Desde la patria de Vicente Sáenz, Corina Rodríguez, Mario Sancho y Luis Barahona

“Ninguna riqueza es inocente

De la pobreza ajena”.

Eduardo Galeano

Sin ser perfecta, el devenir de los tiempos, ha demostrado que la democracia es la mejor forma de gobierno. Sin embargo los abusos que se generen de ella pueden ser pagados muy caro. Las asimetrías y la generación de desigualdades en las sociedades, constituyen un peligroso caldo de cultivo, para que se aceleren oprobiosos proceso de acumulación de riqueza, en Costa Rica ya puestos en marcha; y en consecuencia otros seamos despojados, cada vez más rápido, de nuestro patrimonio y hasta de dignidad.

En estos aciagos momentos por donde discurre la nación, titulo este artículo honrando la memoria de cuatro grandes costarricenses con quienes la  historia y el currículum de la escuela costarricense mantienen una ingrata deuda. El amor a la patria de estos cuatro grandes, con el paso del tiempo es mayor, y justamente aquilatado, porque supieron criticar y mostrar las feas heridas que tiene el país, donde las formalidades de la vida republicana han servido para disimular odiosos procesos de enriquecimiento, cuya velocidad ha aumentado vertiginosamente en los últimos tres lustros, generando una mayor desigualdad y amenazando con rasgar el tejido social.

Con gran estupor, hemos visto como en estos ultimo tiempos una perversa colusión y convergencia de intereses entre cúpulas políticas y empresariales. Ya no sabemos distinguir entre políticos-empresarios y empresarios-políticos. A esto los griegos lo llamaban plutocracia, y es lo que actualmente tenemos instalados en Zapote y Cuesta de Moras. Estos grupos actúan en claro contubernio con líneas editoriales de diversos medios de comunicación. Con frío cálculo han intentado convencer a la población que sufrimos las consecuencias de un Estado gastón donde  los empleados públicos son los culpables del estado paupérrimo y calamitoso de las finanzas públicas; pues son muchos, ganan muy bien y son bastante perezosos e ineficientes. Dicho discurso ha contado con la complicidad de diversos partidos políticos y han tenido como megáfono los medios de comunicación comerciales, que siendo varios, repiten el mismo guion, con muy pocas y raras excepciones.

Ese Estado criticado, hoy y mañana también por ineficiente, ha sido el principal valladar para brindar servicios de salud de primer mundo a la población enferma y además apoyar económicamente a miles de familias de costarricenses afectadas por la pérdida de empleos y de esa manera ralentizar la aparición del hambre en miles de hogares costarricenses.

La administración Alvarado Quesada inició en la distribución del ingreso, con un Coeficiente de Gini de 0,51 y según su Plan de Gobierno y Plan Nacional de Desarrollo, la meta es 0,51. Semejante muestra de inutilidad, de renunciar desde un inicio a incidir con políticas públicas para disminuir esa brecha, entre los que más tienen y los que menos tienen.

Ante la agudización de los efectos de la pandemia y el desequilibrio fiscal existente, el pasado 17 de setiembre el gobierno de la república anunció al país su intención de buscar financiamiento ante el FMI con la finalidad de atender diversas necesidades. Bajo 4 principios se establece esta negociación con el FMI, un ajuste para generar nuevos ingresos que será –según ellos-  progresivo, integral, suficiente y con efectos en corto y largo plazo. Dicha negociación permitiría acceder a créditos por 1 750 millones de dólares durante los próximos 3 años. De manera que el gobierno plantea eliminar ciertas exoneraciones, e incrementar ciertos impuestos, todo ello –según ellos- proteger la vida, así como el tejido social y productivo. Con lenguaje de esa naturaleza, pretenden convencernos de que es urgente la aprobación de dicho empréstito.

El gobierno no debe perder de vista que el impacto del COVID y su atención ha ocasionado una caída de 2,2% en el PIB. Estas cifras traducidas en destrucción de empleos, significa que 475 mil costarricenses ya no tienen empleo pues la tasa de desempleo aumentó a 24,4%, duplicando la cifra del año anterior. Con estos miles de costarricenses y sus familias son víctimas de una gran indolencia por parte de cúpulas políticas y de grandes empresarios. El tejido social se desgarra y no se está haciendo lo suficiente para evitarlo. Ello, agravado con un 25% de la fuerza productiva afectada con reducción de sus jornadas y en consecuencia, sus ingresos con que llevar sustento a sus familias.

Constituido el presupuesto de la república como la principal arma para paliar las necesidades y sufrimiento de los desposeídos y quienes han sufrido de la forma más descarnada los efectos de la pandemia y la necesidad de proteger los empleos existentes; no se debe de vista que la mayor parte de dicho presupuesto es para atender deuda e intereses. Ello constituye un  38%. Esa deuda e intereses podemos atenderlas cobrando bien los impuestos existentes y combatiendo la elusión, el contrabando y la evasión, de manera que liberemos recursos para  mayor inversión, mejores programas de combate a la pobreza y promoción de actividad económica sana e inclusiva.

La misma OCDE desde 2015 ha venido advirtiendo que en Costa Rica la macabra combinación de elusión y evasión fiscal ha sido en los últimos años, en promedio un 8% del PIB, más de la mitad calculado por la evasión al impuesto de la renta y ganancias de las grandes empresas. Por este tema en la propuesta se plantea sin mayor fuerza; pareciera más bien ser un placebo y un elemento distractor para crear la idea de que la propuesta está balanceada.

El pretendido aumento de ingresos por parte de Zapote y sus acólitos, se obtendría a través de un conjunto de medidas como: a) Aumento en el impuesto sobre la renta, incluye aumento sobre el salario y pensiones; b) Aumento al impuesto de bienes inmuebles; c) Gravar “utilidades” de Caja de ANDE y de la SSVMN; d) Gravar utilidades de las cooperativas de ahorro y crédito; e) Gravar las remesas hacia el exterior; f) Gravar las transacciones financieras; g) Gravar el salario escolar; h) Gravar los premios de lotería; i) Vender tierras ociosas propiedad del Estado; j) Eliminar exenciones aplicadas al pago del impuesto de la renta cuando el asalariado tenga cónyuge o hijos menores de edad; k) Vender dos instituciones como lo son FANAL y BICSA. En forma adicional, se promoverían medidas de control de gasto como: a) Congelar salarios sector público; b) No pagar anualidades a empleados del sector público; c) Fusionar instituciones

Todo esto implica aumentar ingresos del Estado, pero no por obra y acto de magia, sino poniendo a pagar a los mismos de siempre. Lo harían metiéndonos la mano en el bolsillo, tanto a trabajadores como pequeñas empresas y condenando a la clase media a desaparecer, asestándole severo machetazo a su capacidad de consumo y de ahorro.

Es conveniente ver con mayor detalle dichas medidas y su pretendido impacto por recoger más plata:

1. Aumento en el impuesto sobre la renta. Incluye aumento sobre el salario y pensiones. Se modifican bases ya creadas con reforma fiscal de 2018, aumentándolas sobre salarios de 800 mil colones hacia arriba. Significa obtener 300 mil millones de colones más, de lo que ya se obtiene.
2. Aumento en la recaudación del impuesto sobre Bienes Inmuebles. Las propiedades pasarían a pagar de un 0,25% a 0,75% del valor calculado a la propiedad. Abruptamente habría que pagar de la noche a las mañana tres veces más. Hacienda golosamente pretende recaudar 22 mil millones de colones.
3. Gravar “utilidades” de Caja de ANDE y de la SSVMN. Tanto la Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE, así como la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. Son fiel reflejo de experiencias en extremo exitosas del manejo financiero contable de instituciones creadas por los maestros de este país con el paso del tiempo. Sus directivas está constituidas por docentes, el patrimonio de ambas ha sido constituido con el aporte religiosos y disciplinado de miles y miles de docentes. En realidad en sentido estricto, estas no generan utilidades, dado que no fueron creadas para ello. La Caja nació hace 75 años y la Sociedad de Seguros se prepara para su centenario en diciembre próximo. Tremendamente exitosas y manejadas con criterios de transparencia en extremo rigurosos. Por qué Hacienda y estos grupos de poder pretenden castigar el éxito de dichas entidades, que para su sostenimiento no requieren ni un ápice de recursos estatales? De la Caja de ANDE alegremente pretenden extraer 14 mil millones de colones al año, cuando ya aporta a la finanza de Hacienda a través del pago del impuesto de la Renta (406 millones de colones en 2019 y 470 millones de colones en 2019). A la Sociedad de Seguros de Vida se le pretender sustraer 3 mil millones de colones al año, por el pecado de ser entidades exitosas. Ambas nacen al calor del aporte de los educadores. Sus objetivos no son de carácter financiero como lo pueden ser los bancos o financieras. Todo lo contrario. Han sido determinantes para que miles de familias  hayan podido consolidar un modesto patrimonio familiar y acceder a crédito barato. Pero pareciera que para los plutócratas en Zapote y Cuesta de Moras otro mundo no es posible y les estorba formas de organización de economía social solidaria en esta pequeña porción terrenal, llamada Costa Rica.
4. Gravar utilidades de las cooperativas de ahorro y crédito. En este frenesí que mueve a algunos y que premian a figuras como Rocío Aguilar sin ningún pudor, ahora desconocen el carácter solidario de las cooperativas, consagradas sabiamente en el Capítulo de las Garantías Sociales de nuestra Constitución Política. La cooperativa no es en esencia una sociedad anónima, ni la anima el espíritu capitalista per se. No se rige por la cantidad de acciones que alguien pueda tener. En una cooperativa todos los asociados son dueños. Ha sido un modelo exitoso y como decía Luis Alberto Monge, ha contribuido el modelo cooperativo a la democratización social y económica de la patria. Pero este ejemplar modelo de creación  y distribución de riqueza, cuyos excedentes ya está gravados cuando se reparten a los asociados, se les desea arrebatar a través de un gran mordisco, 21 mil millones de colones al año. Ello les restaría competitividad y favorece indirectamente a la banca privada. Las cooperativas no podrían reinyectar dichos recursos para prestarlos a los asociados en condiciones más favorables y con tasas inferiores al promedio del mercado.
5. Gravar las remesas hacia el exterior. Se pretenden gravar con un 5% y la mayoría de ellas representan el aporte para miles de hogares ubicados en Nicaragua, El Salvador y Colombia, donde las personas con gran esfuerzo envían ese cinquito para aliviar necesidad de sus familias en su tierra natal. Con ese pellizco el gobierno recogería hasta 32 mil millones de colones al año.
6. Gravar las transacciones financieras. Cualquier tipo de movimiento realizado en forma electrónica desde una cuenta de ahorro o cuenta de depósito de salario y uso de tarjetas de débito y crédito, serán sujetas al pago de tan creativo  Se grava el retiro en efectivo de un cajero, las transferencias electrónicas, pagos de cuotas de préstamos y otros.  Este ingenioso tributo permitiría a Hacienda recaudar más de 400 mil millones de colones al año. Esta tipo de tributos es de los más infames pues no diferencia entre ricos y pobres. Además la recaudación que genere se utilizaría durante los primeros años para compensar a FODESAF, pues se pretender rebajar a los patronos su aporte. Sobre este tema –uno de los medulares de la reforma– me referiré más ampliamente. Este impuesto es de fácil recaudación y uno de los que generaría mayores ingresos. Podría pensarse más bien en centrarnos en el 20% de usuarios que generan el 80% de la masa de dinero y no en el 80% de los usuarios que generan tan solo el 20% de esa masa monetaria.
7. Gravar el salario escolar. Con dicho tributo aplícale a todos los trabajadores del sector público se recogerían 40 mil millones de colones. El texto no hace mención si el salario escolar definidos en la Ley de Salario Escolar, producto del ahorro acordado entre patronos y trabajadores, también será objeto de dicho impuesto (Ley 8682 del 2008)
8. Gravar los premios de lotería. Dicho impuesto sería hasta por un 25% de las ganancias obtenidas por los jugadores. Hacienda obtendría ingresos frescos por 40 mil millones al año. Podría abrir portillo para el aumento en la lotería clandestina y desestimular el juego legalizado.
9. Vender tierras ociosas propiedad del Estado. Sobre dicha propuesta no se detalla, pues ni siquiera se tiene claro, cuantas propiedades son, dónde están y cuál es su valor de mercado.
10. Eliminar exenciones aplicadas al pago del impuesto de la renta cuando el asalariado tenga cónyuge o hijos menores de edad. Durante muchos años los trabajadores han disfrutado de dicho beneficio, que sin ser oneroso mucho ayuda a la liquidez de los salarios. El retiro de dicha exención limitará la capacidad de adquisición de bienes y servicios para las familias costarricenses. Dicha exoneración produciría 11 mil millones de colones al año.  
11. Vender FANAL y BICSA. Se ha especulado sobre cuál es el valor de cada una de ellas, pero sobre todo despierta mucha suspicacia la posible venta de FANAL y su adquisición por parte grupos agroindustriales centroamericanos. Su desaparición sería un rudo golpe para el sector agroalimentario costarricense, que perdería uno de las canales más importantes para comercialización de productos agropecuarios y acceso a productos frescos y nutritivos para los consumidores.

En forma adicional, se promueven medidas de control de gasto como:

1. Congelar salarios sector público. Dicha medida sería implementada por varios años hasta que la deuda pública sea igual o inferior a un 60% del PIB, con lo cual se profundizaría la política seguida durante los últimos años de minar directamente la capacidad adquisitiva de los salarios del sector público.
2. No pagar anualidades a empleados del sector público. Por los próximos años no se reconociera dicho incentivo a los trabajadores del sector público a pesar de alcanzar una calificación satisfactoria en su desempeño- con lo cual se extiende la política seguida durante los últimos años de minar directamente la capacidad adquisitiva de los salarios del sector público.
3. Fusionar instituciones. En esta propuesta se plantea la fusión y desaparición de 22 órganos desconcentrados, cuyas funciones pasan a ser asumidas por otros entes y ministerios ya existentes.

Ante semejante propuesta, cómo creerles a nuestros gobernantes cuando han asumido posiciones débiles ante el combate de la evasión? Cómo creerles cuando han volteado la mirada y propiciar que sectores muy ricos de esta sociedad no aporten lo que verdaderamente corresponde para paliar la crisis? Cómo creerles cuando han convertido Zapote en nido amoroso de Celestinas con grupos empresariales caracterizados por no declarar ganancias, evadir impuestos y obtener jugosos contratos con el Estado?

Hay un absoluto desconocimiento y monumental ignorancia de nuestros gobernantes y plutócratas sobre cómo se ha forjado la historia de esta patria en los últimos 70 y que se nos puede caer cual castillo de naipes, por la voracidad y espíritu de rapiña de algunos, insisto, políticos metidos a empresarios y de empresarios metidos a políticos. Estos nuevos ricos de la Costa Rica actual, desconocen y pareciera que no les importa que la paz social haya descansado en una especie de contrato que ha permitido desde los años 50 hasta hace muy poco, el surgimiento de las denominadas clases medias. Con lo cual miles de familias costarricenses pudieron pasar de jornaleros a propietarios, atesorar pequeños patrimonios, trabajar y soñar por vivienda digna y acceso a una educación secundaria y  superior de calidad. La existencia de iniciativas nacionales como salarios recientes y FODESAF explican de importante manera el paisaje social y económico de Costa Rica. Salarios crecientes que durante tres décadas permitió que campesinos y obreros, disfrutaran de una mejora importante en sus ingresos con lo cual aumentó su capacidad de consumo y adquisición de bienes y servicios. Se fortaleció el mercado interno, surgieron más comercios e industrias locales y hasta el mismo Estado recaudó más dinero como consecuencia de una mayor actividad económica. La escuela pública y el desarrollo de un robusto sistema de salud, incluyendo hospitales y puestos de salud, fueron una especie de salario diferido para que la gente tuviera mayor dignidad y viviera mejor. En los años 70, las familias con menos recursos se vieron apalancadas de alguna manera con los recursos provenientes de FODESAF y una política social centrada en la dignidad de las personas y en socorrer a desposeídos, indigentes y familias en pobreza extrema.  Esta política social, fiel al espíritu del Constituyente del 49, es de naturaleza tripartita, es decir aportan Estado, patrono y trabajadores. Política social financiada fundamentalmente por patronos y trabajadores, equivalente a un 31% de los salarios, 22% aportado por los patronos y el restante 9% por los trabajadores. En los años 40 el aporte patronal fue dirigido al régimen de Salud y Enfermedad que administraría la CCSS desde entonces. A partir de 1947 se adiciona el financiamiento para el régimen de invalidez, vejez y muerte. A partir de los 60 se incluye financiamiento para el INA y luego en los 70 aportes para el IMAS y FODESAF. Un enfoque totalmente solidario con el cual Costa Rica marcó una senda distinta a muchos países en el mundo. El uso de esos recursos con el paso del tiempo y el surgimiento de instituciones como CCSS, IMAS, INA y FODESAF explican como las clase medias y sectores menos pudientes han tenido acceso a una mejor vida. Tanto es así que con la aparición de universidades públicas y privadas, el país ha contado con miles de profesionales que ostentan grados académicos envidiables, muchos de ellos ubicados en el sector público. Sector público que efectivamente representa el 18% de la fuerza laboral del país, pero que representa el 44% de los ingresos de la CCSS. O sea gran parte de los recursos con la cual se está atendiendo esta emergencia sanitaria, es con el aporte religioso y puntual de muchos trabajadores como usted y como yo. Solidaridad traducida en realidades, no en hermosos discursos y cantos de sirena.

Pues bien, que no seamos objeto de engaño, el gobierno de la república, este mal llamado Gobierno de  Unidad Nacional, cediendo ante esta cúpulas permanentemente hambrientas de poder, y aún más sedientas de ávidas riquezas, pretende que estos empresarios ya no aporten más para FODESAF, con lo cual lanzamos a un abismo a aquellos sectores sociales sujetos del apoyo económico que dicho fondo provee; el combate a la pobreza extrema, la atención a la indigencia, el apoyo a mujeres jefas de hogar, la atención de orfanatos, hogares de ancianos, Cen-cinai, comedores escolares y el transporte y becas otorgadas a población con discapacidad severa, desaparecerán. Así como los programas de vivienda popular. Semejante atrocidad ante nuestras narices si no hacemos nada. Este es uno de los aspectos más gruesos de esta infame negociación con el FMI y sobre la cual casi nadie se está refiriendo.

Por si no fuera poco cargar sobre los hombros de trabajadores y pequeños empresarios el peso de este paquete fiscal, también desean aprovecharse para desnaturalizar la banca pública. Puesta ésta aunque desde 1984 compite como banca comercial, sus utilidades y ganancias si obedecen a fines de bien público, como se planteó desde la Segunda República. Estos geniecillos que tiene el país al frente de las finanzas públicas pretenden transferir a Hacienda recursos que en este momento están orientados a financiar instituciones y programas claves cómo CONAPE, Sistema de Banca de Desarrollo, Infocoop, régimen no contributivo de la CCSS, CNE, SINART. El aporte de la banca estatal anualmente a dichas instituciones se acerca a los 22 mil millones de colones.

Esas cargas parafiscales que ahora desean ser desviadas hacia Hacienda y el mismo FODESAF son armas imprescindibles para intentar cerrar la brecha de desigualdad cada vez más creciente. Costa Rica se mantiene entre los 10 países más desiguales en el mundo.

Cabe preguntarse por qué el rechazo a estas medidas de cara a negociar con el FMI, ha unido a trabajadores y empresarios? Claro, ambos sectores por razones distintas. Dentro de las razones por las cuales el gran empresariado se opone, y tras escuchar a varios de sus exponentes, para los cuales hay micrófono y megáfono abiertos a cualquier hora y en cualquier medio,   visceralmente al proyecto tendiente a gravar transacciones bancarias, nos permite profundizar y entender…  por qué atacar rabiosamente este proyecto? Porque las autoridades de Hacienda podrían incrementar sus acciones de inspección y fiscalización sobre movimientos de capital, cuando sean sospechosos de legitimación de capitales, o evasión fiscal. Dichos movimientos de capital  actualmente están protegidos por el secreto bancario. Si bien es cierto dicha figura está protegida por el artículo 25 constitucional y el 615 del Código de Comercio, constituye hoy por hoy, una de las principales trabas para atacar la elusión y evasión fiscal. La misma OCDE desde 2015 indica que pueden llegar hasta un 8% del PIB, más de la mitad calculado por la evasión al impuesto de la renta y ganancias de las grandes empresas.  En el 2016, señala en otro informe, indica que la evasión fiscal está generalizada en el país, sobre todo en cuanto al impuesto a la renta de las corporaciones, pues cuando debe pagar la tarifa del 30%, han evadido el pago hasta por un 70%. El 27% de los grandes contribuyentes han declarado pérdidas o nulas utilidades en los últimos dos periodos fiscales, además muchas de ellas se beneficiaron en la amnistía tributaria de diciembre de 2018.

Cuando tenemos un Ministerio de Habiendo donde sus propios sistemas informáticos no se hablan entre sí, dicha situación a quién favorece? Cuando allí se pierden expedientes sobre procesos abiertos contra grandes evasores, cómo explicarlo? La posibilidad de eliminar el secreto bancario contraria directamente a combatir la evasión y la elusión. Curiosamente por los instrumento jurídicos de carácter internacional que ha suscrito Costa Rica es más fácil que un banco en Belice o de Honduras pida información sobre movimientos en alguna cuenta, que la administración tributaria pueda hacerlo. La OCDE así lo ha promovido desde 2010. Ese mismo año el país suscribe la Convención Multilateral su Asistencia Administrativa en Materia Fiscal, suscrita ya por 129 países. Aunado a ello tenemos convenios de transparencia fiscal con varios países. El levantamiento del secreto bancario es una de las reformas incluidas en el Informe legislativo sobre Papeles de Panamá y el presidente de república se comprometió a impulsar dichas recomendaciones desde mayo de 2019. Con ese excesivo celo de salvaguardar secreto bancario nos parecemos mucho a países como Nicaragua y Guatemala. Poseemos 20 acuerdos bilaterales que facilitan a Hacienda intercambiar información para evitar elusión y evasión. Sin duda la posibilidad de que la administración bancaria levante secreto bancario ante presunción de evasión y elusión de impuestos apunta en la dirección correcta.

Con gran atino le escuché decir a un exministro de Hacienda recientemente  “con ilegalidad, evasión y lavado de dinero por parte de algunos, ningún empresario honesto puede competir”. Coincido.

En conclusión, renunciar al levantamiento del secreto bancario, desfinanciar FODESAF y eliminar cargas parafiscales constituyen la mayor amenaza para nuestro estado social e derecho, el mayor obstáculo e la búsqueda del bien común y el pero ataque a las clases medias y al pequeño empresariado.

El gobierno  no puede prender gobernar a espaldas del pueblo, olvidando el contenido del artículo  9 constitucional, o sea renegar de ser popular y participativo.

Hace algunos años un gran costarricense, Luis Barahona Jiménez dijo “ningún hombre puede rehuir el compromiso político si es auténtico”. Comparto estas reflexiones, honrando a estos cuatro grandes costarricenses y luchando por dejar a mis hijos y nietos un mejor país del que yo he recibido. Costa Rica, vale la pena¡

(*) Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas es Educador.

25-IX-20