Impunidad en Guatemala por violación a Derechos Humanos

Fuente: Alex Castillo (colaborador)  | 28/07/2009

               

Guatemala (elpais.cr) - Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos denunciaron que en Guatemala se continúan violando los derechos fundamentales, mientras que reina el clima de de impunidad y no se juzga a los responsables de las violaciones a esos derechos durante el conflicto armado.

La organización Human Rights First (HRF), Convergencia por los Derechos Humanos y ocho organizaciones nacionales de Derechos Humanos expresaron hoy en rueda de prensa su apoyo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y denunciaron la escalada de agresiones recibidas durante el primer semestre del 2009.

La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA), dijo cuenta que en junio se llegó al nivel de 171 agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos.

Detalló que se registraron diez asesinatos, 17 intentos de asesinato y 18 actos de criminalización, lo que constituye un agravamiento de las condiciones en las que los y las activistas de derechos humanos y sociales realizan su trabajo.

Las organizaciones resaltaron la necesidad de investigar y procesar las atrocidades masivas del pasado, ya que “constatamos que prevalece la impunidad en los casos presentados ante el sistema de justicia relacionados con las atrocidades cometidas durante el conflicto armado interno, en especial los delitos de lesa humanidad y genocidio”.

“A pesar de importantes logros tales como, la orden judicial de entregar los archivos militares al Fiscal que se encarga del caso de genocidio, la captura de los autores materiales de la detención de Fernando García y la sentencia de la Corte de Constitucionalidad en torno al delito de desaparición forzada en el caso de Choatalum, los familiares de las víctimas aún esperan justicia y conocer la verdad de lo ocurrido”, demandaron.

Por lo anterior, dijeron que exigen la investigación inmediata y persecución penal de los responsables intelectuales, en particular los altos mandos militares con mayor participación en la comisión de los mismos, función a cargo del Ministerio Público.

“Consideramos que es urgente el fortalecimiento de la Fiscalía de Derechos Humanos, en especial de la Unidad de Esclarecimiento Histórico. Además el estado debe hacer efectivas las órdenes de captura contra militares responsables de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto, por ejemplo el coronel José Antonio Solares Gonzáles, con orden de captura por la masacre de Rió Negro en 1982”, detalló.

Además, las organizaciones humanitarias propusieron La modificación de la Ley de Amparo para minimizar el potencial de abusos de la ley por parte de personas interesadas en perpetrar la impunidad, obstaculizando los procesos y volviéndolos tardíos, con el objeto de que no se aplique justicia.

“El Congreso debería aprobar esta semana el proyecto de ley para modificar la ley de amparo, puesto que dicha iniciativa ha estado en su poder desde hace años”, resaltaron.

En cuanto a los archivos militares, “por ejemplo los que documentan la Campaña Sofía 82, Firmeza 83 y Operación Ixil. La Corte de Constitucionalidad ha ordenado que estos archivos se hicieran producidos. Además, la comisión de desclasificación de los archivos militares debería publicar, lo más pronto posible, todos los documentos militares secretos relevantes al conflicto armado para garantizar el acceso a la información y el derecho a la verdad y la memoria”.

“Asimismo, es urgente que la Procuraduría de los Derechos Humanos ponga a disposición del público los archivos digitalizados del desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP), que están en su poder desde el 2005”, demandaron.

Por su parte, La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), informó que ha empezado a actuar en un conjunto de procesos penales claves para el desmantelamiento de las fuerzas de seguridad ilegales y aparatos clandestinos de seguridad en Guatemala.

“Ha jugado un papel importante en fortalecer las instituciones de justicia y ha denunciado exitosamente a los funcionarios públicos que han obstaculizado su trabajo. Sin embargo, su trabajo no puede realizarse si no cuenta con el apoyo de todos los poderes del Estado guatemalteco y las herramientas necesarias”, indicaron.

Por ello, señalaron que es deber de l Ministerio Público y el Organismo Judicial apoyarlo para que la Fiscalía Especial de la CICIG funcione con el respaldo necesario en la investigación y persecución penal. “La depuración del sistema de Justicia es una parte fundamental del mandato de la CICIG, que debe realizarse a la brevedad posible y sin limitaciones”.

Además, solicitan al Congreso de la República aprobar las diez reformas jurídicas e institucionales que la CICIG recomienda para que los aparatos clandestinos sean erradicados, por ejemplo una Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo y reforma a la colaboración eficaz a través de modificar la Ley contra la Delincuencia Organizada.

En cuanto a la situación de las y los defensores de derechos humanos, informe presentado por la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA), da cuenta que en junio se llegó al nivel de 171 agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos. De estas, diez fueron asesinatos, 17 intentos de asesinato y 18 actos de criminalización.

“Esta situación constituye un agravamiento de las condiciones en las que los y las activistas de derechos humanos y sociales realizan su trabajo, por lo cual se hace necesario que el Ministerio Público priorice la investigación de las amenazas y asesinatos en contra de las y los defensores de derechos humanos, para combatir la impunidad y disuadir más asesinatos en general. El Ministerio Público deberá investigar estos crímenes de forma rápida, comprensiva e imparcialmente. También deberá procesar penalmente a los responsables de los mismos”, dijeron las organizaciones.

Al Presidente de la República le piden aprobar a la brevedad posible, un Acuerdo Gubernativo que instale: “(1) la Instancia de Análisis de Ataques en contra de las y los Defensores de Derechos Humanos (y que fortalezca dicha institución a la vez que garantice su continuidad); y (2) la Política y el Programa de Prevención y Protección para Defensores de Derechos Humanos”.

Al Ministerio de Gobernación le exigen que fortalezca la Unidad de Derechos Humanos de la División de Investigación Criminal (DINC) de la Policía Nacional Civil.

Human Rights First es una organización internacional de derechos humanos que protege a las personas en peligro: a los refugiados que huyen de la persecución, a las víctimas de crímenes contra la humanidad u otras atrocidades masivas, a las víctimas de discriminación, a aquellos cuyos derechos son vulnerados en nombre de la seguridad nacional, y a los activistas de derechos humanos que por su defensa de los derechos de otros son blancos de ataques.