Costa Rica firmará Plan Mérida de seguridad regional

Fuente: Carlos Salazar (csalazar@elpais.co.cr)  | 17/06/2009

               

San José (elpais.cr) - El Plan Mérida para la supuesta lucha contra el narcotráfico y el terrorismo será firmado este miércoles, en Casa Presidencial, por los poderes Ejecutivo y Judicial de Costa Rica, junto con el embajador de Estados Unidos en San José.

Un boletín del Poder Judicial informó que en su esfuerzo por hacer frente al crimen organizado, el Organismo de Investigación Judicial recibirá un total de $200.000 que serán utilizados para automatizar la capacidad de identificación por huella dactilar dentro de la región centroamericana, así como facilitar el intercambio de información sobre los delincuentes, estableciendo identidades verdaderas y asociándolos a delitos criminales.

Sobre el tema, diversos analistas políticos y activistas del campo popular, de Centro y Suramérica, advierten que estos planes antinarcóticos se ubican en el contexto de criminalización de las luchas sociales de la región.

El dinero se dará tras la firma de la Carta de entendimiento del Plan Mérida, entre los Gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica, la cual se firmará al mediodía de este miércoles 17 en el Auditorio de Casa Presidencial.

El documento lo firmarán el presidente de la República, Oscar Arias; el presidente de la Corte, Luis Paulino Mora, el embajador de Estados Unidos, Meter Cianchette; así como Rodrigo Arias, Jannina del Vechio y Viviana Martín de los ministerios de la Presidencia, Seguridad Pública y Justicia, respectivamente.

Para el Poder Judicial se trata de un esfuerzo conjunto por incrementar la capacidad regional para la identificación de huellas dactilares, en donde el FBI usará $1.500.000 para completar el sistema Centroamericano para el Intercambio de Huellas Dactilares en Honduras y Guatemala, y de manera similar iniciará la automatización de la capacidad del sistema de huellas dactilares de las agencias policiales en los cuatro países restantes de la región centroamericana:  Belice, Costa Rica, Panamá y Nicaragua e introducirá los estándares internacionales y del FBI para la identificación de huellas dactilares.

El programa incluye una evaluación de las huellas dactilares existentes en el país, seguido por un programa de asistencia dirigido a sectores específicos que incluye la introducción de tecnología automatizada, capacitación básica y avanzada en huellas dactilares así como tecnología, procedimientos y política de apoyo.

Ello contribuirá a la detención de criminales y miembros de pandillas, que se desplazan entre los países de la región y los Estados Unidos, utilizando diferentes “alias” para evitar el arresto.
Además, proporcionaría un acceso más amplio a la información biométrica del registro de datos para la identificación de delincuentes criminales internacionales.

También ayudaría a proveer capacitación, recursos, mantenimiento e infraestructura al país para que opere bajo un nivel similar al de Estados Unidos y que puedan llevar a cabo un análisis significativo y viable de la huella dactilar y la identificación.

Cabe destacar que a través de la firma, las capacidades de identificación por huella dactilar de todos los países de la región se incrementan y los países participantes, incluyendo los EE.UU., ganan acceso al registro de antecedentes penales basados en huellas dactilares.

“La Iniciativa Mérida es un esfuerzo regional de varios años dirigido a fortalecer las capacidades de los Gobiernos de México, Centroamérica, República Dominicana y Haití para hacer frente al crimen organizado dentro de sus respectivos territorios, actuando en forma individual y colaborando en una base regional”, señaló el boletín del Poder Judicial. 

Aclaró también que “los programas destinados a mejorar esta cooperación se basan en el respeto total por la soberanía, la jurisdicción territorial y el sistema legal interno  de cada país, y están dirigidos por los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua y reciprocidad. El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) será el ente coordinador de la colaboración para Centroamérica”.

“La Iniciativa Mérida consiste en brindar asistencia en las áreas de antinarcóticos y antiterrorismo, seguridad pública y trabajo policial, desarrollo institucional y el estado de derecho para alcanzar las siguientes metas estratégicas: romper el poder e impunidad de las organizaciones criminales, asistir en fortalecimiento de los controles fronterizos, aéreos y marítimos; mejorar la capacidad de los sistemas de justicia; reducir la actividad de las pandillas y disminuir la demanda de drogas”, precisó la nota de prensa.

La firma del documento también incluye ayuda para el Ministerio de Seguridad Pública en mejoras en el Patrullaje y Equipo Policial con un monto de $742,000; así como mejoras en la Administración del Sistema Penitenciario con un monto de $200,000, para el Ministerio de Justicia.

Organizaciones sociales de Mesoamérica han preguntado sobre el plan si “¿será cierto que a la actual administración de Washington le preocupa el narcotráfico? Si hubiera un interés real por terminar con un problema de salud pública tan amplio como el consumo de drogas ilegales en su país (los cálculos más conservadores ubican en 15 millones la cifra de adictos en el territorio estadounidense), muy otras deberían ser las iniciativas”.

Además, llaman la atención en diversos foros sobre “quemar sembradíos de coca o de marihuana en las montañas de Latinoamérica o llenar de armamento sofisticado a las fuerzas armadas de los países al sur del Río Bravo no baja el consumo de estupefacientes entre los jóvenes de New York o Los Ángeles. ¿Por qué se sigue militarizando un problema que no es militar? O bien el asunto está mal encarado en términos técnicos, o bien –nos quedamos con esta segunda hipótesis– hay otros intereses tras esta “guerra a muerte” contra el narcotráfico”.

Para expertos, el Plan Mérida, también conocido como Iniciativa Mérida o Plan México, técnicamente consiste es un proyecto de seguridad establecido entre los gobiernos de Estados Unidos, México y los países de Centroamérica y el Caribe para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

El acuerdo fue aceptado por el Congreso de los Estados Unidos y activado por el presidente George Bush el 30 de junio del 2008, en tanto la actual administración de Barack Obama lo ha hecho suyo igualmente.
El paquete de asistencia prevé un monto de 1.600 millones de dólares para un plazo de tres años. Durante el primer año estará proporcionando a México 400 millones de dólares en equipo y entrenamiento y un monto de 65 millones de dólares para las naciones de Centroamérica: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; el plan también incluye a Haití y a la República Dominicana en la porción del paquete para Centroamérica.

Oficialmente, los objetivos perseguidos con toda la iniciativa son: la mejora en los programas de las agencias de seguridad de todos los países implicados en la vigilancia de su territorio, el equipamiento y activos para apoyar a las agencias de seguridad homólogas, la provisión de tecnología computarizada para fortalecer la coordinación de las fuerzas de seguridad e información entre Estados Unidos, México y los países del istmo centroamericano, y la provisión de tecnologías para aumentar la capacidad de recolección de inteligencia para propósitos de orden público.

Análisis

Por ejemplo, la analista política peruana, Ana Esther Cerceña cuestiona “¿son efectivamente las prioridades de México, de Centroamérica y de las islas del Caribe la lucha contra el narcotráfico? ¿Mejorarán las condiciones de vida de sus poblaciones por medio de esta nueva iniciativa de remilitarización?”.

Sin duda, para las autoridades estadounidenses, México y los países centroamericanos constituyen hoy la ruta principal por la que transita la cocaína colombiana con rumbo a Estados Unidos, calculándose que los narcotraficantes aztecas mueven unos 25.000 millones de dólares al año, con poderosos cárteles (el de Sinaloa, el de Juárez, el de Tijuana y el del Golfo) que, según funcionarios mexicanos, importan al año unas 2.000 armas de fuego de última tecnología habiéndose constituido ya en un pequeño poder militar con 100.000 personas implicadas, mientras que en los países centroamericanos los grupos dedicados al trasiego de drogas ilícitas también son un pequeño Estado dentro del Estado aportando, según estimaciones confiables, alrededor de un tercio de las economías locales (la proliferación de centros comerciales de lujo, condominios de alta categoría y torres que no tienen nada que envidiar a las de Miami o Atlanta no deja de sorprender en uno de los lugares más pobres del continente).

Cerceña aseguró que no es un altruista interés por la salud integral de la población estadounidense lo que motiva estos planes, y asegura que “el petróleo mexicano, por ejemplo, cuyas reservas durarán no menos de 100 años con los descubrimientos en el Golfo de México, el agua dulce y la biodiversidad de las selvas tropicales de la región (la del Petén, por ejemplo, la segunda más grande de Latinoamérica), son motivos más fuertes que la salud de los narcodependientes en suelo propio”.

Diversos analistas políticos y activistas del campo popular advierten que estos planes antinarcóticos se ubican en el contexto de criminalización de las luchas sociales de la región.

“La “nueva sociedad de las Américas” preconizada por el nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no tiene mucho de novedosa: continúa con la dominación económica de siempre, tratados de libre comercio mediante, amparada en más y más sofisticadas operaciones militares, como la reactivación de la IV Flota o convenios de patrullaje conjunto con las fuerzas armadas de los distintos países de la región, siempre con los planes geoestratégicos de control continental –el Plan Colombia y ahora el Plan Mérida– como telón de fondo. El narcotráfico, en tal sentido, es la coartada perfecta”, resalta Cerceña al Diiario Digital Rebelión.