El patrón de crecimiento del país ha estado históricamente concentrado y centralizado en el Gran Área Metropolitana (GAM), lo cual no ha propiciado un proceso de convergencia económica en las distintas regiones de planificación económica del país. Por el contrario, las desigualdades y asimetrías territoriales, en materia de desarrollo productivo, empleo formal, acceso a bienes y servicios, pobreza y desigualdad, tienden a agudizarse conforme nos alejamos de los principales centros urbanos de aglomeración económica
Diversas contribuciones teóricas y metodológicas sobre el desarrollo regional establecen que la cooperación entre las organizaciones e instituciones encargadas de la promoción e implementación de políticas públicas para el crecimiento inclusivo es crucial para la reconversión del tejido productivos, la identificación de ventajas competitivas territoriales para la especialización y el aprovechamiento y uso sostenido de los recursos endógenos con los que cuentan los distintos territorios.
En este sentido, como lo ha planteado el premio nobel de economía, Douglas North, las instituciones importan en la definición de reglas claras para impulsar la cooperación de los actores, las alianzas público-privadas, la investigación y desarrollo (I-D+i) y el diseño e implementación de esquemas de gobernanza eficientes e innovadores para el desarrollo productivo y humano, con carácter sectorial y territorial. Las experiencias exitosas de los países del sudeste asiático nos muestran la trascendencia de programas y políticas de desarrollo orientados a mejorar las capacidades locales y el aprovechamiento estratégico de los recursos productivos que resulten en un círculo virtuoso entre crecimiento económico y desarrollo humano, o, como lo plantea la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), una transformación productiva con equidad social y sostenibilidad ambiental.
En Costa Rica las instituciones representan una gran cantidad de recursos de la más diversa índole y a todas las escalas (nacional, regional y local), las cuales están llamadas a contribuir significativamente con el desarrollo de medios innovadores, capacidades competitivas dinámicas y generación de empleo y bienestar en los territorios. No obstante, la característica es el fraccionamiento y desarticulación de las políticas y programas que dichas instituciones manejan, resultado de la ausencia de mecanismos adecuados de dirección y gestión de los recursos y por la ausencia de estructuras y esquemas de organización de la producción, que tomen en cuenta los diferentes territorios con sus propias especificidades y potencialidades. De tal forma, es necesario avanzar en un proceso de innovación institucional para el desarrollo, que pueda ver la reconversión productiva más allá del GAM, partiendo de la identificación de núcleos endógenos de crecimiento, en torno a los cuales se definan políticas productivas de precisión para el desarrollo de economías de aglomeración o clústeres.
La tarea que se plantea, con urgencia, es desarrollar mecanismos que promuevan la cooperación de las instituciones públicas y privadas para aunar recursos, conocimientos y capacidades con el fin de impulsar la transformación y reconversión productivas que el país requiere. El cambio institucional debe sentar las bases para el impulso de un nuevo patrón de crecimiento que reconozca las capacidades de las distintas regiones y territorios del país, para sobre la base de su dotación de recursos se promueva la especialización productiva, un sector dinámico y competitivo de Pymes y esquemas de gobernanza de la producción adecuados a cada territorio. Un tejido productivo con apoyo institucional en materia de innovación tecnológica, calificación del capital humano, generación de empleos y gestión de mercados, impulsaría una producción con mayor valor agregado y mayor bienestar social y ambiental en los diferentes territorios del país.
Dentro de las acciones más importantes en las que se debe trabajar se encuentra la definición de un ente focal y técnico, del más alto nivel, que promueva las siguientes tareas:
- a) Estructurar una red institucional capaz de articular recursos, conocimiento y experiencias exitosas en función del desarrollo productivo con carácter sectorial y territorial.
- b) Identificar recursos endógenos y ventajas competitivas territoriales para diseñar políticas productivas de precisión y planes regionales específicos, orientados a mejorar las capacidades locales en materia de capacitación productiva, mejoramiento de la infraestructura física y social, gestión e innovación y apoyo técnico y financiero a los sectores productivos.
- c) Diseñar esquemas de gobernanza (organización productiva), apropiados a los distintos sectores productivos y territorios: zonas económicas especiales, distritos industriales, corredores productivos y clústeres.
- c) Establecer vínculos entre los sectores educativo, de investigación-desarrollo y productivo necesarios para dinamizar el proceso de innovación y contribuir con la creación de medios innovadores y la reconversión productiva.
- d) Promover alianzas estratégicas con otras redes institucionales, a nivel nacional e internacional, que promuevan la inversión, la producción, la capacitación y el bienestar socioeconómico a escala local.
- e) Gestionar recursos locales, nacionales e internacionales para el mejoramiento del clima de negocios y la planificación del desarrollo (incentivos a la inversión, mejoramiento de la infraestructura, plan regulador, ordenamiento territorial).
- f) Promover estructuras organizativas y asociativas en sectores productivos que se articulen al desarrollo y uso sostenible de los recursos. En este sentido, es importante gestionar y asignar recursos para la promoción de un sector dinámico de Pymes con potencial de encadenamientos productivos y generación de empleo a nivel local y regional.
(*) Rafael Arias Ramírez, Ph.D., Investigador del Programa de Sectores Productivos, Escuela de Economía de la Universidad Nacional.