Redacción (elpais.cr) - La posible designación del diputada gobiernista, Ofelia Taitelbaum, como Defensora de los Habitantes de la República es parte de un botín político y la institución perderá credibilidad.
Así lo aseguró la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), al señalar que la elección legislativa prevista para el próximo martes, “tiene una connotación turbia, fríamente calculada, típica del compadrazgo político”.
Un pronunciamiento de la organización sindical destacó que la inminente designación de la diputada Taitelbaum Yoselewich, “conducirá a esta institución a una sensible pérdida de credibilidad, debilitando su institucionalidad y reduciendo al mínimo su independencia con respecto a la hegemonía política actualmente vigente, misma que amenaza con prolongarse en el próximo período constitucional 2010-2014”.
“Es realmente indignante que tan necesario cargo para la defensa ciudadana se haya convertido en un botín político, pues se le ofrecerá a la indicada legisladora como “premio de consolación” ante sus frustradas aspiraciones de haberse convertido en presidenta de la Asamblea Legislativa para el último año del actual y ya saliente período constitucional 2006-2010”, lamentó la ANEP.
“La elección prevista para este martes 15 en el seno de la Asamblea Legislativa, tiene una connotación turbia, fríamente calculada y muestra rasgos típicos de compadrazgo político, ese que tanto daño le ha causado a la credibilidad ciudadana en la institucionalidad republicana vigente. En verdad, quisiéramos estar equivocados”, añadió.
La ANEP advirtió que “para la amplia gama de la rica diversidad de los sectores sociales cívicos y de los movimientos populares costarricenses, la circunstancia de que la señora Taitelbaum Yoselewich llegue a ser la nueva Defensora de los Habitantes de la República, implicará que para llevar situaciones a su conocimiento habrá que pensarlo una y más veces, pues la desconfianza y no la esperanza será lo que prive antes de buscar la “protección” de la Defensoría en este nuevo ciclo político por venir”.
Precisó que la diputada “está identificada como un proyecto político que se impuso en nuestra sociedad, apelando a antivalores como los atentados a la transparencia, la compra de conciencias, el tráfico de influencias, atropellos constitucionales y negociaciones inconfesables como para que pueda lograr ella más votos para su eventual designación de los que se le darán desde la fracción parlamentaria de su pertenencia”.
“No es cierto que la sociedad costarricense esté reconciliada luego de la dramática experiencia de las elecciones presidenciales del 2006 y del referéndum del 2007. Dos visiones de país siguen opuestas pese al abanico electoral de la actualidad”, indicó la ANEP.
La organización sindical sostiene que “es políticamente imprudente y éticamente incorrecto poner en la Defensoría de los Habitantes a alguien tan matriculado con una de esas dos visiones de país. Hacer esto es alimentar la polarización y no fomentar vías para la reconciliación y/o, al menos, en reencuentro necesario para que haya diálogo nacional eficaz y realmente incluyente e integrador”.
Finalmente, la ANEP advierte que “consumada tal designación, mucha gente, muchas organizaciones sociales de la más variada naturaleza, mucha ciudadanía consciente nos veremos obligadas a apelar a una autodefensa más legítima y en ruta hacia un nuevo orden: la organización para la movilización y el ejercicio de la Democracia de la Calle”.