Minería, el punto de desacuerdo entre indígenas y gobierno de Ecuador

Fuente: Silvana Larrea (dpa)  | 08/07/2009

               

QUITO (dpa) ­- La nueva Constitución en Ecuador, aprobada en referéndum en septiembre de 2008 por una apabullante mayoría, estableció un derecho fundamental en favor de los indígenas: que serían consultados sobre planes de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables en sus tierras y que pudieran afectarles ambiental o culturalmente.

Con esto los indígenas sintieron que la "revolución ciudadana" liderada por el presidente Rafael Correa se empezaba a concretar para ellos en el reconocimiento de su posibilidad de decisión como nacionalidades y pueblos.

Ese enfoque constitucional satisfizo a los aborígenes, agrupados en su gran mayoría en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que apoyó en sus inicios a Correa. Pero en la actualidad la interpretación de ese precepto constitucional ha llevado a la organización, que esperaba protagonismo en el asunto, a la oposición.

El tema de la minería, a través de una ley aprobada a inicios de este año en la comisión legislativa de mayoría oficialista, se convirtió en el punto de desacuerdo y hasta de enfrentamiento político, legal y constitucional entre indígenas y gobierno.

Intervinieron voces como la de la ex asambleísta y ex candidata presidencial Martha Roldós, para defender el derecho indígena a ser consultados y a resolver. No tuvo eco y lo lamenta pues está convencida: "La ley viola el espíritu y algunos conceptos constitucionales".

A su vez, el presidente de la CONAIE, el amazónico Marlon Santi, sostiene: "Las empresas mineras en fases de exploración y explotación no explican cuál va a ser el impacto ambiental. En la cordillera del Cóndor (en el sur de Ecuador) hay seis nacimientos de ríos importantes que van al Amazonas y nada se dice".

Denuncia además que "desde las petroleras hasta las mineras y las que explotan maderas se han especializado en fracturar movimientos, organizaciones, en comprar líderes, hay una especialización de antropólogos específicamente que hacen ese trabajo".

Creyeron los indígenas que con la nueva Constitución eso terminaría y están defraudados.

Correa ha sido enfático. "El derecho de unos pocos no afectará al derecho de todos", dijo, y más aún: "los radicalismos en el sentido de no explotar recursos mineros no serán admitidos".

Cifras oficiales estiman que el potencial minero de Ecuador es de 210.000 millones de dólares, equivalente a casi diez años de presupuesto fiscal. Y esa vertiente de financiamiento debe ser aprovechada, según el mandatario.

En cambio los indígenas creen que la Constitución ha sido violentada a favor de las concesiones mineras y la explotación de los recursos no renovables sin respeto a territorios indígenas.

La ley establece, por ejemplo, libertad para prospecciones en busca de sustancias minerales, salvo en áreas protegidas, arqueológicas u otras pero no dice nada sobre el tema indígena. Asimismo, establece como requisito para la explotación obtener licencias ambientales, pero no autorización de las comunidades.

Hay un hecho cierto: la CONAIE, como los demás sectores organizados de Ecuador, ha perdido espacio político e institucional y también iniciativa.

El sociólogo Pablo Albán señala que dentro del propio movimiento indígena hay líneas diferentes: la de la dirigencia, liderada por Santi, se va por la burocratización del movimiento y su ingreso al manejo de entidades gubernamentales a pesar de no estar de acuerdo con el gobierno, mientras la otra vertiente, presidida por Pedro de la Cruz, llama a luchar por una Ley de Soberanía Alimentaria, el reconocimiento de la plurinacionalidad, la redistribución de la tierra y el agua y el establecimiento de líneas de crédito y comercialización para el pequeño productor.

Santi, en la oposición con el tema minero y de defensa de la Constitución, y De la Cruz apoyando al gobierno y con otras percepciones, no encuentran puntos de consenso.

La ex secretaria del Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador (CODENPE), Lourdes Tibán, es dura en sus críticas al Ejecutivo: "No estoy de acuerdo con que en mayo del año anterior Correa le haya dedicado una canción al movimiento indígena del país: 'que se vayan que se vayan...' y nos fuimos todos, no somos cuatro pelagatos como él nos calificó, ofendiendo de esa manera a los 33 pueblos y nacionalidades indígenas del país".

"Debemos tener posiciones claras y no permitir que el presidente diga que los indios son dos pelagatos, que son criminales, que son disfrazados", añadió la dirigente.

En cambio, en un sector más reducido de la organización indígena, hay esperanzas. De la Cruz plantea: "Esperamos que en esta etapa se radicalice (el proceso de revolución ciudadana impulsado por Correa)". No importa si la Constitución se cumple o no.