Golpistas hondureños quieren a Zelaya en los tribunales

Fuente: elpais.cr  | 19/07/2009

               

San José (elpais.cr) -  El régimen golpista de Honduras rechazó de plano el retorno a su cargo de Presidente Constitucional, Manuel Zelaya Rosales, y lo quiere de regreso para que enfrente juicios en los tribunales de justicia.

Un documento, entregado por el canciller golpista, Carlos Flores, frente a la casa del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, reitera “el retorno a Honduras del peticionario Zelaya  con las garantías necesarias para que pueda ejercer su derecho al debido proceso  ante los órganos jurisdiccionales competentes del poder judicial”.

El comunicado de siete puntos contempla en segundo lugar “el afianzamiento del orden democrático y de respeto de la separación de poderes para lo cual se conformaría un gobierno de unidad y reconciliación nacional, compuesto por miembros de los partidos políticos y los sectores sociales, conforme a requisitos de capacidad, mérito, idoneidad, y ética que defiende la soberanía nacional y que combate el narcotráfico”.

“Tercero, la garantía de la vigencia efectiva del estado de derecho y el rechazo de la corrupción y de la impunidad, asegurando igualmente el respeto de la profesionalidad de la policía nacional, cuya rotación deberá sujetarse estrictamente a lo que prescribe su legislación especial”.

“Consecuentes con lo anterior deben preservarse la integridad de los fondos públicos y devolverse aquellos que hubieren sido sustraídos y utilizados ilegalmente”, explica el comunicado de López, líder de la delegación golpista en las conversaciones de San José.

Añadió que “con ese mismo propósito debe respetarse el presupuesto nacional aprobado por el congreso nacional recientemente”.

Como cuarto punto, señala que “la constitución de una comisión de la verdad que para el pueblo hondureño y la comunidad internacional, identifique todos los actos, hechos evidentes y notorios que condujeron a la actual situación, en el periodo previo al 28 de junio en esa fecha y con posterioridad a la misma”.

“Quinto, la posibilidad de adelantar las elecciones nacionales ya convocadas, de acuerdo con lo que disponga el Tribunal supremo electoral y en consulta con los candidatos presidenciales”.

Agregó el documento en su punto sexto, “la puesta de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional bajo el mando del Tribunal Supremo Electoral, cuatro meses antes de las elecciones, para efectos de garantizar la transparencia, libertad y  normalidad del proceso electoral que es asunto prioritario de seguridad nacional, conforme a la Constitución de la República de Honduras y la Ley Electoral y de las organizaciones políticas”.

“La profesionalidad y funciones de las Fuerzas Armadas deberá respetarse y asegurarse conforme lo dispone expresamente la constitución de la república, y toda rotroacción deberá apegarse estrictamente al cumplimiento a los establecido en la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas”, agregó la delegación golpista.

Como séptimo punto propone “la integración de una comisión de verificación compuesta por hondureños notables que vigile el cumplimiento de estos acuerdos e informe periódicamente al pueblo hondureño y a la comunidad internacional”.

Sobre el particular, Arturo Corrales, empresario y asesor político del presidente golpista Roberto Micheletti, dijo que el retorno del Presidente Constitucional Zelaya no está en discusión, él deberá seguir un proceso judicial en los tribunales de Justicia.

Entre tanto, otro documento presentado por los golpistas por intermedio de  Carlos López Contreras, canciller golpista, precisa que  “ambas Partes se comprometen a garantizar la seguridad física de la otra en cualquier escenario”.

“Ambas partes se comprometen, por un término de seis meses, a un moratorio en lo que respecta a tomar cualquier acción legal en contra del otro por acciones llevadas a cabo antes del 1ero de Julio de 2009”, sostiene.

“Ambas partes se comprometen a retomar su compromiso con la Constitución y las leyes de Honduras, así como a someterse a la autoridad otorgada por la Constitución a las instituciones gubernamentales”.

“Ambas partes expresan su remordimiento sobre la pérdida de confianza del pueblo de Honduras en la Constitución y en el Gobierno ocasionada por los recientes eventos y juran que se empeñarán en reconstruir esa confianza a través de la transparencia”.

“Ambas partes se comprometen al cumplimiento fidedigno del actual calendario para las elecciones generales este Noviembre y juran permitir que las preparaciones procedan libres de cualquier interferencia y/o manipulación”.

“Ambas partes se comprometen a no incurrir por el término de un año en cualquier intento de suspender, alterar o llevar a cabo cualquier consulta a nivel nacional en referencia a la Constitución de la República”.

“Ambas partes le dan la bienvenida a la OEA para la formación de una comisión temporaria que provea consultoría técnica sobre la implementación de este acuerdo y las preparaciones para las elecciones generales”.

“Ambas partes acuerdan establecer una Comisión de la Verdad con metas bien definidas, cuyos miembros serán elegidos y aceptados por todas las partes interesadas”.
 
“Bajo estas solemnes condiciones, ambas partes se comprometen a la restauración en forma pacífica del Presidente Manuel “Mel” Zelaya Rosales por el período que resta de su cargo”, lo que contradice la nueva declaración de siete puntos expresada por la misma delegación golpista.

Destacó también que “ambas partes, en conjunto, se reunirán formalmente, tan pronto como sea posible, con el Congreso Nacional y la Corte Suprema de la República de Honduras para revisar, explicar y asegurar ele consenso del Poder Legislativo y el Poder Judicial a las condiciones acordadas”.

“Ambas partes acuerdan ordenar conjuntamente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional (las fuerzas de seguridad) a que desistan y eviten arrestos arbitrarios, y cualquier violación a la libertad de las personas, a la libertad de expresión, a la libertad de movimiento, y a cualquier otra libertad democrática garantizada por la Constitución de la República”.

“FFAA y Policía obligados a cumplir funciones constitucionales y pasan a jurisdicción del TSE. Las actuales autoridades se les garantizan estabilidad en sus mandos”.

“Ambas partes se abstendrán de promover o alentar o promover demostraciones en contra del proceso electoral o que promuevan insurrección, desobediencia civil, conducta ilegal o cualquier que conduzca a violencia o violación de la Ley”.

“Respetar presupuesto aprobado en Congreso.  Verificación de acuerdos con representación amplia”, concluye el documento de la representación del régimen hondureño de facto.