A raíz de la suspensión del proceso electoral de manera indefinida por parte del Tribunal Electoral Universitario y preocupado por la buena marcha y la gobernabilidad de la Institución, el 20 de marzo de este año solicité al Consejo Universitario que realizara los análisis jurídicos correspondientes para definir y comunicar a la comunidad universitaria el procedimiento que se utilizaría para nombrar a la persona que transitoriamente ocuparía la Rectoría, una vez concluida la actual administración.
Efectué tal solicitud con el objetivo de garantizar certidumbre a la comunidad universitaria y otorgarle la confianza de que ningún proceso institucional se vería afectado. En ese momento partí del supuesto de que el señor rector llegaría al término de su gestión el 18 de mayo de 2020; no obstante, en los últimos días anunció su jubilación desde el 4 de mayo de 2020, hecho que además de generar reacciones encontradas de distintos sectores, incorpora nuevos elementos y obliga al Órgano Colegiado a elaborar de manera muy cuidadosa los razonamientos que utilizará para decidir.
Estoy convencido de la importancia del diálogo de ideas y la confrontación de argumentos, y considero, además, que las competencias del Órgano Colegiado deben respetarse en su integralidad. Las consultas jurídicas efectuadas hasta la fecha por el Consejo Universitario llegan a conclusiones disímiles; no obstante constituyen insumos valiosos para abordar el tema. Ahora requieren ser sopesadas y ampliadas con otros criterios calificados que permitan motivar suficientemente el acto administrativo que se decida tomar.
Es digno de reconocer el valor relativo de las propuestas que se han presentado, ya que podrían aportar soluciones. Coinciden en una sola idea: le corresponde al Consejo Universitario tomar la decisión. A partir de ahí, unas u otras sugieren posibilidades divergentes cuyo marco normativo de referencia es el Estatuto Orgánico (especialmente los artículos 30, 41 y 48) e incluso nuestra Constitución Política.
Algunas de esas propuestas son las siguientes: que sea la Dirección o una persona integrante del Consejo Universitario quien asuma la Rectoría; que se aplique el artículo 41 del Estatuto Orgánico con dos posibilidades: a) nombrando un vicerrector o vicerrectora hasta el 18 de mayo, c) extender tal nombramiento con un plazo indefinido que coincida con el momento en que se elija rector o rectora; designar una persona que cumpla con los requisitos para el cargo y que no sea ninguna de las que han oficializado su candidatura. Incluso, se ha llegado a proponer que el Consejo Universitario elija una o uno de sus integrantes y se haga acompañar de las cinco personas candidatas a la Rectoría. También ha habido manifestaciones que problematizan el asunto pero no concretan propuesta alguna.
Más que juzgar estas propuestas en función de las personas proponentes y no de las ideas, como comunidad universitaria nos conviene hacer un ejercicio de libertad que nos conduzca al respeto de la opinión ajena -aunque no la compartamos-. Lo anterior en resguardo del interés institucional.
Requerimos acierto en esta decisión que se presenta como una situación inédita. De ahí la importancia de designar oportunamente esa persona encargada de la Rectoría en momentos en que debemos reafirmar el compromiso de nuestra Institución con la sociedad costarricense y atender temas álgidos como los efectos a nivel nacional e internacional derivados del Covid-19, analizar el Informe de la Asamblea Legislativa sobre el FEES, llevar a buen puerto la negociación del próximo FEES, encontrar salidas a los recortes presupuestarios en distintas unidades e instancias, fortalecer la regionalización, velar por la excelencia en la oferta académica y en el desarrollo de la acción social y la investigación, entre muchos otros desafíos. En fin, redoblar los esfuerzos para la defensa del modelo de universidad pública, autónomo, inclusivo y democrático, a fin de contrarrestar los injustificados ataques recibidos en los últimos años y meses.
Este momento crítico por el que atravesamos debe servirnos para actuar con coherencia y pertinencia para ponernos al servicio de la misión social transformadora de nuestra Institución. Para ello, es preciso que la decisión que tome el Consejo Universitario se realice sobre la base de un diálogo de altura que conjugue las mejores ideas y planteamientos. Ello nos permitirá, como lo afirma don Carlos Monge Alfaro en su ensayo Sabiduría y prudencia en el quehacer universitario, marchar como cuerpo pensante al logro de las metas y fines superiores de nuestra querida Universidad de Costa Rica.
Como ex Director del Consejo Universitario estoy consciente que este Órgano está a las puertas de tomar una decisión histórica. Debe hacerlo con claridad jurídica y en el marco de nuestra autonomía. Independientemente de la vía que escoja, sus miembros deben afianzar sus argumentos y sin apresurarse, actuar con absoluta libertad y en apego a sus convicciones y principios universitarios, libres de cualquier posible lineamiento político. Es tiempo de pensar en la estabilidad institucional y no en intereses de grupos particulares.
Respetuosamente hago un llamado a la persona que sea designada por el Consejo Universitario como Rectora para que realice una gestión limpia de intereses políticos inmediatos que solo podrían alimentar un clima de diferencias y acusaciones estériles, que golpearían aún más la actual imagen de nuestra querida Universidad de Costa Rica. Igualmente, la exhorto a utilizar la transparencia como bandera institucional y a demostrar suficiente capacidad de escucha, en favor de los procesos participativos y democráticos.
Por último, insto al Tribunal Electoral Universitario, a que manteniendo la salud como la prioridad, continúe buscando alternativas pertinentes y las proponga para efectuar la Asamblea Plesbicitaria en el plazo más inmediato y razonable, en estricto apego a la normativa y a la seguridad de todo proceso electoral. Asegurar la estabilidad institucional, evitando innecesarias luchas internas, constituye el mejor blindaje contra la voracidad de los enemigos de la universidad pública.
(*) José Ángel Vargas Vargas, Ex Director Consejo Universitario UCR.
