Vicios ocultos en el manejo de la pandemia

Con gran sacrificio, nuestro pueblo demostró que se podía afrontar con éxito la pandemia. Con medidas higiénicas, una población educada, servicio de agua potable y un sistema de salud universal, al igual que hacía diez años ante la gripe H1N1, se contuvo la propagación viral.

A la vez, se implementó, con golpe de martillo, el confinamiento de la población, una medida importada que, aunque no ajustada del todo a nuestra realidad social y económica, fue tolerada para evitar un contagio abrupto, que colapsara los hospitales, y para ganar tiempo, en aras de una mejor preparación del sistema de salud.

Sin embargo, este confinamiento implicó una seria afectación económica, un retroceso en derechos laborales y el debilitamiento del sistema inmunológico de gran parte de la población, principalmente la de menores ingresos, a causa del hambre, el estrés o la falta de actividad física.

En todo caso, se había logrado evitar el contagio comunitario y se otorgaron, no sin ciertas irregularidades, algunas ayudas económicas a familias costarricenses, mediante el programa “bono proteger”.

De esta forma, lejos de haberse alcanzado la inmunidad de rebaño en la población, el Poder Ejecutivo no sólo logró mayor legitimidad, sino la obtención de inmunidad ante la crítica, mediante falacias de autoridad respaldadas por diversos medios de comunicación y en redes sociales. Posteriormente, ante la pasividad y complicidad de nuestros gobernantes, se antepusieron intereses económicos de algunos grandes empresarios, quienes contra la legislación vigente y en detrimento de la salud pública, continuaron contratando mano de obra extranjera en las zonas fronterizas, principalmente proveniente de Nicaragua, país que ya había alcanzado el contagio comunitario por negligencia del dictador Ortega.

De este modo, en la Zona Norte costarricense, la sobrexplotación obrera de nacionales y extranjeros y el hacinamiento en condiciones insalubres derivaron en significativos clústeres de personas infectadas.

Paralelamente, por intereses económicos de unos cuantos empresarios, el Poder Ejecutivo cedió en las medidas de control fronterizo aplicadas a transportistas foráneos, quienes se convirtieron en factores de contagio dentro de nuestras fronteras.

Fue así como en la urbanidad estallaron los contagios en lugares como las cuarterías, en funcionamiento ilegal por la inoperancia de las autoridades del Ministerio de Salud y de las respectivas municipalidades.

De este modo, surgió el contagio comunitario y el Poder Ejecutivo en su afán de desviar la atención de sus desaciertos políticos, que tiraron por la borda el esfuerzo nacional y el sacrificio de cuerpos policiales y trabajadores de la salud, optó por culpar a la población costarricense, haciendo de paso escarnio mediático de aquellas personas envueltas en casos de fiestas y reuniones familiares, generalmente de estratos sociales menos desfavorecidos, cuyas moradas además fueron intervenidas sin orden judicial alguna.

De esta manera, se impuso un nuevo confinamiento, a golpe de martillo y como castigo al pueblo, esta vez sin los recursos necesarios para los “bonos proteger” y con incongruentes medidas, como la de reducir al 20% del servicio de buses, que ha propiciado el contagio viral por aglomeración de personas en dichas unidades de transporte y en largas filas de espera.

Como si esto no fuera como verter agua en un canasto, el Poder Ejecutivo ha continuado imponiendo el confinamiento, mediante una nefasta retórica de populismo punitivo, con el fin de generar miedo, culpa, división y odio entre la población costarricense, a la vez que ha desdibujado toda esperanza de un mejor futuro.

Lejos de promover la solidaridad, que históricamente ha caracterizado a nuestra población ante las tragedias humanas, el Poder Ejecutivo ha optado por sembrar la discordia entre trabajadores del sector privado y del sector público. Ha propiciado el debilitamiento económico de redes familiares de apoyo, con voracidad fiscal y con merma del ingreso de asalariados públicos, quienes no pocas veces han sido el soporte de dichas redes, ante el fracaso de los programas gubernamentales de ayuda económica.

De este modo,  se ha acentuado la crisis económica y se ha procurado un “holodomor a la tica”, para someter a la población productiva al asistencialismo y forzar la venta de activos del Estado, al tenor de las políticas del FMI, quizás a favor del empresariado que maximizó ganancias en detrimento de la salud pública; mientras se ha entorpecido el desarrollo del proceso legal sobre el caso UPAD, que podría implicar la suspensión presidencial (incisos 9 y 10 del artículo 121 constitucional), allende del desvío de atención de los fuertes cuestionamientos que han pesado sobre la probidad en la Administración Alvarado Quesada.

De este modo, deviene en deber cívico ejercer la solidaridad y la bondad con quienes han sido víctimas de este nefasto manejo de la pandemia, denunciar esta injusticia y las mentiras instauradas como verdad; pero ante todo y sin dejar de lado las medidas básicas para evitar el contagio viral, sobreponerse al miedo, que se ha sido implantado alevosamente para ocultar el pillaje y la incompetencia de las autoridades gubernamentales.

(*) Alejandro Vargas Carranza es Teólogo.