El análisis de la pobreza se ha convertido en un tema central en la relación entre crecimiento económico y desarrollo humano. Diferentes enfoques teóricos y metodológicos han venido a enriquecer la compresión de este fenómeno complejo. Dichos enfoques, no solo han contribuido con el desarrollo de herramientas analíticas de gran utilidad para el estudio académico, sino que los resultados empíricos de investigaciones en el campo han informado y permitido un mejor diseño e implementación de políticas públicas para abordar el desafío de reducir la pobreza y avanzar hacia mayores niveles de bienestar y desarrollo humano para la ciudadanía. En esta dirección se inscriben los esfuerzos del Centro de Investigación de la Universidad de Oxford, denominado Iniciativa por la Pobreza y el Desarrollo Humano de Oxford (OPHI, por sus siglas en inglés), creadores del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). De igual forma, han sido muy relevantes los estudios desde el Laboratorio de Acción por la Pobreza (J-PAL, por sus siglas en inglés), del Instituto Tecnológico de Massachessetts (MIT, por sus siglas en inglés), recipientes del premio nobel de economía del 2019 por sus aportes a la comprensión y aplicación de políticas de precisión para la reducción de la pobreza en el mundo.
A pesar de que por muchos años la pobreza se concibió como un problema de insuficiencia de ingresos para satisfacer una serie de necesidades básicas de consumo, esta definición ha venido experimentando transformaciones y mejoras, a partir de la investigación académica para aproximarse a nuevas formas de entenderla y medirla. Es así como, Sabina Alkire y James Foster, del OPHI, desarrollan el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que toma en cuenta las privaciones o carencias que las personas pueden experimentar en diferentes áreas de su vida y que van más allá del ingreso monetario. Este esfuerzo nos permite entender que en la explicación de la pobreza inciden otros factores, como el lugar de residencia, el acceso a los mercados laborales estables y formales, el acceso a bienes y servicios y los niveles de escolaridad y capacidades de las personas y los hogares.
En el caso costarricense, si bien es cierto el país ha venido reduciendo los niveles de pobreza, ha sido incapaz de superar el umbral de la pobreza por la línea de ingreso, estancado en un 20 por ciento. Esto, con el agravante de un aumento persistente de la desigualdad en la distribución y concentración de la riqueza, tal y como se comprueba con el comportamiento del coeficiente de Gini en la última década (0,52 para el ultimo año). Ambos problemas, intrínsecamente relacionados, se agravan cuando se analizan los datos correlacionando variables. Es decir, cuando analizamos la pobreza, de una forma más desagregada, encontramos que el promedio nacional oculta niveles de pobreza mucho más elevados por lugar de residencia (territorio) y por grupos (género, etarios, étnicos, raciales), a lo que la socióloga Irma Arriagada ha denominado “la dictadura de los promedios”, que hay que superar para entender el carácter estructural de la pobreza y sus determinantes.
En diciembre de 2019, la Contraloría General de la República, hacía un llamado de atención al Gobierno de la República, señalando que “…no existe una política general formalizada y un plan nacional de lucha contra la pobreza”, mencionando en su informe, que el número de personas en pobreza se había incrementado en más de 65,000 entre el 2018 y el 2019. Esta información se basa en la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del 2019, en la que se consigna un estancamiento de la pobreza absoluta, con una tasa del 21,0% mientras se mostraba una mejora en la tasa de pobreza extrema, disminuyendo del 6,3 al 5,8%.
Los datos de pobreza para este año, revelados recientemente por el INEC, muestran un aumento alarmante de la pobreza, resultado de factores estructurales, aunados a los coyunturales, propios de los efectos de la pandemia del Covid-19 sobre los ingresos de los deciles más bajos. De acuerdo con la última Enaho, a julio de 2020, la tasa de pobreza alcanza un 26,2%, lo que significa que 419,783 hogares se encuentran en una situación de pobreza (83,888 más respecto al 2019), de los cuales 112, 987 (7%) están en pobreza extrema (19,445 más respecto al 2019). Estos datos confirman, con crudeza, los pronósticos del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR), que en abril había planteado que los niveles de pobreza podrían estar entre un escenario de aumento moderado de la pobreza hasta alcanzar una tasa del 24%, hasta uno más grave, donde la tasa podría llegar al 29%, durante la pandemia.
La situación es todavía más crítica cuando observamos el comportamiento de la pobreza por regiones. Por ejemplo, la región Pacifico Central registra los niveles de pobreza y pobreza extrema más elevados (34,7% y 11,3% respectivamente); seguido por la región Chorotega con 31,7% y 9,0%, muy por encima de las que corresponden a la región Central (23,7% y 6,0% respectivamente).
Una realidad lamentable y preocupante. En primer lugar, por el impacto que esta situación acarrea para un porcentaje muy importante de la población y de los hogares, en los cuales se reproduce el círculo vicioso de la pobreza, que además tiene rostro femenino e infantil. En segundo lugar, si analizamos el problema de una forma más desagregada, nos damos cuenta de que el drama es mayor de lo que los promedios nos indican; es así como observamos altos niveles de incidencia de pobreza en algunas de las regiones periféricas del país. Los indicadores revelan la prevalencia de asimetrías territoriales y relaciones de causalidad estructurales de la pobreza con otras variables, como el desempleo, la precariedad e informalidad del trabajo, las bajas tasas de participación laboral femenina, el limitado acceso y la baja calidad de servicios básicos, las brechas digitales y de apoyo para el desarrollo humano. El aumento de la pobreza urbana también nos llama la atención sobre la dinámica espacial de la pobreza, relacionada con las concentraciones crecientes de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, bajos niveles de escolaridad, altas tasas de desempleo, informalidad y precarización.
Dentro de las preguntas que debe preocupar a los hacedores de política en esta materia están: ¿Cuáles son los factores que no le han permitido al país romper con las rigideces institucionales, que han imposibilitado un mayor éxito de la inversión social y los mecanismos redistributivos de ingresos para reducir, en forma sostenida, los niveles de pobreza? ¿Cómo hacer para conciliar estos resultados con los compromisos adquiridos en el marco de la agenda 2030, para el desarrollo sostenible? ¿Por qué se ha señalado, que más allá de los problemas de coordinación interinstitucional, lo que tenemos es uno más grave, que tiene que ver con la cantidad y calidad de las instituciones que intervienen en el diseño e implementación de políticas y programas sociales para la reducción sostenida de la pobreza?
Las políticas para combatir o aliviar la pobreza en el país, deben tomar en cuenta las particularidades que la misma presenta en las distintas regiones y cantones del país, para que dichas políticas sean más efectivas en su intervención. No hay excusas para que esto no sea así, ya que existen estudios recientes, que han geo-referenciado la pobreza en todo el país, a partir de los cuales se tiene certeza, usando unidades geográficas mínimas, de dónde se encuentran los hogares pobres y cuáles son sus características, según sean hogares en zonas urbanas o rurales, o con jefatura femenina o de otro tipo. Así mismo, otros estudios han hecho contribuciones para tomar en cuenta las variables territoriales, de distribución y acceso al mercado laboral y a servicios de educación y salud; factores determinantes en la calidad de vida y capacidades de la población.
Estaría bien, si los encargados del diseño e implementación de los programas y políticas públicas, para reducir la pobreza, apliquen el enfoque de capacidades y desarrollo humano del premio nobel Amartya Sen. Para un impacto más efectivo de las políticas de alivio a la pobreza, habría que entender que hay que tomar en consideración el contexto diferenciado en el que se expresa la pobreza, a la par de involucrar en su solución a quienes la padecen y a las organizaciones no gubernamentales, que trabajan a nivel local-comunitario, directamente con poblaciones vulnerables. A partir de ahí, es posible obtener la información necesaria y relevante para la definición y evaluación del impacto de la aplicación de diversas políticas. A esto es a lo que se le ha denominado, por parte de los ganadores del premio Nobel de Economía del año anterior, políticas de precisión para el alivio de la pobreza.
Ojalá que el llamado al diálogo democrático y equitativo sea el puente para la concertación de los sectores que nos pueda llevar a un contrato social, orientado por la salvaguarda del Estado Social de Derecho y los principios de justicia, equidad y solidaridad, donde los problemas de pobreza y desigualdad se encuentren en el centro de la agenda. Por la sociedad del bicentenario a la que debemos y podemos aspirar.
(*) Rafael Arias Ramírez, Ph.D, Profesor catedrático de la Escuela de Economía de la UNA, Investigador del Programa de Sectores Productivos ESEUNA
