San José (elpais.cr) - La experta de la ONU en agua y derechos humanos, Catarina De Albuquerque, deploró este viernes en Costa Rica el desperdicio de agua, la falta de modernización de la legislación del recurso hídrico, así como el acceso deficiente al agua en comunidades rurales y pobres, o para personas en condiciones vulnerables como los indígenas y los inmigrantes.
De Albuquerque concluyó este viernes una misión, invitada por el Gobierno, que incluyó una investigación en instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, agencias de las Naciones Unidas, sector académico y privado.
La Experta Independiente de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos con el acceso al agua potable y el saneamiento, también visitó comunidades de Guanacaste, Puntarenas, Limón y Cartago.
En rueda de prensa, al presentar un informe preliminar de su misión, De Albuquerque resaltó que Costa Rica tiene en su legislación, con pronunciamientos de la Sala Constitucional, el principio de acceso al agua como un Derecho Humano fundamental.
Consultada sobre este medio, declinó pronunciarse sobre la negativa de la delegación oficial costarricense en el último Foro Mundial del Agua, celebrado en Estambul, Turquía, hace una semana, de votar en contra de un pronunciamiento que considera el acceso al agua como derecho humano.
Sin embargo, recomendó a los gobiernos adoptar ese principio, de privilegiar a la población con el suministro de agua antes que a desarrollos turísticos y de industrias, entre otros.
De Albuquerque propuso recomendó también hacer un inventario del agua para consumo humano, para producción de energía eléctrica, industria, turismo y para la agricultura, entre otras actividades.
Advertencia
La Experta Internacional también resaltó avances de Costa Rica ya que el 82 por ciento de la población consume agua potable, mientras 98 por ciento de la población rural y urbana tiene algún tipo de acceso a saneamiento.
Empero, añadió que “Costa Rica tiene avances muy importantes, pero aún mantiene retos de gran envergadura. Considero que el gran desafío del país está en el manejo de las aguas residuales, que 96,5 por ciento no reciben ningún tratamiento”.
Además, indicó que existen disparidades pronunciadas ente las diversas regiones, y citó como ejemplo que en áreas urbanas el acceso al agua potable es superior al 90 por ciento, mientras que en las rurales registra sólo 60 por ciento.
Destacó que diversos grupos vulnerables como pueblos indígenas, afrodescendientes, trabajadores migrantes y personas en condición de pobreza carecen, a menudo, de acceso al agua potable y saneamiento.
Institucionalidad
Analizando el marco institucional del sub-sector de agua en el país, dijo que su opinión es que las competencias relativas al agua y saneamiento están dispersas entre un número amplio de autoridades, lo cual genera traslapes de competencias y falta de claridad en la materia.
Esta circunstancia también hace difícil identificar el rol y competencias de las instituciones que trabajan en el sector sub-hídrico, subrayó.
De Albuquerque lamentó también que diversas instituciones, con responsabilidad para monitorear y fiscalizar el cumplimiento del marco normativo sobre agua y saneamiento, incluyendo el Tribunal Administrativo Ambiental, no tienen recursos humanos y financieros suficientes para llevar a cabo sus mandatos.
“Esto es particularmente cierto con relación a las actividades destinadas a hacer valer el cumplimiento con la legislación para prevenir la contaminación del agua o la perforación ilegal de pozos, entre otros”, afirmó.
Resaltó que “en efecto, distintos actores con quienes me reuní identificaron este aspecto como uno de los más grandes desafíos que enfrenta Costa Rica en el ámbito de agua potable y saneamiento”.
Las disparidades e inequidades en precios del agua, los cuales dependen de las autoridades que son responsables por el manejo y provisión del agua –AyA, municipalidades o ASADAS – también son preocupantes.
“Noto igualmente que no existe una política nacional sobre agua que tome en consideración la situación especial de las personas viviendo en situación de pobreza”, deploró.
Por otro lado, en su informe preliminar expresó que “la contaminación de las aguas con químicos y con aguas servidas, principalmente en áreas costeras y en zonas de cultivo agrícola intensivo, es un aspecto que me preocupa, compartido además por distintos actores en el país”.
“Me inquieta también el hecho que algunas personas con las que me reuní en Sardinal (Guanacaste), me informaron acerca de su supuesta falta de acceso al agua potable y del temor de las poblaciones con relación al incremento en la escasez de agua en la región”, expresó.
Recomendaciones
Albuquerque, en su informe, hizo algunas recomendaciones muy preliminares, aunque aclaró que su intención •es formular recomendaciones más articuladas a los diferentes actores con los que me reuní en mi informe final al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que estarán listas en los próximos meses. Este informe será discutido formal y públicamente el próximo mes de setiembre”.
La Experta Internacional adelantó las siguientes recomendaciones preliminares:
“1. Aclarar las funciones y competencias de las instituciones que trabajan en el sector sub-hídrico con el objetivo de mejorar la eficiencia en la gestión del agua y evitar posibles conflictos y traslapes de competencias. Considerar racionalizar, y posiblemente simplificar, la organización del sub-sector hídrico.
“2. Mejorar la capacidad de los cuerpos responsables de monitorear y asegurar la fiscalización de la legislación en materia de agua y saneamiento, incrementando sus recursos humanos y financieros. Asegurar el correcto cumplimiento de las decisiones adoptadas por estos cuerpos.
“3. Proveer información a actores relevantes, especialmente a organizaciones de la sociedad civil y a miembros de comunidades afectadas, y participarlos de los procesos de adopción de decisiones relacionados con el uso y gestión de los recursos hídricos.
“4. Llevar a cabo un estudio comprensivo sobre la disponibilidad, cantidad y calidad de las aguas superficiales y subterráneas, un balance hídrico, con la finalidad de determinar la disponibilidad y calidad de agua para diferentes usos”.