De acuerdo con el informe, la cárcel con mayor número de casos positivos corresponde al Centro de Detención Otay Mesa, de San Diego, en la frontera con México.
Testimonios sobre lo que ocurre en esas instalaciones dan cuenta del hacinamiento y la falta de insumos de higiene personal, sumado al ingreso de nuevos detenidos, y la entrada y salida del personal de seguridad, factores vistos como focos de propagación del virus.
Presionado por defensores de los derechos de los inmigrantes, el ICE envió una carta el miércoles al Congreso indicando que liberaría a indocumentados vulnerables, entre ellos mayores de 60 años y mujeres embarazadas. La agencia federal dijo que revisaba 600 casos y que ya había excarcelado a 160.
Datos oficiales arrojan que el ICE tiene retenidos en sus centros dispersos en todo el país entre 32 mil y 35 mil extranjeros, la mayoría solicitantes de asilo.
El presidente Donald Trump expulsó hasta ahora a 10 mil inmigrantes amparado en la norma de emergencia sanitaria.
Según el diario The Washington Post, las deportaciones, que comenzaron el 21 de marzo, saltaron las leyes migratorias y enviaron a los migrantes a México.
Las expulsiones rápidas provocaron una disminución en casi 56 por ciento de los cruces hacia territorio estadounidense, el punto más bajo en décadas.
