La educación asfixiada por el “no se puede”

De cal y de arena

Según el Ministerio de Educación Pública, a marzo pasado había 425.000 estudiantes sin acceso a Internet. De esa cifra, 215.936 casos corresponden a estudiantes ubicados en los estratos de ingresos más bajos. Los estudiantes sin conectividad hacen el 35% de los 1.2 millones de la masa estudiantil del país. Una cifra realmente grande.

Se trata, sin margen a evasivas explicaciones, de una lacerante realidad que exhibe una de varias debilidades de ese sistema educativo que nuestros antepasados forjaron con esmero. Lo que justificadamente hizo destacar al país entre un concierto de naciones que cultivaron la educación de sus generaciones con menos veneración, hoy evidencia cojear. Y no precisamente por la irrupción de una pandemia; la verdad es que el covid-19 lo que ha hecho es desnudar las secuelas de la disfuncionalidad de un sistema educativo administrado con herramientas y dispositivos que provocan negativos impactos.

El Ministerio tiene identificadas con precisión las causas del grave problema y las vías para encararlo. Pero una maraña de arbitrios legales complica los emprendimientos de corrección. Así ocurre en el caso de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB) en la cual una lapidaria visión del caso (se enlistaron los números telefónicos pero se encapsulan pues su transmisión rompería la regla de la privacidad) impide que el MEP suministre los números telefónicos de los estudiantes candidatos a conectarse vía Internet. Por tal impedimento, esos 215.936 estudiantes identificados por el Ministerio no pueden individualizarse ante una dependencia del Instituto Mixto de Ayuda Social ni ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (oficinas con tareas específicas en ese ejercicio de llevar el recurso tecnológico hasta los hogares marginados).

Para más espesa nebulosa, resulta que hay numerosos casos en que los candidatos al servicio han cambiado el número telefónico y no lo han advertido. En ese enjambre, la pelota pasa de un lado a otro: como en el ping-pong. El IMAS, su presidente Juan Luis Bermúdez, hace ver que lo del número telefónico es solo una parte del problema; otra muy importante es la falta de infraestructura, como sucede en algunos puntos del país donde la presencia de Internet es menor al 10%.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) se sacude y cuestiona la calidad de los datos que le proveen a la hora de buscar a los estudiantes amparados por el programa por fallida; solo el 35% de la información está completa, hay números mal consignados o desactualizados y hay ubicación geográfica incorrecta.

De todo este maremágnum derivado más que del covid-19, de una perversión abusiva de los comportamientos de la burocracia que ha forjado de tal modo lo que resulta ser “la dictadura de los incisos” (acertada descripción de Rolando Araya Monge), las víctimas son las masas de estudiantes marginadas. En el cuadro descrito por las autoridades del MEP y recogido en los reportajes periodísticos, resulta ser que en un segmento de 100.000 hogares que solo requerían conectividad, después de un lento viacrucis burocrático ella llegó apenas a 1.902.

La pandemia ha conducido a la imposición de restricciones en la provisión de la educación. Por imperio de la garantía sanitaria, ha habido espacios en el calendario en que se ha sustituido la enseñanza presencial por la educación virtual. Pero irrumpió con virulencia ofensiva esa cruda realidad de las zonas geográficas que no tienen acceso a Internet. Y ahí, en esa burbuja de gestión burocrática, se ha destapado cuánto de esa exclusión no ha podido resolverse por el entrabamiento que crean o “la dictadura de los incisos” o la dictadura de la administración pública que se aferra al poder del NO.

Por esa ruta el país está asfixiando a legiones de hijos a los que les niega el acceso a una educación de calidad.

Ya llegó la hora, con la campaña electoral a punto de abrirse con las formalidades de ley, de que los aspirantes a la Presidencia de la República dediquen atención a este problema, ciertamente de máxima importancia.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista