La Costa Rica del siglo XXI y liderazgo en tiempos de Covid

Pronto se cumplirá un mes en que los titulares de los medios escritos y las pantallas de los noticiarios televisivos se llenaron con los casos positivos de COVID 19 generados en cantones fronterizos en la zona norte, producto de decenas de trabajadores indocumentados, ocupados en labores agrícolas y agroindustriales ligados a la piña, en lugares como San Carlos, distrito Peñas Blancas de San Ramón, así como Los Chiles, Upala y Guatuso. 45 empresas productoras de piña así como empacadoras de tubérculos mostraron condiciones insalubres y de hacinamiento para sus trabajadores. Algunas de esas empresas agrícolas, ligadas a directivos de UCCAEP, CADEXCO y CANAPEP. Dicha crisis sanitaria ha permitido poner al descubierto prácticas de explotación laboral hacia este grupo de trabajadores, muchos de ellos indocumentados, sin garantías sociales y sometidos a extensas y fatigosas jornadas laborales, sin pago mínimo ni reconocimiento de horas extras y no pocas veces expuestos  a la crueldad y codicia de patronos inescrupulosos que habiéndoles rebajado lo correspondiente cargas laborales, nunca transfirieron dichas cuotas a la CCSS, y por esos muchos trabajadores de origen costarricense y nicaragüense no se han podido acoger a pensión del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte de la CCSS. De igual manera algunas piñeras se guardaron para sì los aportes que correspondían al INA y al IMAS. Más de 300 casos de coronavirus durante la segunda quincena del mes de junio, pusieron a esta región del país en el mapa, así como las condiciones sociolaborales que rodean el cultivo de la dulce y dorada fruta. Ante tan desconcertante y descarnado panorama socio económico, muchos actores levantan la voz y se rasgan las vestiduras por lo que ya se sabía desde años atrás. Inoperancia y corrupción reinante en autoridades municipales e institucionales han propiciado tan deleznable práctica. Aunque muchas empacadoras y empresas agrícolas fueron clausuradas por diferentes faltas a la legislación nacional, NINGUNA lo ha sido por faltas a la Ley de Migración que explícitamente prohíbe la contratación de mano de obra de origen extranjero en forma irregular. La Ley de Migración cumplirá en agosto 11 años y se han dictado diversa prórrogas para que aplique la totalidad de la misma, de manera que convenientemente se ha imposibilitado la creación del registro de patronos y empresas que conduzca de una vez por todas hacia la regularización extraordinaria de personas trabajadoras migrantes. Ello de conformidad con el artículo 177 de dicha ley. Dicho vacío en la aplicación de dicha norma ha permitido perpetuar infames prácticas laborales cercanas a esclavitud laboral en piñeras ubicadas en la zona norte. Y no hablo de África o países centroamericanos con legislación laboral débil. Hablo de la otra Costa Rica para la cual también se pensó la creación de la CCSS, de un Código de Trabajo, de una Ley de Riesgos del Trabajo casi centenaria, de una jornada laboral ordinaria de ocho horas, que cumplirá cien años antes de que concluya 2020, y de un capítulo constitucional denominado garantías sociales.

Resulta en extrema penoso y vergonzoso, que una de estas empresas piñeras , que lucra con el sudor, sangre y fatiga de trabajadores del campo, que vio cerrada su empacadora dada la intervenciòn de las autoridades (Exportaciones Norteñas) declaró 0 ganancias en 2018 a efectos del pago de impuestos, ese mismo año las exportaciones de piña obtuvieron su máximo histórico al alcanzar la astronómica cifra de 1002 millones de dólares. Algunas de estas empresas disfrutan de estatus de zona franca.

La última prórroga que ha permitido que se atrase en forma irresponsable e injustificada dicho registro vence el próximo miércoles 15 de julio y veremos si el presidente Alvarado Quesada será congruente con un discurso de protección de los derechos laborales de los más desposeídos, de manera que NO EXTIENDA dicha ignominiosa prórroga; o al contrario pospondrá una vez más el disfrute de dichos beneficios para miles de trabajadores del campo que sí creen y confían en el marco democrático costarricense de justicia social y respeto al derecho. Recordemos que entre los últimos ministros de Trabajo, uno ocupa la silla presidencial en Zapote y otro es jefe de fracción oficialista en Cuesta de Moras. En esto días, se ha firmado el decreto 42406-MAG-MGP, que más bien pareciera ser una distracción y no resuelve este problema de fondo, que desde hace una década se viene arrastrando y ya constituye deuda histórica con una población que ha contribuido con la generación de riqueza de este país. Según la OIT y la OCDE, en 2018 la población trabajadora migrante en Costa Rica contribuyó con la generación del 12% del PIB.

Tanto el presidente Alvarado como el diputado Morales Mora, fueron parte de un gobierno que dio muestras positivas hacia los trabajadores al levantar el veto parcial sobre la reforma al código procesal laboral. Sin embargo, tristemente en esta administración, un  nutrido grupo de diputados enterró la iniciativa de ley 19130 Fortalecimiento de la inspección laboral del MTSS, al archivarlo inexplicablemente tras primer debate en 2018.

El desarrollo de la actividad piñera en Costa Rica ha estado asociado a la divulgación de diversos informes sobre malas prácticas ambientales y laborales. En el periodo comprendido entre 2003 y 2009 hubo diversas demandas en el Tribunal Ambiental, contra empresas piñeras. Inclusive el creciente conflicto entre piñeras y comunidades, por el acceso al agua potable y al derecho a la salud, condujo a serias demandas en la Comisiòn Interamericana de Derechos Humanos, en 2012 interpuesta por vecinos de Pococí y El Cairo de Siquirres, por presencia de bromacil en fuentes de agua potable. Dicha problemática socioambiental ligada a actividades piñeras desarrolladas en forma desordenada es citada en sendos investigaciones contenidas en varios  Informes del Estado de la Nación. E informes de la Defensoría de los Habitantes, por ejemplo cito página 264 y sucesivas del informe de la Sra. Defensora de los Habitantes en su comparecencia el 24 de junio de 2014 ante la Asamblea Legislativa. A ello se suman serias denuncias abordada con mayor profundidad por el programa Kioscos Ambientales de la UCR.

Monseñor Garita, obispo diocesano de Ciudad Quesada, con gran autoridad aborda también la aguda problemática de maltrato a la población migrante y su sometimiento a prácticas laborales condenables. Así lo manifiesta en agosto de  2018 en su V Carta Pastoral denominada  “No volverás la espalda a tu hermano”. De manera que la temática de la explotación laboral en actividades agrícolas y de agroindustria en la Zona Norte no le son desconocidas ni le resultan indiferentes.

Este mes de julio, antes de que concluya, constituye una maravillosa e inigualable oportunidad para que el presidente muestre su liderazgo y nos convenza que la política es una herramienta para mostrar “capacidad y visión para anteponer el interés y bienestar de las personas” tal y como reza su programa de gobierno, ofrecido a la ciudadanía en la pasada campaña electoral. Escoger entre propiciar la impunidad de patronos inescrupulosos o que prevalezca la justicia hacia los más desfavorecidos, también marcará diferencia en que el partido que lo llevó al poder es real “alternativa ante la política del siglo XXI”

Comparto mi opinión esperanzado en que obre la justicia por los pobres, los excluidos, los desposeídos. En el Programa de Gobierno con el cual fuimos a pedir los votos de los costarricense a finales de 2017 e inicios de 2018, denominado Creer y crear la Costa Rica del Siglo XXI, el documento dedica 5 páginas a hablar de liderazgo. Y la única cita que aparece allí, referida a un texto, es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, novela futurista por cierto. No olvidemos que el objetivo de la novela como género literario, es entretener. Me resisto a creer, que dicha propuesta política sólo haya sido presentada al electorado, con fines, precisamente, de entretener.

(*) Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas, es Educador.