Washington, (dpa) - La crisis política de Honduras se ha convertido en toda una batalla de relaciones públicas cuyo centro se juega duramente en Washington, para gran incomodidad del gobierno de Barack Obama, que se ve atrapado entre dos frentes que lo acusan -paradójicamente de manera coincidente- de no hacer lo suficiente en el país centroamericano.
Y con la presión extra de una América Latina que ve en Honduras la primera verdadera prueba de la proclamada voluntad de Washington de iniciar una nueva era en sus relaciones con el hemisferio.
Durante el largo mes desde que el golpe de Estado en Tegucigalpa sacó el 28 de junio al presidente Manuel Zelaya del poder en Honduras -y del país-, la capital estadounidense ha sido el eje principal al que uno y otro bando no han parado de acudir.
Grupos de representantes de la sociedad civil, empresarios, estudiantes y de organizaciones de derechos humanos, así como ex presidentes hondureños, han comparecido ante todos los foros posibles de Washington, incluidas audiencias en el Congreso, para explicar su visión -a favor o en contra- de los sucesos del 28 de junio y de lo sucedido en el país centroamericano desde aquel día.
Un hecho paradójico, señalan algunos analistas, si se tiene en cuenta que una de las tradicionales quejas de América Latina ha sido el "oscuro" pasado "injerencista" estadounidense en el hemisferio.
Pero el mismo Zelaya, que se unió a la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) del presidente venezolano, Hugo Chávez, tan crítica con la Casa Blanca, no ha dudado en acudir hasta en cuatro ocasiones -y se le espera esta misma semana eventualmente por quinta vez- a Washington, reclamando insistentemente una postura más dura respecto al gobierno de facto de Roberto Micheletti.
Mas el problema para Obama radica en que Zelaya no es el único que pide una acción más directa de Washington: también el gobierno de facto ha realizado en las pasadas semanas una intensa campaña en Estados Unidos.
Y, a juzgar por declaraciones de políticos conservadores, ésta no ha caído en saco roto.
Por enésima vez desde que comenzara el conflicto, la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen llamó en los pasados días a reconocer lo que califica de "sucesión de gobierno" en Honduras. Además, reclamó que Washington restituya su ayuda financiera al país centroamericano, cortada -aunque no del todo- como parte de las sanciones que implica la suspensión de Tegucigalpa de la Organización de Estados Americanos (OEA) que apoyó Obama.
A su lado comparecieron los también congresistas republicanos por Florida Lincoln y Mario Díaz-Balart, quien según "El Diario de las Américas" acusó a la Casa Blanca de estar "siguiendo las órdenes y el liderazgo de los peores enemigos de la democracia", en referencia a la Venezuela de Chávez y la Nicaragua de Daniel Ortega.
Todos ellos flanqueando al ex presidente hondureño Ricardo Maduro, uno de los más altos defensores del gobierno de facto en las arenas de Washington.
Además, el gobierno que ahora dirige Micheletti se hizo con los servicios del influyente lobbysta Lanny Davis, ex consejero legal del presidente Bill Clinton y promotor de la campaña presidencial de su esposa y ahora jefa de la diplomacia de Obama, y del también cabildero Bennett Ratcliff, asimismo cercano a Hillary Clinton.
Ambos han hecho en Washington un "asombroso trabajo de relaciones públicas" cuyo resultado es que los estadounidenses "probablemente creerán que Zelaya fue derrocado porque intentó utilizar un referendo para extender su mandato presidencial", alertaba en días pasados el codirector del Center for Economic and Policy Research, Mark Weisbrot, en un artículo en el diario "Los Angeles Times".
Frente a ellos, los grupos que reclaman el regreso de Zelaya como requisito indispensable para recomponer el orden constitucional acusan a Washington de no haber condenado con suficiente dureza el golpe y de no cerrarle todos las grifos económicos a Honduras.
Mientras continúa el impasse en Honduras, en tensa espera de una respuesta de las dos partes a la última propuesta mediadora del presidente costarricense, Oscar Arias, a la Casa Blanca se le va complicando el panorama, ya que los sucesos en el pequeño país centroamericano han empezado a rendirle cuentas en casa.
El senador conservador Jim DeMint paralizó la semana pasada la nominación del actual secretario de Estado adjunto para Asuntos Hemisféricos, Thomas Shannon, como nuevo embajador en Brasil, así como la del chileno-estadounidense Arturo Valenzuela -que tachó sin asomo de dudas lo sucedido como un golpe de Estado "clásico"- como su sucesor en el principal puesto diplomático de cara a América Latina.
Para el analista Michael Shifter, vicepresidente del "thinktank" Diálogo Interamericano, el "juego de equilibrio" de Obama es "cada vez más difícil".
Washington por ahora se aferra a la iniciativa de Arias como la "mejor solución" posible al conflicto, según Shannon.
El problema es que no parece tener un plan B si ésta falla, y el tiempo sigue corriendo mientras muchas miradas se dirigen hacia Washington.