Gobierno de Costa Rica controla puertos del Caribe
Policía se mantiene en instalaciones portuarias
San José (elpais.cr) - El gobierno de Costa Rica mantiene a la Fuerza Pública dentro de los dos puertos de Limón con el fin de impedir movimientos de protesta, tras hacerse del control del Sindicato de Trabajadores Portuarios (SINTRAJAP).
Desde la medianoche del lunes la policía se hizo cargo de las instalaciones portuarias, que pretende privatizar a corto plazo, una vez que pague 137 millones de dólares como indemnización a los trabajadores y avanzar hacia la privatización.
Este lunes, el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, legitimó una nueva directiva del SINTRAJAP después de que menos del 40 por ciento de los empleados decidió destituir a los líderes legales y aprobaron el plan privatizador del Gobierno de Oscar Arias.
Los puertos, en manos de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), movilizan el 80 por ciento de las exportaciones e importaciones de Costa Rica, y las ganancias de la empresa estatal se distribuyen en el mejoramiento de escuelas, colegios, centros de salud y caminos de la provincia de Limón, entre otros.
La decisión gubernamental desató la noche del lunes algunas protestas de trabajadores portuarios en las calles de Limón, mientras diversos sindicatos de la zona y del país anunciaron movilizaciones para impedir la privatización de los puertos de Limón y Moín.
El gobierno de Arias, que termina su mandato el 8 de mayo, afirma que los puertos del Caribe requieren inversiones que el Estado no está en condiciones de hacer y una administración más eficiente para elevar su competitividad, aunque estudios oficiales indican que se necesitan 80 millones de dólares en inversión, mientras el pago a los trabajadores ronda los 140 millones.
La Central General de Trabajadores (CGT), afiliada a la Federación Sindical Mundial (FSM), declaró que no sorprende la “inscripción arbitraria e ilegal de un grupo de trabajadores afines a la Casa Presidencial en sustitución de la legítima Junta Directiva del sindicato SINTRAJAP, acto éste perpetrado por el ministro de Trabajo y su Oficina de Organizaciones Sociales”.
Añadió que desde que ocuparon el Despacho del ministro de Trabajo hace varias semanas, “procuramos que éste jerarca diera garantías mínimas de que respetaría el Estatuto del Sindicato y los Convenios de la OIT ratificados por nuestro país y, no obstante, abandonamos esa Oficina sabiendo que se burlaría del régimen legal”.
Añadió que para la CGT “se agotaron las vías legales para resolver un conflicto promovido desde la propia Casa Presidencial. El Gobierno de Arias, utilizando a un grupo de trabajadores como instrumento manipulado y comprado, ha quitado de en medio los obstáculos para avanzar en el gran negocio de la concesión de los muelles de Limón”.
La CGT aseguró que “esa estratagema vergonzosa, el Ministerio de Trabajo ha sido cómplice”.
Además acusó al Gobierno de utilizar al Ministerio de Salud de impedir la realización de una asamblea sindical y luego al Departamento de Organizaciones Sociales para consumar un “golpe de estado” a la Junta Directiva legítimamente constituida.
En enero, el SINTRAJAP llamó a una Asamblea General extraordinaria, pero el Ministerio de Salud clausuró el gimnasio en el que se celebraría la actividad, lo que habría justificado una reunión de trabajadores proclives a la privatización.
Dicha reunión fue celebrada en una bodega de JAPDEVA, con el patrocinio de la empresa estatal y el respaldo de Casa Presidencial que en diciembre había sugerido una acción similar para destituir a la dirigencia sindical.
“La intervención descarada en una organización sindical para destituir a una junta directiva que se oponía a los planes del Gobierno, fue el costoso precio que decidió pagar el Ministro de Trabajo para congraciarse con sus jefes. Por eso exigimos su renuncia del Ministro de Trabajo”, demandó la CGT
Finalmente, advirtió que “si el Gobierno y sus cómplices violan la legalidad sin ninguna vergüenza no esperen que los y las trabajadoras nos quedemos cruzados de brazos esperando que caiga la guillotina. Es nuestro deber organizar la lucha por la defensa de independencia sindical en Costa Rica”.
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