“Al bien hacer jamás le falta premio”
Don Quijote
La crisis provocada por la Pandemia, obliga a abordarla con gran dosis de realismo y como oportunidad para generar cambios, de manera que estos ofrezcan a muy corto plazo la nivelación de oportunidades entre unos y otros, y obtener de esa manera el máximo provecho de cada colón que se invierte en educación pública en Costa Rica. Durante los últimos tres años, escolares y colegiales no han recibido lecciones presenciales durante al menos 290 días.
Este complejo panorama obliga al país, y especialmente a autoridades educativas nacionales, tornarse creativos en la búsqueda de soluciones. Desde el 2 016 el país cuenta con 150 mil jóvenes que no estudian ni trabajan; Esto equivale al 17% de los jóvenes y comprende el rango entre 15 y 24 años. Por eso habrá que redoblar esfuerzos para enfrentar con éxito dicho problema. Como sociedad veníamos haciendo importantes esfuerzos a través de la estrategia, inicialmente denominada Yo me apunto y diversificando la oferta de educación dirigida a adultos y jóvenes adultos. Dichas estrategias que impactaban de forma positiva, se encuentran ahora seriamente amenazadas por la no existencia del vínculo presencial entre estudiante y docente. Peor aún, con los escalofriantes datos de desocupación y pobreza que acumula el país, estos ya no como amenaza, sino como cruda realidad sobre la que necesariamente habrá que incidir, para revertir dichos efectos. Esta población, ubicada en su mayoría en zonas rurales y en condición de pobreza y de pobreza extrema. Esa galopante falta de equidad debe acometida con toda fuerza desde diversos frentes, uno de ellos, ineludiblemente el educativo.
En los territorios, autoridades regionales educativas han hecho grandes esfuerzos por retener matrícula, fundamentalmente en secundaria y de esa manera evitar deserción tras las vacaciones de medio periodo, periodo tradicionalmente crítico. Dicho esfuerzo, de directores, asesores, supervisores y docentes para que las personas estudiantes que se mantenían estudiando bajo los diversos programas de educación a distancia, se desplegó y sigue desplegándose para evitar que desertaran a raíz de las consecuencias de la pandemia. El mismo IMAS con la estrategia Puente al Desarrollo ha contribuido para proveerles mejores y mayores oportunidades educativas a quien estaban estudiando y a aquellos aún no lo hacían por razones culturales y socioeconómicas.
Muchas de esas personas a pesar de la suma de buenas voluntades, chocaron con una fría e insensible realidad como lo es el costo de las pruebas y los derechos de titulación. Increíble que muchas de esas personas que en su momento vieron truncados sus estudios, sea el sistema educativo, a través de sus normativas, el que se constituya como un obstáculo más que limita severamente sus legítimas y dignas aspiraciones de superación. Si esas personas están estudiando bajo las diversas modalidades de Educación Abierta, no es porque sea la preferida, sino que es la única que les queda; por diversas razones: deben trabajar, residen muy distantes a un centro educativo o deben cuidar a otras personas en condiciones de vulnerabilidad en el núcleo familiar, sean infantes, adultos mayores o personas con discapacidad La apertura de más proyectos de Alfabetización y de Educación Abierta debe seguir siendo prioridad para autoridades educativas nacionales y regionales en aras de poder atender una mayor cantidad de población interesada. Penosamente muchos no fueron abiertos por razones presupuestarias, poniendo en evidencia que abordar lo público desde una posición economicista y recordista se torna un búmeran para sectores sociales ya marginados.
El país no puede darse el lujo de seguir condenado a amplias capas de la población de privarlas de los beneficios de una escolaridad completa y de calidad.
Ante este panorama, es bastante previsible que la matrícula en los programas de Educación Abierta crezca, pues ante la desigualdad e impacto de la pobreza que sufre la población, muchas personas estudiantes que han sido atendidas en la educación formal, vayan a tener que migrar a esa otra opción.
Nunca como ahora es absolutamente justificado que nuestras autoridades nacionales, contemplen dentro de los recursos y estrategias para combatir la pobreza y la exclusión social, el propiciar una mayor y efectiva reincorporación de población iletrada al proceso social y productivo en condiciones más dignas, suspender por este curso lectivo y para las dos convocatorias programadas el pago de aranceles correspondientes a exámenes y derechos de titulación para personas estudiantes matriculadas en II Ciclo del Educación General Básica, III Ciclo de la Educación General Básica y en Bachillerato por Madurez. Para la primera categoría el costo de cada examen es de 3 400 colones y son 4 pruebas; en el segundo caso el valor de la prueba es de 3 900 colones y son 6 asignaturas; y finalmente, el caso de Bachillerato por Madurez, allí el valor de cada prueba es de 6 500 colones y son 6. O sea, les cobramos a los más pobres de la sociedad, lo que constitucionalmente les corresponde como gratuito. Estos montos de dinero que pudieran considerarse pequeños, constituyen la diferencia entre dejar de comer para pagar por estudiar, desatender otras necesidades urgentes de la familia o presentar tan sólo una prueba en cada convocatoria haciendo más extenso el dolor, la agonía y el sufrimiento que experimentan dichos grupos de población. Peor aún, les cobramos porque tengan derecho a un título: 3 400 colones por graduarse de la primaria y 6 500 colones por su bachillerato de Educación Media; en el caso del III Ciclo 3 900 colones y la posibilidad de acreditarse para trasladarse a un Parauniversitario o ir al INA. Somos conocedores de la existencia del convenio entre el MEP e ICER para abordar dichos temas, pero también sabemos que es posible que en medio de la Pandemia y ante la irrenunciable tarea de luchar por los que menos tienen, estas ideas deberían convertirse en justas y hermosas realidades para miles y miles de costarricenses, que hoy… tienen menos que ayer. Ante el esfuerzo y dedicación de estos grupos de estudiantes: jornaleros, campesinos, mujeres jefas de hogar, empleadas domésticas, obreros, operarios de fábricas y muchos de ellos desocupados, este tipo de decisiones urgentes y necesarias deben constituir tabla de salvación y no paladas para enterrarlos en una tumba, sin ninguna posibilidad.
(*) Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas es Educador
