El presidente de Panamá, Laurentino, Nito, Cortizo, en medio del informe de la situación actual sobre la covid-19, informa de manera sorpresiva de un descuento del 30 % a los empleados públicos con salarios de más de 1 000 dólares, lo cual ha creado desconcierto y preocupación a los 230 000 funcionarios del gobierno, la justificación dada es que hay que hacerse solidario con panameños que son agobiados por la crisis.
Deseo expresarle al presidente y a su equipo económico, que esa intención es contraria a la ley y la constitución política de Panamá, para lo cual, saludable sería que se asesoren con juristas que conocen de derecho laboral. La legislación panameña contempla, claramente, cuáles son los descuentos que la ley autoriza. Además, que, si se aplique el principio de separación de los poderes públicos, el presidente no puede ordenar descuentos a los otros órganos del gobierno, es decir; al legislativo y el judicial y a las instituciones que tienen leyes especiales, porque eso constituye un delito.
Hagamos un supuesto desglose de los gastos de un funcionario que gana 1,000 dólares:
300 de vivienda
300 de pago de vehículo
200 de gasolina
200 gastos de luz, agua, internet, cable etc.
300 de comida.
No se incluye ropa, medicinas, escuela y otros gastos.
Como usted puede ver, los supuestos 1 000 dólares que devenga un empleado ya se volvieron humo. Ahora, como la medida pretende ser loable, me parece lógico que debió decir que el órgano ejecutivo donaba su salario por tres meses, pero no he escuchado nada de eso.
Como Panamá es un país que genera recursos a borbotones, les recordaré de dónde el gobierno puede tomar los fondos para ayuda en esta pandemia.
De viáticos
De las partidas discrecionales
De gastos de representación
De la asignación del despacho de la primera dama.
Del remanente del presupuesto del año pasado que no se gastó
De los 2 000 millones que pidieron prestado.
Del canal de Panamá
De los secuestros y embargos debidamente ejecutoriados.
De operaciones ilegales
Del fondo Panamá.
otros.
Ahora les refrescaré la memoria a los panameños de los abusos y extralimitación de funciones que han hecho los funcionarios con mando y jurisdicción al erario del Estado a través de varios gobiernos y sin que la justicia haya encausado a casi nadie.
Se presume que cuando se vendieron las empresas públicas al sector privado, hubo un gran negociado donde varios salieron millonarios. También hubo dinero público para comprar relojes Cartier, ropas lujosas, y a través de una ley especial se exoneró a un banquero de pagar millones al Estado, todo con una actitud de juega vivo que caracteriza a algunos malos panameños.
Se habla de un expresidente que tiene cadenas de hoteles en república dominicana.
Siguiendo en ese desgreño administrativo, se enjuició y condenó a un director del Programa de Ayuda Nacional (Pan), que se apropió de más de 100 millones de dólares, y que solo devolvió una parte. Si ese funcionario de tercera categoría se apropió ilegalmente de ese monto, que se puede esperar de ahí para arriba. Se “perdieron “, 137 millones de dólares del proyecto riegos de Tonosí, sin que se sepa la suerte de esos fondos públicos, aunque tienen con medidas cautelares a unos chivos expiatorios.
Si la Contraloría de la República y el órgano judicial hicieran su trabajo y recogen todo ese dinero que está en manos privadas, habría suficientes recursos económicos para atender las necesidades de la población, y no llevar la zozobra a los empleados públicos, que llevaron este país a tener un crecimiento económico de más de 10 %, por una década.
(*) Diego Espinosa G. es Escritor
