Según informó el Semanario Universidad, el juez Jean Carlos Céspedes Mora del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires ordenó el desalojo contra una comunidad de diez mujeres -incluidas sus familias- recuperadoras de tierras en China Kichá. La orden fue dada el día 26 de agosto en favor de una persona no indígena.
Lo que más indigna de este atropello es el “curriculum” de este señor juez quien, por lo que informa el medio, sería candidato para una acusación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Veamos:
1. En la información presentada por el no-indígena Badilla Román como prueba para el proceso, se lee “inmueble situado en territorio indígena”.
2. Las escrituras de la supuesta propiedad de Badilla datan de septiembre del 2019.
3. El juez Céspedes es pariente de un no-indígena que usurpa tierras en Boruca y Térraba.
4 En febrero, había ordenado y ratificado otro desalojo en Yuwi Senaglö, también de China Kichá. Orden que fue invalidada en un proceso de apelación.
5. En 2019, había ordenado otro desalojo en Crun Shurín, en Térraba. El cual fue invalidado en otro proceso de apelación.
Dado el récord de este juez, desde 2019 se había pedido que se le investigara e inhibiera de conocer casos agrarios que involucren a pueblos originarios.
La justicia no es ciega como nos quieren hacer creer. Tiene muy buena vista y busca favorecer a los usurpadores de tierras. Evidentemente, sí se pone vendas para no ver ni estudiar la legislación con la cual deben resolver estos casos de recuperación de tierras por parte de las personas indígenas.
Están amparadas por la Ley Indígena de Costa Rica N.º 6172, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 2007, en los que se ratifican los derechos territoriales y el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos.
Como suele prevalecer una visión racista o, en muchos casos, la lógica de los terratenientes, valga la pena recordar que el artículo 3 de la Ley Indígena señala que las personas no indígenas “no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas” y que “todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo”.
Es urgente que el Estado costarricense reconozca la autonomía de los territorios indígenas, invitamos a todas las personas a que apoyen el LLAMADO EN APOYO A LA AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS Y TERRITORIOS INDÍGENAS en el siguiente enlace: https://forms.gle/TGfEAP7pDxE2LWqN6
Agradecemos su solidaridad para con los pueblos indígenas y sus luchas.
(*) Isabel Ducca D.
¡Increíble! Solidaridád para con los pueblos indígenas.
Lo más terrible no es la acción de los malvados y codiciosos terratenientes criollos, esos que actúan a sabiendas de que están irrespetando las leyes y el convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos originarios, es más bien la indiferencia y complicidad de los que se dicen «buenos» o «justos» la que nos alarma y nos deja consternados, como decía Martin Luther King Jr hace ya muchas décadas. La actitud del juez José Carlos Céspedes Mora (un agente del colonialismo) es ruin y cobarde, no sólo se salta el ordenamiento jurídico del país para beneficiar a los terratenientes sino es que es una muestra de la misoginia más descarada la que, por desgracia y vergüenza para todos nosotros, es una triste realidad en Costa Rica.
Jean o Juan sos un símbolo del atropello a los derechos humanos en este pequeño país centroamericano.