Aumenta indignación por “alcahuatería” de Chinchilla en caso de faltas a la ética

San José, 2 jul (Elpais.cr) – La indiferencia de la presidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, ante los cuestionamientos éticos a altos funcionarios de su gobierno, ha desatado una ola de protestas en redes sociales, que insisten en la destitución de los involucrados. 

El jueves anterior la Procuraduría de la Ética, remitió un informe a la presidenta Chinchilla donde se establece que el ministro de Educación, Leonardo Garnier y el vice presidente Luis Liberman, cometieron faltas éticas al firmar cartas de recomendación para la empresa Procesos que participaba en un concurso en RECOPE.

Procesos es una empresa consultora, propiedad de la Ex asesora de Chinchilla, Florisabel Rodríguez, esposa del ex ministro de Hacienda, Fernando Herrero.

Ante los cuestionamientos, Chinchilla aseguró que respetaba el informe pero no lo compartía, dejando inmune el accionar de sus subalternos.

En los últimos días cientos de costarricenses han inundado las redes sociales en reproche a la actitud de Chinchilla, una de las páginas que han surgido por el tema aparece en la red Facebook y bajo el nombre “No a la corrupción en Costa Rica”, pretende convocar a una marcha el próximo jueves 5 de julio.

En este sitio se protesta por “la corrupción política en el gobierno de Laura Chinchilla”, pidiendo la destitución de Leonardo Garnier y Luis Liberman” además se le pide a la Fiscalía General “procesar a Oscar Arias Sánchez por caso Crucitas y Rodrigo Arias por caso BCIE”.

En otras acciones, para este lunes, está programada una reunión entre los partidos políticos de oposición para discutir acciones a seguir para exigir la renuncia de los funcionarios cuestionados.

En esta reunión participaren los presidentes de Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana, Frente Amplio, entre otros.

El sábado anterior, Chinchilla lanzó más fuego a quienes demandan la destitución o renuncia de Liberman  y Garnier, al decir que apelará a normativas más drásticas en relación con la redacción de cartas de recomendación, por parte de funcionarios, para evitar que estos queden a merced de las interpretaciones.

La mandataria aseguró que hay una supuesta “confusión” en el marco jurídico que regula las cartas de recomendación,  por lo que emitirá una normativa más clara, pero defendió la permanencia en su Gobierno de los funcionarios cuestionados.