Gobierno divorciado con iniciativa Paz con la Naturaleza

Fuente: elpais.cr  | 26/03/2009

               

San José (elpais.cr) – La inconsistencia entre lo que pregona por un lado el Gobierno del presidente Oscar Arias y las políticas emprendidas en contra del ambiente, fue públicamente denunciada por los especialistas invitados a debatir durante un foro celebrado en la Universidad de Costa Rica (UCR).

Con ocasión del foro “Técnicas para evadir la legislación ambiental: el caso del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET)”, realizado en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la UCR, participaron Álvaro Sagot, abogado ambientalista y profesor de la Universidad Nacional (UNA); Marietta Lizano, abogada ambientalista y antigua Jefa del Departamento Legal del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET); Quírico Jiménez, ingeniero, ex diputado; José María Villalta, abogado y asesor legislativo; y Tatiana Cruz, abogada y ex directora de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

La actividad fue  organizada por la Comisión Ambiental de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la UCR, en colaboración con el grupo de académicos “Llamado Urgente por el País” (http://llamadourgenteporelpais.blogspot.com).

Decretos

La “inconveniencia” de los Decretos de Conveniencia Nacional fue claramente señalada por Álvaro Sagot, en relación a Crucitas y al proyecto de Punta Cacique, dado que se trata de proyectos de consorcios internacionales privados que no han sido debidamente evaluados en la relación costos/beneficios para el país.

El experto afirmó que mediante esos decretos, se busca en toda legalidad usar el portillo legal de la ley forestal, permitiendo talar bosques, como es el caso del proyecto minero Las Crucitas, en la zona norte del país o el Proyecto de Punta Cacique.

Indicó que estos decretos previstos originalmente para obras de “infraestructura” (carreteras, puentes, represas hidroeléctricas, aeropuertos), pueden, con esta administración, servir a galardonar cualquier tipo de proyecto de empresas privadas, siempre y cuando el Gobierno así lo decida.

En efecto, la legislación forestal indica claramente que los proyectos de “conveniencia nacional” se refieren a aquellas actividades “realizadas por las dependencias centralizadas del Estado, las instituciones autónomas o la empresa privada, cuyos beneficios sociales sean mayores que los costos socio-ambientales. El balance deberá hacerse mediante los instrumentos apropiados”.

Explicó que en ambos casos, Crucitas y Punta Cacique, se trata de proyectos de entidades privadas, y no públicas o semi-públicas.

Sagot cuestionó además las interpretaciones que el Gobierno ha hecho a estas leyes y para emitir sus decretos, pues en su opinión la construcción de hoteles como uno proyectado en Punta Cacique y la mina Las Crucitas, no son proyectos que calcen con la definición de “interés nacional” y abren un peligroso portillo “para declarar de conveniencia nacional cualquier proyecto de una empresa privada”.

Por su parte, el asesor legislativo y ambientalista José María Villalta consideró que “por este portillo que están abriendo de los decretos de conveniencia nacional, prácticamente pueden dejar las normas de protección ambiental y otras leyes, sencillamente en normas huecas, vacías de contenido”. 

Entre tanto, Sagot criticó que en el caso del hotel por construir en Punta Cacique, el ICT lo defendió tras alegar que el proyecto era viable basado en un estudio de prefactibilidad, en el cual la viabilidad se analiza desde un  punto de vista empresarial o de rentabilidad económica, y no desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental.

Setena

Por su parte, Marietta Lizano, ex funcionaria del MÍNAET cuestionó la labor ambiental de esta entidad, cuyas oficinas aún no han sistematizado los procesos de Evaluación Ambiental.

“Cada día es más un cadáver, que un ministerio viviente” y en su nombre la palabra ambiente prácticamente va de última”, añadió. 

Dijo que la SETENA se ha convertido en un tramitador de permisos y de paso se ha politizado más de lo necesario, por lo que se hace necesario revisar su funcionamiento. 

La especialista en derecho ambiental indicó que ha faltado una evaluación del impacto sinérgico del desarrollo (acción concertada de varios órganos para realizar una función), con controles cruzados de las instancias responsables de fiscalizar cualquier tipo de obra y así evitar que se utilicen subterfugios, como ha ocurrido en varias ocasiones.

Esta lectura de la labor de la SETENA fue  confirmado por la misma Tatiana Cruz, ex Secretaria Ejecutiva de la SETENA, que reafirmó públicamente que su salida en marzo del 2008 obedeció a que “no podría yo firmar las resoluciones que me estaban llegando” relativas, entre otras, a la piñera Tico Verde en Siquirres.

Reconoció además que su salida y la de cinco integrantes de la  Comisión Plena de SETENA se debieron a presiones políticas y al hecho que estos funcionarios ya no estaban de acuerdo con el cambio de orientación exigidos por las instancias superiores del MÍNAET.

“Sigo manteniendo muy buenas relaciones con el señor (ministro de Competitividad), Jorge Woodbridge, una persona que estimo mucho y al que veo con frecuencia”, finalizó la antigua Secretaria Ejecutiva de la SETENA. 

Por otro lado, el ex diputado Quírico Jiménez –quien desarrolló el tema “Decretos Ejecutivos nefastos en detrimento de la legislación ambiental vigente”, señaló una larga lista de decretos firmados por las autoridades “ambientales”, y que buscan precisamente violentar algunas regulaciones ambientales.
Estos Decretos han sido objeto de recursos ante la Sala IV, la cual, en su mayoría los ha acogido, anulando dichos Decretos Ejecutivos. El último en ser declarado inconstitucional es el relativo al cordón de contención de la Gran Áea Metropolitana (GAM).

Indicó que ante la situación que se vive en la Asamblea Legislativa, el Gobierno se ha dedicado a legislar por medio de los decretos de conveniencia nacional, que son una evidente contradicción con su programa Paz con la Naturaleza, e igual de contradictorio es que esos directrices sean firmadas por el jerarca del MINAET, encargado de proteger el ambiente.

Por estas razones, Jiménez calificó las políticas ambientales de Costa Rica como parte de un peligroso doble discurso: “El panorama está muy claro: hay una anteposición de los intereses individuales a los intereses de la sociedad”, advirtió. Además, existe una anarquía en el campo de las regulaciones ambientales y “todo se acomoda en beneficio de la inversión extranjera”, reprochó Jiménez.

Una posición similar expresó el abogado José María Villalta, al ahondar sobre “Recientes decretos que intentan evadir las regulaciones ambientales”.

El especialista advirtió que “en algunos casos, los que elaboran esos decretos saben que son inconstitucionales, y los hacen para favorecer a un empresario específico. Aún sabiendo que vamos a impugnarlo ante la Sala IV, corre siempre un breve período de tiempo y entre le publicación en la Gaceta y la impugnación que podemos hacer se pueden generar algunas situaciones consolidadas”, como sucedió en un terreno costero en Quepos y en Las Crucitas: en este caso es de recordar que el Decreto Ejecutivo de conveniencia nacional fue editado el 17 de octubre, un viernes, en las maquinas de la Imprenta Nacional, pero ese mismo día, desde tempranas horas de la mañana, la Empresa Infinito Gold ya había preparado los equipos para proceder a la tala de árboles, que inició  a las 10:00 am del mismo día”.

Villalta centró su análisis sobre dos decretos ejecutivos de diciembre del 2008 que vienen a reglamentar aspectos esenciales de la Ley sobre Biodiversidad: Los decretos  34958 y 34 959 publicados el 15 de diciembre del 2008 que reglamentan el Artículo 80 de la dicha ley.

Cabe recordar que la penúltima ley de implementación del TLC fue objeto en octubre del 2008 de una modificación presentada por el legislador Jorge Ocampo, que intentaba incluir el conocimiento indígena y de los pueblos autóctonos como posibles ámbitos objeto de patentes y comercialización.

Dicha modificación de último momento fue luego retirada por el Gobierno al señalar la Sala IV que se debía de consultar a los pueblos indígenas de Costa Rica.

Villalta indicó en ese aspecto que el Gobierno se limitó a enviar  por correo la consulta  a varias entidades indígenas en sus oficinas regionales, y dejo correr los 10 días hábiles para considerar como finalizado el proyecto de consulta.

Dijo que  en giras posteriores en los territorios indígenas, se dio cuenta que sus habitantes nunca se percataron de que había habido una consulta sobre el conocimiento tradicional.
Ambos Decretos Ejecutivos publicados en Diciembre, fecha en que la opinión pública está distraída por las fiestas de fin de año, buscan precisamente  facilitar el acceso de las empresas trasnacionales a los conocimientos tradicionales, y permitir  que se puedan patentar a nivel internacional, abriendo así un peligroso portillo para la “biopiratería”.
 
“Es decir, el apropiarse de manera ilícita con fines de comercialización y mediante el mecanismo de la patente los conocimientos medicinales, naturales, de plantas, que poseen las culturas milenaria de los pueblos indígenas”, precisó. 

El Foro reunió a unas 70 personas, entre estudiantes, académicos, abogados, periodistas, asesores legislativos del Partido Frente Acción Ciudadana, del Frente Amplio y de Liberación Nacional.