San José, 12 ene (Elpaís.cr).- Con la aprobación en segundo debate y con el apoyo de 41 diputados al expediente 22265, la reducción de la jornada laboral la pondrán aplicar los patronos por tres meses más durante la emergencia nacional por la pandemia.
Según la iniciativa aprobada, el Ministerio de Trabajo podrá autorizar la ampliación de la prórroga siempre que la persona empleadora no haya abusado de los mecanismos establecidos en la ley o incurrido en incumplimiento de la legislación laboral.
Así mismo se permite como condición para mantener la reducción de la jornada que se debe demostrar por parte del patrono que las condiciones actuales siguen afectando a la empresa. Los empleadores que se acojan a esa condición no podrán establecer horarios laborales fraccionados a la persona sujeta a la reducción de la jornada.
Además se establece que cuando la reducción de la jornada sea a un porcentaje de personas trabajadoras, no podrá pagar horas extra a quienes mantenga en la empresa, sino que deberá reincorporarlas con la jornada reducida que se requiera.
Antes de la aprobación del proyecto, diputados de varias fracciones, incluida la oficialista, manifestaron su preocupación por los abusos que se podrían estar cometiendo por parte de algunas empresas.
El diputado José María Villalta Florez-Estrada dijo que, aunque la medida es paliativa, se extiende cada día más, sin que se vea por parte del gobierno una propuesta para atender los impactos adversos de la crisis social que enfrenta el país.
A la preocupación por los efectos de la ampliación de la jornada laboral reducida expresada por el diputado Villalta, se unió la legisladora Paola Vega Rodríguez, quien expresó que no hay información por parte del Ministerio de Trabajo sobre los abusos en que están incurriendo muchas empresas para reducir costos en detrimento de los salarios de sus trabajadores.
Sin embargo, la legisladora Shirley Díaz Mejías, el Partido Unidad Social Cristiana, defendió la iniciativa asegurando que su aplicación permite no solo a las empresas enfrentar los efectos de la crisis sino a los trabajadores de contar con ingresos para llevar alimento a sus familias.
Los diputados también aprobaron en segundo debate y con 47 votos, el expediente 22.049 que autoriza ampliar el plazo del fideicomiso entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Nacional para ampliar el área de cobertura de las zonas aptas para la siembra y producción de palma aceitera.
Con la aprobación de la iniciativa se autoriza al Servicio Fitosanitario del Estado a transferir, por una única vez, dos mil millones de colones del superávit libre acumulado al 2019, a fin de fortalecer el fideicomiso y el sector palmero.
Primeros debates
En la sesión de este martes los legisladores aprobaron en su trámite de primer debate con 46 votos el expediente 19902 Ley para la protección y el desarrollo de oportunidades para las personas con trastornos del espectro autista.
La iniciativa busca dar protección integral a las personas con autismo, procurando brindarles asistencia en salud, protección social, educación y capacitación, entre otros.
Igualmente, se promueve un conjunto de estímulos para que esta población pueda desempeñar un rol social digno, que les permita integrarse activamente a la comunidad.
El expediente 22181 Reforma del Código Procesal Agrario también fue aprobado en primer debate el cual traslada a febrero del 2023 la entrada en vigencia del Código Procesal Agrario ante la falta de recursos para su aplicación producto de la crisis provocada por la pandemia.
La iniciativa pretende establecer medidas para optimizar y hacer más célere y eficaz el proceso agrario, a través de la inserción de la oralidad.
Además 48 diputados aprobaron en primer debate el expediente 21.957 Ley para la reactivación y reforzamiento de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil el cual busca fortalecer las alternativas de atención infantil integral, cubriendo a menores de edad hasta de doce años o hasta los 17 años si poseen alguna discapacidad.
Otro expediente que recibió la aprobación en primer debate con 40 votos a favor y dos en contra es el 22.287 modificación del Artículo 157 de la Ley General de Aduanas el cual le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de ampliar mediante un decreto la permanencia de hasta un año adicional las mercancías que se encuentren en los depósitos fiscales del país en los casos en que exista una declaratoria de emergencia nacional debido al estado de necesidad y urgencia.
Por ello, los importadores contarán con un plazo mayor al que actualmente tienen que es de un año, para proceder a su desalmacenaje, sin que las mercancías caigan en abandono.
El diputado José María Villalta Florez-Estrada, quién voto en contra del proyecto, llamó la atención mediante la presentación de varias mociones de la posible inconstitucionalidad de la norma y que fue advertida por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
