Uno de los principios de la vida democrática y republicana moderna, y uno de los grandes logros de la humanidad, sin duda, es la división del poder. La experiencia humana histórica ha dejado claro que cuando el poder se concentra en pocas manos esto tiende a ser sumamente dañino y destructivo de diversas formas, mientras que cuando el poder se distribuye y se descentraliza, entonces la ciudadanía tiene más mecanismos de control y existen más posibilidades de que el bien común prevalezca sobre le interés particular de alguno. De hecho, en la actualidad, los países con más altos índices de desarrollo humano tienden a tener importantes niveles de descentralización del poder, con gobiernos locales fuertes y comunidades organizadas. Pero esto a su vez requiere que en los niveles más altos de toma de decisión de los países el poder esté también distribuido. Y esto se sabe desde hace miles de años, al menos desde cerca de dos milenios y medio, con los avances de la teoría política en la Grecia clásica, donde se empiezan a desarrollar estos conceptos y se empieza a entender el poder y su uso de una forma muy diferente a la visión centralizada y absolutista que, lamentablemente, todavía hoy existe en muchas partes del mundo, caracterizándose, como siempre, por un uso arbitrario, abusivo y vertical del poder.
Sin embargo, este poder no es solamente fáctico, no consiste solamente en las instituciones que pueden tomar resoluciones normativas sobre las personas o sobre recursos muy importantes, como lo pueden ser el poder legislativo, el poder judicial o el poder ejecutivo, sino que también tiene que ver con un elemento que se ha vuelto y se volverá cada vez más importante, como lo es el conocimiento de índole científico y académico. Pero: ¿quién es el dueño del conocimiento?, ¿quién lo maneja? El conocimiento está distribuido en toda la sociedad ciertamente, pero sabemos que hay centros estratégicos de producción del conocimiento, que tienen una trascendencia muy grande y creciente. Estos centros son, de manera especial, las universidades, y en el caso costarricense, las universidades públicas son las grandes productoras de conocimiento y de información científica y académica de mayor importancia en el país, y en el caso regional, las universidades públicas costarricenses son de las más productivas y de las mejor ranqueadas a nivel internacional, siendo que estas escalas toman en cuenta la producción de conocimiento de calidad e impacto como uno de los indicadores de mayor peso para determinar la calidad e influencia de una universidad.
Entonces al tener el conocimiento un poder estratégico muy relevante, las fuerzas políticas, lógicamente, también quisieran tener control de estos valiosos recursos, de manera tal que no es de extrañar que los partidos políticos quieran influir en las elecciones universitarias internas, particularmente en las de rectoría, porque saben que, si logran tener influencia en estos nombramientos, podrían después también influir en la dirección que tomen las universidades y en empezar a tener más control en, ni más ni menos, que la producción de conocimiento, hacia dónde dirigirla, cómo hacerla. Pero esto debe determinarse desde las disciplinas, desde la expertiz propia y la autoridad intelectual que da el involucramiento en un campo de conocimiento.
Los partidos políticos saben que esto es estratégico y por eso quieren influir en estas elecciones y por eso es que vemos ahora que hay banderas políticas ondeándose detrás de uno de los candidatos a la rectoría de la UNA, donde vemos que ya hay políticos conocidos de su partido, el PLN, anunciando su apoyo hacia esta candidatura. Esto debe llamarnos a la reflexión, porque si bien es cierto que está muy bien que la gente participe en partidos políticos, está muy mal que esa filiación influya en la elección de rectoría.
Es muy importante que podamos entender a qué intereses responden los candidatos, cuáles son sus antecedentes y sus vinculaciones política-partidarias y, muy importante, cuáles son las líneas ideológico-políticas de esos partidos y cómo estos podrían entones intentar influir en la dirección de las universidades públicas.
En este caso, el PLN acaba de anunciar cuál es su agenda con respecto a las universidades públicas a través de un muy sesgado informe que una comisión legislativa liderada por este partido acaba de hacer público, donde básicamente exponen que desean reducir las universidades públicas a aparatos de formación e investigación tecnocráticos al servicio exclusivo de los intereses del mercado, dejando por completo de lado la visión humanística, amplia e integral que debe primar en la educación superior, puesto que esta es su filosofía fundante.
Se vuelve muy importante, frente a esta realidad, pensar críticamente y entender cuáles son las vinculaciones partidarias de las candidaturas, para que entonces podamos entender desde allí los intereses y objetivos e n juego y podamos decir conscientemente ¡no! a quienes tienen vinculaciones personales y directas con partidos políticos enemigos declarados de la autonomía universitaria. Urge erradicar la influencia político-partidaria de las decisiones internas de las universidades, pues solo desde la independencia de los órganos rectores universitarios se podrá cumplir a cabalidad su razón de ser y podrán seguir siendo, entre otras cosas, fermento de la consciencia crítica.
(*) Pablo Chaverri, Académico UNA
En los años 70 los partidos políticos se apartaban de la política en las universidades, el resultado era que los comunistas se daban un banquete.
Rodrigo, el sin nombre o el innominado, alguien que se estrujo el cerebro para llegar a semejante conclusión. Este individuo ve «comunistas» hasta en la sopa en tiempos, algo extraño en tiempos en que ya casi nadie que, tenga al menos dos dedos de frente logra definir que eso del comunismo. Por supuesto que no leyó el artículo.