Al efecto, el presidente Daniel Ortega envió el viernes un anteproyecto de ley a la Asamblea Nacional (parlamento) para que la discuta y apruebe con trámite de urgencia, agregó el medio digital.
El pasado día 15 el Legislativo declaró clausurada su trigésimo sexta legislatura y el 16 convocó a una sesión extraordinaria para el próximo lunes 21.
La iniciativa presidencial titulada ‘Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de la energía eléctrica a la población nicaragüense’, fue remitida por el mandatario el día 15 al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, precisó La Gente.
La exposición de motivos para el nuevo texto jurídico apunta que en 1998 ambas empresas distribuidoras se constituyeron como sociedades anónimas tras la segmentación de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), una entidad pública que solo quedó dedicada a la generación de energía hidroeléctrica.
Disnorte y Dissur tienen el contrato de distribución exclusiva de la energía eléctrica en el las zonas Pacífico y Centro de Nicaragua por un período de 30 años.
El acuerdo comercial fue firmado por el gobierno de Arnoldo Alemán en el año 2000.
Entre ambas distribuidoras facturan el servicio a más de millón 156 mil clientes.
El primer artículo del proyecto jurídico indica que ‘por mandato de la presente Ley y para garantizar la continuidad y seguridad del servicio básico de la energía eléctrica a la población nicaragüense, se declara de soberanía soberana la totalidad de las acciones propiedad de la empresa TSK Melfosur Internacional, Sociedad Anónima (TMI, S.A.) en las empresas Distribuidora de Electricidad del Norte (Disnorte) y Distribuidora de Electricidad del Sur (Dissur)’.
En el cuarto acápite establece que faculta a la estatal Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica para distribuir y/o comercializar energía eléctrica.
