San José (elpais.cr) - El Gobierno de Costa Rica pretende, mediante decreto, cambiar una ley sobre propiedad intelectual para beneficiar a las transnacionales agroquímicas y farmacéuticas y por ello el directorio legislativo pretenden impedir al diputado José Merino defender mociones de oposición a ese plan.
El legislador denunció que mediante una resolución, el Directorio Legislativo pretende impedirle la defensa de cerca del 90 por ciento de las mociones para oponerse al proyecto y defender sus tesis.
Según el Directorio, las mociones presentadas por el diputado no tienen conexidad con el proyecto, y recurre a diversos pronunciamientos de la Sala Constitucional sobre el tema y algunas prácticas que se han dado en el Parlamento, añadió Merino del Río.
Dijo que las mociones pretenden hacer cambiar de criterio a legisladores y mediante la discusión, que no debe ser eterna, permite la maduración de un proyecto.
Indicó que en la Asamblea se han aprobado proyectos “sin el debate necesario, sin el estudio necesario, que después en lugar de ser una respuesta a los problemas que se querían enfrentar son dolores de cabeza para la sociedad”.
Merino dijo que el fondo del asunto es una propuesta del Ejecutivo que pretende reformar tres leyes, “aduciendo que es la última exigencia para que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos pueda entrar en pleno vigor”.
“Así está establecido en las diversas cartas de intenciones, entre el ministro de Comercio Exterior y los responsables de Comercio Exterior del Gobierno de los Estados Unidos”, precisó.
“La contradicción que podría ser inconstitucional a este proyecto, si se aprueba tal como está, por la siguiente razón: Señala la misma presidencia de este parlamento citando a la Sala IV que no puede aprovecharse de la enmienda para excluir de raíz la materia a la que el proyecto se refiere, bajo la particular participación de su proponente legítimo”, explicó.
Merino recordó que el Ejecutivo aduce la necesidad de reformar tres leyes porque el país estaría amenazado de sanciones.
“En la Comisión de Asuntos agropecuarios elimina de raíz uno de los objetivos que para el Poder Ejecutivo eran centrales, eliminan totalmente el artículo tres del proyecto que modifica el artículo 8 de la Ley 7975 del 4 de enero del 2000, y aquí viene la paradoja, si el derecho de enmienda que tuvo un diputado para eliminar totalmente un artículo del proyecto, entonces, por qué a este diputado no se le van a recibir mociones para agregar nuevos artículos al proyecto”, denunció.
“Uno de los temas fundamentales de este proyecto, así planteado por el Ejecutivo, es legislar sobre propiedad intelectual en materia del llamado derecho de prueba sobre las patentes de productos farmacéuticos o de productos para la agricultura, y con que intención... con la intención de eliminar un abuso interpretativo que se ha dado por esta Asamblea Legislativa en las leyes de Propiedad Intelectual de la Agenda de Implementación que permitiría extender de manera abusiva las patentes de determinados productos en contra de nuestro pueblo y nuestros agricultores a tener un acceso más inmediato a los productos genéricos más baratos y de la misma eficacia, e incluso extensivo a la misma medicina”, reclamó.
Merino dijo que esa práctica ha sido eliminada en los demás países centroamericanos, y “aquí la quieren mantener”.
Además, cuestionó por qué a última hora se metió una moción para eliminar el artículo tres del proyecto que se había aprobado mediante consenso con los agricultores, los fabricantes de genéricos, con las diversas fracciones del Parlamento.
Dijo que ese acuerdo se logró para evitar que esas compañías transnacionales, mediante un artilugio, patentar una de las moléculas que ya se habían patentado para alargar el período de extensión de las patentes.
Merino aseguró que en sus mociones está agregando aspectos que tienen que ver con la propiedad intelectual, con derechos de autor, invenciones de patentes sobre obtenciones vegetales, etc.
“Con el mismo criterio que autorizan a un diputado a enmendar para quitar un artículo, no le pueden quitar a otro diputado la posibilidad de enmendar para agregar otro. Me están violando mis derechos constitucionales”, denunció.
“O la presidencia declara inadmisible la moción que quitó, mutiló de raíz el artículo tres del proyecto o la Presidencia para ser coherente con la misma jurisprudencia que pretende sentar”, concluyó.
Por su parte, el diputado José Joaquín Salazar, del Partido Acción Ciudadana (PAC), recordó que dicho proyecto de ley se llama: “Proyecto de Ley Reforma al Artículo 2 de la ley 6683 del 14 de octubre de 1982, Artículo 52 de la Ley número 8039 del 12 de octubre del 2000 y Artículo 8 de la Ley número 7975 del 4 de enero del 200”.
Salazar añadió que el Gobierno pretendería beneficiar a las transnacionales para que puedan extender los plazos de productos que ya podrían estar siendo producidos por industriales genéricos y sustituirlo por un decreto.
Finalmente, Salazar acusó al Gobierno de hacer creer que productos que tienen diez o 15 años de estar en venta en el país son productos nuevos para extender por 25 años más el monopolio de las transnacionales.