Washington, (dpa) - En la carrera contrarreloj en que se ha convertido la crisis de Honduras con el inicio de la campaña electoral para los comicios de noviembre, Estados Unidos decidió esta semana apretarle un poco más las tuercas al régimen de facto, sin que sin embargo esté claro si esto le moverá a Tegucigalpa a aceptar el Acuerdo de San José que la comunidad internacional considera la salida más "apropiada" al conflicto.
Coincidiendo con la nueva visita -la quinta desde el golpe del 28 de junio- a Washington del derrocado presidente Manuel Zelaya, el Departamento de Estado puso fin oficialmente a una parte del paquete de ayudas que entrega al país centroamericano.
Además, anunció que seguirá revocando visados de adeptos al gobierno de facto de Roberto Micheletti y -quizás lo más preocupante para Tegucigalpa- amenazó con no reconocer los resultados de las elecciones si antes no es restituido el depuesto mandatario.
La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, tomó esta decisión "en reconocimiento de la necesidad de medidas fuertes en vista de la continuada resistencia a aceptar el Acuerdo de San José por el régimen de facto y su fracaso en restaurar el orden constitucional y democrático en Honduras", según un comunicado.
En lo que respecta al aspecto económico, se trata del fin de unas ayudas por un monto de 30 millones de dólares, aunque, indicaron fuentes del gobierno norteamericano, Washington seguirá entregando otros 70 millones de dólares que van a proyectos humanitarios.
A ello se une la implementación desde la semana pasada de la decisión norteamericana de suspender la emisión de visas no urgentes en Honduras, medida que afecta al sector empresarial con intereses económicos en Estados Unidos, buena parte del cual está del lado del gobierno de facto.
Aunque no son números escandalosamente altos, la sanción económica no ha dejado indiferente a una Honduras, que ha visto cómo sus reservas nacionales han decrecido en más de 300 millones de dólares desde los comienzos del golpe, una cifra nada desdeñable para la tercera economía más pobre de América Latina y donde el 75 por ciento de la población vive en la pobreza, tal como recordó el propio Zelaya durante su visita a Washington.
Mas por el momento no hay señales de que estas medidas vayan a hacer cambiar de postura a Micheletti, que sigue negándose a aceptar el plan propuesto por el presidente costarricense, Oscar Arias, hace ya más de un mes por la exigencia explícita en el texto de la restitución de Zelaya.
El experto en la región Max Weisbrot alertaba esta semana además de que la presión económica podría verse minimizada por la decisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de entregar a Honduras un total de 164 millones de dólares para incrementar sus reservas internacionales netas.
La cuota forma parte de la asignación de derechos especiales de giro (DEG) por 250.000 millones de dólares que aprobó en agosto la Junta de Gobernadores del FMI para todos sus 186 miembros para "proporcionar liquidez al sistema económico mundial complementando las reservas de divisas de los países miembros", entre ellos Honduras.
Pero Weisbrot, codirector del Centro de Investigación Política y Económica (CEPR) en Washington, puso el grito en el cielo, al advertir de que el recorte de ayudas estadounidense "tendría muy poco impacto si el gobierno de facto tiene acceso a los 164 millones de dólares del FMI".
Por el momento, el organismo financiero internacional no se ha pronunciado oficialmente sobre la medida, si bien el mismo CEPR indicó el viernes que la ministra de Finanzas de Zelaya, Rebeca Santos, le informó de que habían recibido "garantías" del FMI de que el gobierno de facto no tendrá acceso a dichos fondos.
"Si es así, constituiría la sanción económica más importante contra el gobierno de facto", sostuvo Weisbrot, quien ha abogado abiertamente por sanciones más duras al gobierno de facto, frente a la oposición de varios congresistas y senadores republicanos, en un comunicado.
La pregunta que queda en el aire es sin embargo si toda esta presión será suficiente para parar la carrera contrarreloj a tiempo o si la comunidad internacional verá puesta a prueba su firmeza respecto al golpe con la celebración de los comicios en Honduras que, por el momento, asegura no reconocerá.