jueves 28, marzo 2024
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La vulnerabilidad de las personas relacionadas con los monocultivos en la Zona Norte y Caribe

Las personas y agrupaciones abajo firmantes, todas integrantes de organizaciones sociales y comunidades, así como de proyectos y otras instancias tanto de la Universidad de Costa Rica como de la Universidad Estatal a Distancia y otras Universidades Públicas, comprometidas con el bien común y el bienestar social, hacemos pública nuestra preocupación frente a la situación de emergencia que se vive en las zonas Norte y Caribe de Costa Rica en relación con los contagios de COVID-19.

En las últimas semanas se ha identificado un aumento  de casos positivos de Covid-19  en las regiones Norte y Caribe, generando lo que las autoridades denominan una segunda ola de contagios a nivel nacional. Una parte significativa de las personas afectadas por este incremento del contagio trabaja en fincas y plantas empacadoras de productos para la exportación, especialmente la piña, seguida de la yuca y la naranja. Aunque es un hecho que existe un flujo de personas migrantes y transfronterizas en estas zonas relacionado con estas actividades agroindustriales, también es cierto que hay un importante número de personas trabajadoras nacionales que están siendo afectadas.

A pesar de los señalamientos xenofóbicos de muchos sectores, queremos hacer eco en que las personas migrantes no son responsables directas de esta situación. Gran parte de las actividades agrícolas de este país dependen de la mano de obra migrante, y así ha sido durante las últimas décadas. Las empresas se han beneficiado de esta situación al dar precarias condiciones laborales y bajos salarios, muchas veces contraviniendo las normas establecidas. Esto se agrava cuando se trata de personas sin documentos, las cuales entran en situaciones de exclusión y vulnerabilidad más acentuadas. Ignorando esta realidad, sectores empresariales, políticos y medios masivos de información han contribuido a la construcción de discursos de odio y xenofobia que culpabilizan a las personas que están en el último eslabón de la cadena productiva y de las responsabilidades, dada su condición de vulnerabilidad. Estas personas son las más explotadas y aceptan las condiciones precarias que se les dan por motivos de supervivencia.

 Frente a la coyuntura de la pandemia y este acelerado aumento de casos de contagio, queremos señalar que el aumento de contagios está directamente relacionado con las condiciones laborales de las personas afectadas dentro de las propias plantaciones o empacadoras, ya que muchas de estas empresas están incumpliendo las disposiciones del Ministerio de Salud y ni siquiera están otorgando los implementos necesarios para la protección personal durante las labores. La vulnerabilidad laboral derivada de la negligencia de las empresas se agrava debido a que las personas viven en condiciones de pobreza, de manera que el sustento diario depende del trabajo que realicen, por lo que no pueden exigir el cumplimiento de las medidas ni ausentarse de sus lugares de trabajo sin arriesgarse a ser sancionadas, o incluso despedidas.

Si advertimos el conjunto de transformaciones estructurales e institucionales con impacto en el agro costarricense promovidas por las autoridades nacionales en las últimas tres décadas, es posible afirmar que el Estado ha tenido una presencia medular en el auge piñero y bananero. Estas empresas reciben un trato diferenciado por parte del gobierno, pues no sólo violentan derechos, generan daños socioambientales y profundizan la pobreza, sino que además, muchas de ellas  no pagan impuestos para contribuir con las necesidades del país ni asumen el pago de las cuotas para la seguridad social.

Lo mismo pasa con sus socios en la cadena de valor (proveedores de insumos, contratistas, subcontratistas transportistas, entre otros), quienes sub-contratan trabajadores a veces en condiciones precarias, mal pagados, sin ningún tipo de garantía social, para brindar servicios baratos a las empresas, quienes, sin reparo ético o legal, los acogen para ahorrar costos de producción, a pesar de la clara violación de derechos que comportan estas prácticas. Estas situaciones no pueden seguir siendo toleradas, ni mucho menos seguir atacando a las personas que están siendo directamente afectadas por prácticas que se aprovechan de sus condiciones de pobreza y necesidad, que les obligan a arriesgar su bienestar y el de sus familias.

Llamado a las acciones

En consideración del contexto y las situaciones antes expuestas, a modo de llamado urgente y vehemente a la población general, a las autoridades gubernamentales pertinentes y a las instituciones respectivas, urgimos y exigimos atender las siguientes demandas:

  1. Que se proceda a implementar, en lo inmediato, las acciones necesarias para asegurar el acata­miento de las normas laborales en las empresas vinculadas a la actividad agroexportadora, con el fin de asegurar el respeto y cumplimiento de todos los derechos humanos y laborales.
  2. Que se exija el cumplimiento de las leyes laborales en todos sus alcances y que se proceda, como corresponde en cualquier momento, pero en especial en esta coyuntura, a sancionar de manera significativa a cualquier empresa que no cumpla con las normas sanitarias en general, y en especial las establecidas en el contexto de la crisis del coronavirus.
  3. Que, en el caso particular de las empresas o personas individuales que se identifiquen como potenciales responsables de acciones de encierro, sometimiento, reclusión obligada u ocultamiento de actividades laborales ilegales y violatorias de los derechos humanos fundamentales, o cualquier otra acción similar a la trata de personas con fines de explotación laboral o relaciones de semi-esclavitud, se proceda, tal y como corresponde, con la aplicación de todo el peso de la ley en el ámbito penal.
  4. Que se proceda, en lo inmediato, a eliminar el decreto 41908-MGP-MTSS-MAG, el cual amplía la prórroga de suspensión de la multa a las empresas que incumplan la Ley de Migración en cuanto a la obligación de regularizar a las personas trabajadoras que no cuenten con permisos para laborar, dado que este es un portillo para el incumplimiento de todas las demás normas laborales y el sostenimiento de las condiciones de precariedad laboral. El Decreto ejecutivo N°36769-G, Reglamento de Control Migratorio, estableció sanciones para las contrataciones irregulares después de un período de ajuste que ha sido prorrogado reiteradamente por las administraciones Chinchilla Miranda, Solís Rivera y Alvarado Quesada, por lo que este mecanismo no ha llegado a entrar en vigencia.
  5. Que se apruebe, de la manera más inmediata posible, el expediente legislativo 21.706, que lleva años en la corriente legislativa frenado por el sector empresarial, y en el que se autoriza a las autoridades de la Inspección de Trabajo a establecer sanciones directamente, sin tener que recurrir a largos procesos judiciales, cuando identifique que se ha violado la ley laboral.
  6. Que se establezcan procedimientos efectivos y funcionales de seguimiento para asegurar el cumplimiento de estas normas por parte de las personas o actores sociales involucrados en toda la cadena de producción, pero con especial énfasis en las empresas responsables de estas actividades productivas.
  7. Que se asegure la aplicación de un protocolo que garantice la seguridad en la salud de las personas trabajadoras. Los sindicatos que trabajan por los derechos laborales en estas empresas ya han elaborado propuestas al respecto, las cuales deben servir, al menos, como base para este protocolo.  Es necesario que se discuta, con participación de los sindicatos de plantaciones, organizaciones de protección a migrantes, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Organización Internacional del Trabajo, representantes de diversas fracciones legislativas y los empleadores de plantaciones, entre otros, sobre la necesaria regulación de las cadenas de valor, para que se evite la utilización de contratistas y subcontratistas, como mecanismo para eludir y evadir los derechos laborales y a la seguridad social. Para tal efecto es necesario establecer mecanismos que responsabilicen a toda la cadena de valor, como los que ya se han aprobado en otros países y vienen siendo impulsados por la OIT.
  8. Que todas las autoridades y actores implicados en actividades informativas, y muy en especial los medios masivos, en virtud de la enorme responsabilidad que implica el impacto social de su actividad, hagan un manejo respetuoso de la ética y de las exigencias de imparcialidad propios del ejercicio profesional responsable, coherente con el contexto histórico, social y económico de las zonas en las que se suscitan los hechos informativos, y que eviten sesgos basados en intereses particulares o en discursos que promueven el odio en vez de la solidaridad y el respeto a la persona humana.

En una coyuntura tan sensible como la presente, hacemos un llamado vehemente a las autoridades del gobierno y al personal de instituciones públicas, al sector empresarial, a los medios de información y a la población en general para que, en todo momento, las decisiones y acciones que se tomen y las informaciones que se emitan estén orientadas por la consideración y el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas, independientemente de su condición social, origen o nacionalidad.

Costa Rica, 1 de julio de 2020

(*) Documento, Kioscos Ambientales

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5 COMENTARIOS

  1. Me recuerda a la United Fruit Co., «Mamita Yunai «,en la zona sur.
    Cuidado con lo que piden.El futuro de mucha gente,que en la realidad, no tiene otra alternativa lo ponen en juego.Muy peligroso.No seria extraño que alguien en el gobierno les haga caso.Sumamente peligroso,en estos tiempos pedir lo ideal.
    Hay que hacer conciencia y evaluar las consecuencias de una y otra.

  2. Nuestro flamante Presidente Charlie, cuando era Ministro de Trabajo … ¿nunca se dio por enterado del gravísimo problema de explotación laboral que se da en las piñeras de la Zona Norte?

  3. Pues todo eso es muy simplista. Dónde se ha originado tanto contagio entre estos trabajadores nicas de las zonas fronterizas? Pues ha sido una importación del país del norte, ya que en ese país se dedicaron durante meses ha ignorar la pandemia, más bien el gobierno promovió actos masivos de «la alegría» y no sé qué otras estupideces, y el virus se lo trajeron para acá los cientos que atravesaban cada día de forma irregular la frontera, como siempre lo han hecho, incluso con apoyo de las mimas autoridades y policías nicas, como denunciaron varios medios de comunicación. Así que, Costa Rica una vez más, se ha visto afectada por las políticas erradas y contra su propio pueblo, de parte del gobierno de Ortega. Por eso, estos progres nacionales y sus congéneres internacionales, bien podrían manifestarse contra las políticas del gobernante del norte y exigir que cese esa migración de miseria que dicen beneficia a unos cuantos empresarios ticos, pero que lo cierto es que perjudica al resto de la población de este país. Si decir y denunciar las cosas como son, es odio y xenofobia, sigamos durmiendo de ese lado, que flaco favor le hacen a los costarricenses. Quieren que siga el engaño en el país del pura vida, donde el tico ha tenido que tragarse los precarios donde abunda la delincuencia y la miseria que irradia hacia todas partes, las cuarterías que nunca antes se habían visto en este país, el comercio informal masivo en las calles de San José, que afea la capital y espanta al turista y a las personas que deben circular por esas calles. No hablemos de la presión sobre los servicios de salud públicos y la educación, así como sobre los programas de asistencia social cuyos beneficiarios en su mayoría no son ya los costarricenses pobres, sino los nicas. Sí señores, en Costa Rica hay costarricenses pobres, que requieren ayuda antes que otros de afuera. Quieren que sigamos siendo candil de la calle y oscuridad en la casa. Basta ya de eso, estamos hartos de tanta mentira contra los costarricenses. Montón de chancletudos vagos, busquen trabajo que beneficie al país, no esta basura.

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