, están corriendo a girar las directrices que preserva la Ley General de la Administración Pública para remover los obstáculos incubados en los árcanos de nuestro  orden jurídico y posibilitar ese esfuerzo casi titánico que exige la batalla contra el covid-19.

Bien hecho. Sobradamente justificadas estas directrices, ordenanzas correctivas que instruyen a una serie de dependencias del gobierno para que –en dos platos- “dejen de joder”. Pero ¿cómo es que tuvo que llegar esta desgracia para ordenarles a tantas y tantas dependencias que no han hecho más que abusar de una camisa de fuerza para obstruir la equilibrada relación entre la seguridad del gobernado y el accionar del Estado en uso de sus facultades?

La arremetida del covid-19 ha desnudado esa maraña de leyes, reglamentos e incisos sobre la que se ha construido una dictadura. Pero también ha dejado a la intemperie las omisiones, errores y atropellos cometidos desde una amplia serie de instituciones en lo que respecta a la disposición de sus recursos para cumplir con la misión que se les ha asignado. La telefonía del ICE, ¿cuántos sitios padecen la deficiencia de sus servicios?. Y la maleta de dinero acumulada por FONATEL, ¿no es imperdonable guardar los recursos cuando bien necesitados están numerosos pueblos de contar con telefonía e internet? ¿Y los fondos separados para construcción de viviendas, y aquellos institutos que los cogieron asando elotes como JAPDEVA, Consejo Nacional de Producción, Acueductos y Alcantarillados y…..?

¡Qué pena es acumular tantas falencias en la gestión por años de la administración pública con resultados que hoy nos complican la vida, y sin que nadie haya sido llamado a rendir cuentas!

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista